Política y Normativa
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Ley de Regulación de la Eutanasia
Hay una preocupación entre los miembros de las comisiones de Garantía y Evaluación de la Eutanasia de las comunidades autónomas que quedó reflejada en el último encuentro de estos profesionales, que tuvo lugar en la Escuela Andaluza de Salud Pública, en Granada, a finales de abril. Esta inquietud surge por las posibles demandas judiciales de terceros contra miembros de las comisiones de Eutanasia.
El temor se basa en la experiencia. Y es que, en estos cinco años que lleva la Ley de Regulación de la Eutanasia (LORE) en vigor -que se cumplen hoy, 25 de junio- ha habido un proceso de adaptación de la norma, con sus necesarios ajustes. Muchos de estos ajustes han estado asociados al caso de Noelia, la joven catalana que tuvo paralizada su eutanasia en los tribunales por el recurso de su padre.
Cuando las barbas de tu vecino...
Abogados Cristianos, la asociación ultracatólica que ha asistido al padre de Noelia en todo el proceso contra la autorización de la prestación sanitaria, -que se realizó el 26 de marzo- mantiene abiertas causas judiciales, que están obligando a reflexionar sobre el contexto en el que se desarrolla la LORE. Ya ocurrió con el pronunciamiento del Tribunal Supremo, que aclaró quién está legitimado para recurrir las resoluciones de la eutanasia y, ahora, queda por ver qué pasa con los recursos presentados contra la actuación de los miembros de las comisiones.
Según apuntó a este medio Pablo Jarque, abogado de la asociación ultracatólica, el Tribunal de Instrucción número 20 de Cataluña lleva desde noviembre de 2025 investigando el recurso que han presentado contra los dos profesionales que formaron la dupla de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia de Cataluña, formada por un jurista y una médica, que fue la encargada de elaborar el informe favorable a la petición de eutanasia de Noelia. Les acusan de prevaricación administrativa y falsedad en documento público.
"Fingieron desacuerdo en la decisión sobre la eutanasia de la joven para elevar el caso al pleno de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia de Cataluña", explica Jarque.
¿Cómo está este proceso judicial? Pues, tanto desde el gabinete de comunicación del TSJ de Cataluña como desde Abogados Cristianos, han respondido a este medio que no hay novedades, por ahora.
¿Un seguro 'ad hoc' o vale lo que hay?
Pero más allá de las resoluciones judiciales en las que derive la reclamación a la dupla de la Comisión de Cataluña, ya podemos ver una consecuencia clara de este paso judicial, y es que los miembros de las comisiones quieren estar bien cubiertos ante reclamaciones que van contra su actuación.
Es decir, piden estar asegurados.
El run-run se escucha en el sector asegurador, en los servicios jurídicos de las consejerías de Sanidad y en los despachos de abogados de RC sanitaria y seguros.
"La cuestión no está nada clara", resume Susana López Altuna, letrada del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza. Las dudas surgen porque hay miembros de estas comisiones cuya actuación sí estaría cubierta por el seguro de RC sanitaria que tiene contratada la Administración sanitaria, que puede ser la Consejería de Sanidad o el servicio sanitario autonómico, según defiende López Altuna, porque son funcionarios o estatutarios. "Si la póliza de la Administración no excluye estas actuaciones, se entiende que están incluidas", advierte la letrada, vocal de la Asociación Juristas de la Salud.
Pero si los miembros de las comisiones que son funcionarios pueden defender esa cobertura del seguro público, es más difícil de encajar este argumento para los profesionales que forman parte de estas comisiones, pero sin ser funcionarios... Y estos perfiles tienen cabida en estos órganos de decisión de la eutanasia, porque así lo ha querido la regulación.
El actuario de seguros Ignacio Boj, socio-director del Despacho MBE Legal, admite las dudas que pueda generar esta cuestión pero, bajo su criterio y experiencia en pólizas de RC sanitaria pública, afirman que el seguro de la Administración sanitaria debe cubrir la actuación de estos profesionales, dentro de una Comisión que depende de manera orgánica de la Consejería de Sanidad de cada autonomía, como regla general.
Francesc Jose María, abogado, miembro de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia y director del Consorcio de Salut i Social de Catalunya, considera "absolutamente necesaria la cobertura de la responsabilidad civil y de la defensa penal de los miembros de las comisiones, en particular de los que no son funcionarios".
"Es absolutamente necesaria esa cobertura mediante una póliza de seguro ad hoc, visto cómo se las gasta la ultraderecha (en alusión al recurso presentado por Abogados Cristianos)", reitera José María.
Andalucía es pionera
En este escenario, donde persisten dudas en relación a si estos profesionales de las comisiones están ya asegurados o no con pólizas sanitarias públicas, la Junta de Andalucía ha dado un paso al frente, contratando un seguro de RC sanitaria específico para los miembros de su comisión de la eutanasia, que, por cierto, está presidida por el médico y expresidente de la Organización Médica Colegial, Serafín Romero.
"Desde el mes de noviembre de 2022, la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, como tomador del seguro, tiene suscrita una póliza que cubre a todos y cada uno de los miembros de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia de Andalucía, en el desempeño de las funciones legalmente encomendadas de acuerdo a la legislación vigente", explica la vicepresidenta de la Comisión de la Eutanasia andaluza, Aurora Puche Aguilera, a Diario Médico.
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La composición de la comisión de la eutanasia de Andalucía es "multidisciplinar", como ocurre con el resto. Y esto significa que en ella participan "p
Los miembros de las comisiones de Garantía y Evaluación de la Eutanasia buscan cobertura en casos de demandas por sus intervenciones en resoluciones de eutanasia.
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Soledad Valle
Profesión
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