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Temas por Soledad Valle

"Esto era algo previsible", dice Julián Domínguez, jefe de preventiva del Hospital de Ceuta

Archivado: agosto 1, 2026, 1:52pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Ceuta

"Era algo previsible, pues llevábamos semanas observando incrementos progresivos en la llegada de inmigrantes". Julián Domínguez, jefe de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Ceuta, parte de esta aclaración para explicar cómo ha vivido estos días en los que la ciudad autónoma de Ceuta ha recibido la llegada de alrededor de 50.000 personas, que cruzaron de manera irregular la frontera con Marruecos, durante la jornada del jueves, 30 de julio.

"Los gendarmes y fuerzas auxiliares marroquíes ordenaban a sus nacionales que entraran al agua, impidiéndoles acceder al otro lado de la frontera por tierra. Mientras tanto, expulsaban de forma violenta a los subsaharianos que también querían pasar", afirma el facultativo, testigo de lo sucedido.

Domínguez ha vivido dos días de vértigo y este sábado confiesa que la ciudad "está recuperando la normalidad poco a poco" y se "busca a los que todavía permanecen de manera irregular para devolverlos a Marruecos".

También estuvo en primera línea de la asistencia sanitaria urgente en la avalancha de inmigrantes que recibió la ciudad autónoma en mayo de 2021, pero aclara que "esta situación ha sido mucho peor". "El número de personas que han entrado es cuatro veces mayor [en mayo de 2021 se calculó el ingreso de 10.000 personas], las calles han estado llenas de inmigrantes".

Ceuta tiene una población de 83.595 habitantes (INE, 2025), que viven en 18,5 kilómetros cuadrados.

Motivo de atención de urgencia

La última cifra de marroquís fallecidos en el intento de llegar a Ceuta es de 67 personas. Domínguez da fe de cómo han puesto en juego su vida muchas de estas personas, atendiendo a "ahogamientos, heridas profundas, cortes, traumatismos, fracturas de extremidades inferiores, numerosas luxaciones de hombro, control de embarazos, descompensaciones diabéticas, enfermos crónicos con necesidad de medicación vital...".

Crisis sanitaria en Ceuta ante avalancha migratoria: sindicatos médicos y OMC advierten de que llueve sobre mojado, El mapa MIR de Familia refleja la brecha entre territorios atractivos y provincias en riesgo, La avalancha de inmigrantes ocurrida en Ceuta deja lecciones epidemiológicas y población flotante La necesidad de asistencia sanitaria ha empezado "a disminuir" y los casos atendidos también "están bajando, por el menor número de personas, aunque e El jefe de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Ceuta, Julián Domínguez, explica cómo ha sido la asistencia a la avalancha de inmigrantes ocurrida este jueves. Off Soledad Valle Profesión Política y Normativa Off

Enlace permanente para 'El Constitucional exige al Ministerio Fiscal una asistencia "efectiva" en internamientos psiquiátricos involuntarios'

El Constitucional exige al Ministerio Fiscal una asistencia "efectiva" en internamientos psiquiátricos involuntarios

Archivado: julio 30, 2026, 2:13pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional acaba de dictar una sentencia que añade más leña al fuego que arde cuestionando cómo se están decidiendo y ejecutando los internamientos forzosos en Psiquiatría. Y, más concretamente, si se están cumpliendo las garantías fundamentales del paciente, entre ellas, la derivada de una asistencia jurídica.

Por este motivo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España y Belén González, comisionada de Salud Mental del Ministerio de Sanidad, pide a los juristas cumplir con su papel en este proceso y no avalar ciegamente el informe de Psiquiatría, como se pudo escuchar en el último Congreso anual de Juristas de la Salud, celebrado en Santander.

Internamiento forzoso

Pues bien, en este contexto, el Tribunal Constitucional acaba de dictar una sentencia en la que reconoce que no se respetó el derecho de un paciente, ingresado en Psiquiatría en contra de su voluntad, y ha anulado los autos judiciales que respaldaron la decisión médica.

El Tribunal ha estimado el recurso de amparo presentado por el paciente y por su hermana, que era su "guardadora de hecho", contra la decisión de internamiento psiquiátrico, pues esta incurrió en "una vulneración del derecho fundamental a la libertad personal, recogido en el artículo 17.1 de la Constitución Española".

La necesidad de cumplir con las garantías procesales, en un contexto de salud mental, sale reforzada con esta resolución -por si había alguna duda-, donde los magistrados del Constitucional se muestran muy críticos con el papel desempeñado por el Ministerio Fiscal, que debía ejercer la asistencia jurídica del paciente así como con la falta de información al paciente y a su entorno. En estos aspectos clave se basa la sentencia.

Sobre la actuación del Ministerio Fiscal, el fallo explica que aunque fue designado para la defensa del paciente, su intervención se limitó a "un mero escrito de alegaciones apoyando la autorización de internamiento redactado y sin establecer ningún contacto directo con el demandante o su entorno familiar". En definitiva, la Fiscalía se limitó a realizar una "mera formalidad carente de contenido material y sustantivo mínimo".

Por otro lado, el órgano judicial no propició la participación de la hermana del paciente, que era su guardadora de hecho y su apoyo informal, a quien no se le informó de la situación.

Cronología de los hechos

Los hechos juzgados se remontan a septiembre de 2024, cuando el paciente entró de urgencia en un hospital de Santiago de Compostela por motivos de salud mental. Al tratarse de un ingreso forzoso, el equipo sanitario del centro se puso en contacto con el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santiago para recabar la obligada ratificación judicial del ingreso.

Como parte del proceso de ratificación, hubo una audiencia en la que participó la jueza y el médico forense, y donde se informó al paciente de su derecho a designar representación y defensa jurídica. Pero, dado "el estado psicopatológico del enfermo", la jueza y el médico dejaron por escrito que el paciente no podía "ni comprender el ofrecimiento ni articular respuesta", de modo que el Ministerio Fiscal asumió la defensa del enfermo, aunque no estuvo presente en la comparecencia, donde se terminó avalando el ingreso.

González Sanz (fiscal): "Hay 50 internamientos forzosos al día en Madrid", El TEDH condena a España por violar derechos del paciente en un ingreso forzoso, Fiscalía fija límites a las contenciones mecánicas y farmacológicas en geriatría y psiquiatría , Sanidad 'abre el melón' de los internamientos forzosos y Psiquiatría Legal analiza su alcance Paralelamente, el mismo día, la hermana del afectado, que fue quien alertó a los servicios del 061 sobre la conducta errática del paciente, se personó El Tribunal Constitucional ha anulado el internamiento forzoso de un paciente con una enfermedad mental, porque no se cumplieron las garantías constitucionales. Off Soledad Valle Psiquiatría Profesión Política y Normativa Off

Zaragoza será la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública

Archivado: julio 28, 2026, 11:20am UTC por Soledad Valle

Profesión soledadvalle Consejo de Ministros

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha confirmado, en su comparecencia tras el último Consejo de Ministros antes de la parada estival, de este martes, 28 de julio, que Zaragoza será la sede de la nueva Agencia Estatal de Salud Pública, en la línea con el esfuerzo de repartir el poder entre todo el territorio, "en un proceso de desconcentración", según ha apuntado.

En una intervención anunciada como un repaso de la legislatura, pero que Sánchez presentó como su habitual revisión semestral, el presidente se ha referido al aumento en la oferta pública de plazas para la formación sanitaria especializada (MIR, FIR y EIR), que se han conocido en estos días, y que son 500 plazas más que las presentadas en la última convocatoria.

"Sabemos que necesitamos más profesionales sanitarios y vamos a continuar aumentando estas plazas", ha asegurado.

También ha recordado que, durante su gobierno, se ha pasado de disponer de siete pruebas de cribados de enfermedades para neonatos a veintitrés. Mientras, los principales cribados de cáncer se han extendido hasta la población de 75 años, cuando estaba en las personas de 45 años, ha recordado.

El Plan Veo sigue siendo una apuesta del gobierno, y a este ha hecho referencia el presidente en su comparecencia al informar que "360.000 menores se han beneficiado de la ayuda de 100 euros del plan para adquirir gafas o lentillas". Y ha anunciado una nueva edición de esta medida con una dotación de más de 24 millones de euros.

El Gobierno inicia el proceso para determinar la sede física de la Agencia Estatal de Salud Pública , Zaragoza cuenta con el apoyo de la farmacia como posible sede de la Aesap, Esta es la oferta completa de plazas MIR 2027 aprobada por la Comisión de RRHH Sánchez comenzó su comparecencia de esta mañana de martes, acordándose de los incendios activos en España, que aseguró son ocho y advirtiendo: "Nos es Así lo ha comunicado Pedro Sánchez en su comparecencia tras el último Consejo de Ministros antes del parón estival, en una intervención donde ha hecho balance de su legislatura. Off Soledad Valle Farmacia Comunitaria Profesión Política y Normativa Off

"El cáncer del igualitarismo": por qué la evaluación y la autonomía son claves para gestionar el SNS

Archivado: julio 11, 2026, 6:00am UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Sistema Nacional de Salud

El foco está puesto en el capital humano del Sistema Nacional de Salud (SNS): los profesionales. Con una reforma del Estatuto Marco que no convence a los afectados, los debates en torno a la idea de que es necesaria una reforma profunda en la selección de personal del SNS y que, además, debe hacerse sin más demora cobran cada vez más fuerza.

"La situación es bochornosa y preocupante", adelantó, sin paliativos, Ricard Meneu, médico especialista en Medicina y Salud Pública y vicepresidente de la Fundación Instituto de Investigación en Servicios de Salud de Valencia, en la última sesión de los seminarios online de la Fundación Funcas sobre economía y política de salud, que se celebró este miércoles, 8 de julio, bajo el título Reclutamiento, selección y retención de profesionales sanitarios en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Meneu, con una dilatada obra publicada sobre la gestión de recursos humanos en el SNS, explicó las debilidades que, a su juicio, tiene el SNS, pero no se quedó ahí y adelantó soluciones. Partió de recordar que el personal sanitario representa el 46% del presupuesto de la sanidad pública y posee "una de las formaciones intelectuales más elevadas del país, un activo que debería ser cuidadosamente gestionado".

Sobre el reclutamiento, Meneu criticó la pasividad del sistema, que "no es proactivo para buscar profesionales". Es decir, que el sistema realmente no recluta, pues en lugar de identificar y captar talento, solo publica ofertas, dejando la elección del puesto en manos del aspirante: "quien selecciona el puesto es el aspirante".

Aludió a épocas pasadas en las que la abundancia de profesionales hacía que no fuera una preocupación el reclutamiento. Recordó que, cuando él entró el sistema hace más de 40 años, en una convocatoria de médicos, "había 13.000 aspirantes para 120 plazas", una realidad muy distinta de la actual.

La madre de todos los problemas

Según Meneu, la selección es "la madre de todos nuestros problemas". Argumentó que cualquier manual de gestión de personal establece dos objetivos: seleccionar a los más aptos y colocar a cada uno en el puesto más adecuado. Sin embargo, los procesos masivos actuales -y apuntó de manera directa a los procesos de estabilización de empleo de los últimos años-, lejos de buscar la adecuación entre profesional y puesto, "se basan en criterios como el tiempo trabajado, doctorados o segundas carreras que a menudo son irrelevantes para la función específica", una situación que describió de forma "irónica". Por lo tanto, el sistema, que es lo mismo que decir las administraciones "carecen de herramientas para seleccionar al personal más idóneo para un lugar específico".

Estas debilidades denunciadas por el experto ya se pusieron de manifiesto en el informe de la Comisión Parlamentaria para la Reconstrucción Social y Económica, que se puso en marcha tras la covid-19 y cuyas recomendaciones, alabadas por los sabios en las distintas materias, han sido ignoradas por todos los niveles de Gobierno. En dicho informe se denunció "un sistema de dilatados y conflictivos concursos-oposiciones masivos y de periodicidad errática con correlato de empleo precario y arbitrariedad local en las coberturas temporales".

Otras dinámicas que ahondan en la imperfección del sistema tienen que ver con que "el 50% del personal en el SNS está en situación temporal o provisional" y con que "no hay una evaluación del desempeño".

"Jamás se valora a los profesionales sanitarios una vez tienen la plaza propiedad", una realidad que, según el experto, "contrasta con la de otros países, donde las recertificaciones y los procedimientos de evaluación son habituales para garantizar y actualizar las competencias".

Falta transparencia en la dirección hospitalaria: ¿Conoce los méritos de su gerente?, Los clínicos saben poco sobre el Espacio Europeo de Datos Sanitarios, con los riesgos que esto supone, ¿Qué seguro de responsabilidad profesional debe contratar si solo trabaja en la sanidad pública? Con este diagnóstico, ¿qué propuso el experto como solución? Para arrancar Meneu planteó hacer "una enorme evaluación del desempeño, no para empezar a Ricard Meneu y Carles Ramió intervienen en una jornada de la Fundación Funcas sobre los recursos humanos del SNS y cómo las cosas se pueden hacer mucho mejor. Off Soledad Valle Profesión Off

Los riesgos de una histeroscopia hay que informarlos por escrito: condena al Sermas por no hacerlo

Archivado: julio 7, 2026, 12:51pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Autonomía

Durante el juicio, no pudo demostrarse que las graves secuelas de la paciente fueran consecuencia de una mala ejecución de la histeroscopia, pero tampoco se encontró por ningún lado de su historia clínica el documento de consentimiento informado que debía haber firmado antes de someterse a la citada prueba diagnóstica.

En definitiva, la Sala Contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado al Servicio Madrileño de Salud (Sermas) y a su compañía aseguradora a indemnizar con 9.000 euros a una paciente que, tras una histeroscopia, sufrió importantes secuelas: una enfermedad pélvica inflamatoria, peritonitis, shock séptico, fallo multiorgánico y, finalmente, tras varias intervenciones quirúrgica, una histerectomía y una ovariectomía.

Por todo ello, la paciente reclamó en vía administrativa una indemnización de 230.736 euros, que fue desestimada parcialmente: el Sermas admitió la falta de consentimiento informado previo a la histeroscopia, pero defendió la buena praxis en la indicación y ejecución de la prueba diagnóstica. La sentencia del TSJ de Madrid confirma la resolución administrativa del Sermas y concede una indemnización a la paciente exclusivamente por esa falta de información por escrito sobre los riesgos de la prueba diagnóstica, con la misma cuantía ya admitida por el Sermas: 9.000 euros.

Los datos clínicos del caso arrancan cuando la paciente acudió a consulta de Ginecología en el Hospital Universitario de La Paz, en octubre de 2021. Tras una ecografía transvaginal, le prescribieron una mamografía y una histeroscopia, para descartar pólipos y miomas. Entonces, la paciente fue informada verbalmente de que la prueba ginecológica iba a ser ambulatoria, que no duraría más de 30 minutos y que no le advirtieron de ningún riesgo asociado a una prueba ginecológica que, a priori, es sencilla, todo ello de acuerdo con la declaración que ofreció la reclamante en el juicio.

Grave riesgo vital

El 13 de diciembre de 2021, se realizó la histeroscopia y, días después, la paciente empezó a sentir molestias. Desarrolló una enfermedad pélvica inflamatoria (EPI), que evolucionó a peritonitis con grave riesgo vital. Necesitó tres intervenciones quirúrgicas para, finalmente, someterse a una histerectomía y ovariectomía bilateral.

En su reclamación, la paciente defendió que la enfermedad pélvica inflamatoria fue consecuencia directa de una mala praxis en la ejecución de la histeroscopia, porque le perforaron el útero. Sin embargo, en el juicio prevaleció la versión de que no hubo perforación uterina y que la EPI fue una infección secundaria a un germen (staphylococcus lugdunensis) que fue diagnosticada y tratada correctamente, pues se logró salvar la vida de la paciente.

Tanto el informe de la perito de la compañía aseguradora como el testimonio de la jefa de Ginecología reforzaron la idea final de que "la perforación uterina fue solo una sospecha del TAC, no confirmada". También el informe de la Inspección Sanitaria coincide en señalar que la patología no se relaciona con la histeroscopia y avala la actuación sanitaria para resolver una patología, la EPI, diagnosticada a tiempo y que llegó a comprometer la vida de la paciente.

Condena por agredir a una médica y a un auxiliar de enfermería del Hospital de Jove, Cristina, de la primera promoción de Medicina Legal vía MIR, explica: "Veo más vivos que muertos", La paciente falleció sin registro de la actuación sanitaria y la Administración admite la mala praxis La sentencia del TSJ de Madrid recuerda que la jurisprudencia señala que la responsabilidad patrimonial en asistencia sanitaria se basa en el criterio Esta ausencia del documento firmado, en un procedimiento que requería el consentimiento por escrito, constituye una infracción del derecho a la información del paciente. Off Soledad Valle Profesión Ginecología y Obstetricia Off

Condena por agredir a una médica y a un auxiliar de enfermería del Hospital de Jove

Archivado: julio 6, 2026, 11:50am UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Agresión

La Audiencia Provincial de Asturias ha confirmado la condenado a una mujer por agredir a una médica y a un auxiliar de enfermería del Servicio de Urgencias del Hospital de Jove, de Gijón (Asturias) como autora de un delito de atentado contra la autoridad pública y de lesiones.

Las penas impuestas por el Tribunal de Instancia, y ahora ratificadas en apelación, son de ocho meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, en lo que respecta al delito de atentado. Adicionalmente, por el delito leve de lesiones, se le ha impuesto una multa de ciento ochenta euros, con la advertencia de quince días de arresto en caso de impago. Como parte de la reparación del daño, la condenada debe indemnizar al Sespas (Servicio de Salud del Principado de Asturias) con 185 euros y hacerse cargo de las costas procesales.

Los hechos juzgados se remontan al 16 de diciembre de 2021, cuando la paciente acudió al servicio de Urgencias del Hospital de Jove, y al no ser atendida cómo y cuándo quería, dio una patada al un carro con material de enfermería. A partir de ahí, la violencia de la paciente escaló y arremetió contra la médica que le llamó la atención, pidiéndole que se calmara, y luego contra el auxiliar de enfermería que acudió a ayudar a la facultativa, a quien le propinó un puñetazo.

En su recurso a la condena de instancia, la paciente alegó, entre otros motivos, una errónea valoración de la prueba y que había circunstancias modificativas que no se tuvieron en cuenta como la alteración mental y la legítima defensa.

Sin embargo, el tribunal considera que hay pruebas suficientes que avalan los daños sufridos por los sanitarios. En el caso del auxiliar de enfermería, la sentencia remite a lo que recoge el parte médico, aclarando que "la contusión facial en la región malar izquierda es perfectamente compatible con la agresión descrita por el afectado".

Otra agresión a una enfermera precedida por el intento de la paciente de grabarla, La Audiencia de Guadalajara obliga a un juzgado a investigar la agresión a una sanitaria, Una agresión, una baja y una larga espera judicial: "Me siento desprotegida" Respecto a la alteración mental alegada por la pciente, el Informe Médico Forense presentado en el juicio demostró que, si bien la paciente padecía un La Audiencia Provincial de Asturias ha confirmado los delitos de atentado y de lesiones acreditados en primera instancia y penados con ocho meses de prisión y de inhabilitación. Off Soledad Valle Medicina Urgencias Política y Normativa Profesión Off

Cristina, de la primera promoción de Medicina Legal vía MIR, explica: "Veo más vivos que muertos"

Archivado: julio 5, 2026, 5:59am UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Medicina Legal y Forense vía MIR

Termina casi ya, en agosto, su residencia en Medicina Legal y Forense a la que ha dedicado los cuatro últimos años de su vida. Cristina Sánchez es pionera, junto a siete colegas más, en hacer la formación en Medicina Legal y Forense vía MIR. Porque antes de 2022, cuando se ofertaron las primeras ocho plazas MIR, la Medicina Legal era una de esas especialidades llamadas "de escuela" y, por tanto, alejadas de los pasillos de los hospitales.

Cristina habla plenamente satisfecha de su formación MIR, en contacto con otros especialistas en el hospital, a los que su presencia no resultaba indiferente. En el Instituto de Medicina Legal de Murcia estaba "mimada" -admite- "porque era la novedad; en el primer año solo estaba yo como residente, y ahora somos cinco". Además, ese primer año estuvo, sobre todo, rotando por especialidades en el Hospital Reina Sofía de Murcia y en el Virgen de la Arrixaca. Allí escuchó las típicas bromas de otros médicos sobre su formación. Ya saben, la de "tus pacientes no te habla y no te molestan, ¡eh!", porque la idea generalizada es que en Medicina Legal y Forense se ven muertos y solo muertos. Pero no es así, Cristina aclara que su especialidad es de vivos y ha visto, durante su resi, más vivos que muertos.

Las plazas MIR ofertadas de esta especialidad han evolucionado desde su arranque, con ocho, hasta las 18 de la convocatoria MIR de este año 2026. Además, en esta última elección de plazas, a principio de año, Medicina Legal y Forense se terminó en el número de orden 6.885, mientras que el año pasado se agotó en el número de orden 7.331. Así que Medicina Legal y Forense gana interés: está muy viva.

Rotaciones por distintos servicios

"Durante los cuatro años he hecho rotaciones diferentes: el primero estuve en el hospital en distintos servicios, en el segundo año, en Psiquiatría Forense; en el tercer año en Patología y Toxicología y este último año en clínica", explica Cristina.

Así que en su cuarto año de residencia, la profesional ha dividido su tiempo entre la consulta de valoración del daño corporal y la Unidad de Valoración Forense Integral sobre Violencia de Género. Además de hacer guardias, cinco días al mes, más "los cursos que surjan y sesiones clínicas" y "actividades asociadas a la cátedra de Medicina Legal de la Universidad de Murcia". De todo este camino de formación, la residente destaca su dinamismo y diversidad: "Aquí no te aburres ningún día, porque no sabes qué te vas a encontrar".

Cristina nació en Mazarrón (Murcia) y vive en Murcia con sus dos hijas. La baja de maternidad de su pequeña le hizo retrasar su incorporación a la residencia, por eso, mientras sus colegas de promoción de Medicina Legal vía MIR terminaron en junio, a ella le quedan todavía unas semanas más.

Lo más duro de su residencia fueron los cuatro meses que pasó en el Instituto Nacional de Toxicología, en Madrid, una rotación obligatoria, como parte de la residencia, porque estuvo alejada de sus hijas. Reconoce que durante este camino de formación MIR en Medicina Legal se ha avanzado, en muchos casos, mediante el sistema clásico de "prueba y error". ¿Por ejemplo? "Nos dimos cuenta de que era mejor empezar a rotar en la consulta de Primaria antes de llegar al hospital".

Beneficios de la residencia

En todo caso destaca como punto positivo que la residencia "equipara Medicina Legal y Forense al resto de especialidades, además de fomentar la docencia y la investigación y alcanzar una formación reglada con unos objetivos comunes para todos los especialistas".

Eduardo Osuna es catedrático de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Murcia y vocal de la Asociación de Juristas de la Salud. Conoce a Cristina, pues trabaja mano a mano con su tutor en la Universidad, y tiene clara las ventajas de la vía MIR en la formación de esta especialidad. "La incorporación de la Medicina Legal y Forense a la vía MIR ha supuesto su reconocimiento como especialidad médica, dotada de un contenido específico del que se beneficia la administración de justicia, el resto de las especialidades médicas y la sociedad en general".

Sanidad publicará "próximamente" el nuevo programa oficial del MIR de Medicina Legal y Forense, Andrés Santiago: "¿Qué hacen los hospitales sin Medicina Legal? Pues me preguntan a mí", Nuevo MIR de Medicina Legal y Forense: 4 años de formación y previsión máxima de 10 plazas al año Durante este período formativo, el catedrático considera que "se incrementa la perspectiva clínica de estos profesionales al rotar por numerosos servi Los primeros residentes en Medicina Legal y Forense vía MIR terminan este año y el catedrático Eduardo Osuna propone trabajar en la mejora de sus salidas laborales. Off Soledad Valle Medicina Legal y Forense Psiquiatría Off

Esther Rubio quiere una nueva votación en el Icomem con dos candidaturas: la de Sellés y la suya

Archivado: julio 1, 2026, 11:51am UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Icomem

La sentencia del Tribunal de Instancia de Madrid número 18 ha vuelto a sacar a la luz la situación tan excepcional en la que está sumido el Colegio de Médicos de Madrid (Icomem) desde hace más de un año y medio. Con un presidente en funciones, Manuel Martínez-Sellés, después de haber sido el candidato menos votado en la elecciones del 17 de diciembre de 2024, en las que se declaró la victoria de Tomás Merina, como cabeza de lista de la candidatura Icomem para todos.

Sin embargo, Merina no llegó a tomar posesión de la presidencia del Icomem, porque la Comisión de Recursos Humanos, encargada de validar las candidaturas, resolvió que el facultativo no cumplía los requisitos exigidos para el cargo, al no estar en activo como médico. El afectado recurrió a los tribunales y la justicia acaba de avalar la decisión de la Comisión, confirmando que Merina no cumple con los requisitos para liderar una candidatura al Colegio.

Ahora, el líder de la lista Icomem para todos tiene 15 días para recurrir la decisión del tribunal, lo que prolongaría la parálisis que vive el Colegio de Médicos de Madrid. También puede no hacerlo y admitir la derrota judicial. Todavía no saben qué camino van a tomar, según confiesan miembros de su equipo a este diario.

En todo caso, en este tiempo de batalla dentro y fuera de los juzgados en torno a la presidencia del mayor colegio de médicos de España, ha habido una voz que no se ha oído, la de Esther Rubio, que encabezó una candidatura al Icomem y quedó segunda en la votación de diciembre de 2024.

Un proceso electoral que permanece abierto

Rubio, en una conversación con este medio, ha afirmado que la salida a la actual situación del Icomem pasaría por llamar a las urnas a los médicos madrileños para que elijan entre dos candidaturas: la de Martínez-Sellés y la suya. La lógica de esta solución es que el proceso electoral que se abrió en diciembre de 2024 no está cerrado ni anulado, pues la cuestión recurrida en los tribunales se ceñía a determinar si el cabeza de lista de una candidatura cumplía los requisitos exigidos. La decisión de la justicia, a juicio de la facultativa Esther Rubio, lleva a apartar la lista de Merina, en lo que respecta a su candidatura a la presidencia, pero la sentencia no anula el proceso,"ni la Junta Electoral puede anular el proceso iniciado en 2024 sin alegar alguna irregularidad y no ha habido irregularidades".

Sin embargo, otras voces interpretan que la confirmación judicial de que Tomás Merina no cumple con los requisitos para concurrir a las elecciones del Icomem no inhabilita a todos los facultativos que formaban su candidatura y, por tanto, a la candidatura.

"De los Estatutos vigentes del Icomem se puede deducir que, efectivamente, queda anulada toda la lista, pues la candidatura se configura como una lista cerrada, lo que hace que no se pueda conservar la candidatura sin ese candidato", razona Rubio con prudencia.

Tres candidatos se disputarán, por ahora, la Presidencia del Icomem, La Comisión de Recursos del Icomem anula la candidatura de Tomás Merina, Icomem: Merina pide amparo a la Comunidad de Madrid y a la OMC Y añade que "nuestros candidatos concurren sin suplentes, por lo que si cae el cabeza de lista, cae toda la candidatura". En todo caso, la pelota está La candidatura de Esther Rubio a las elecciones del Icomem, que se celebraron el 17 de diciembre de 2024, quedó segunda, con un 27% de apoyos. Off Soledad Valle Profesión Off

Falta transparencia en la dirección hospitalaria: ¿Conoce los méritos de su gerente?

Archivado: junio 30, 2026, 1:43pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Informe de la Fundación Gaspar Casal

Activismo científico, lo llaman, y en esta corriente se enmarca la labor de la Fundación Gaspar Casal y de su último informe: Hacia un Pacto de Estado por la Salud: Informe de Evaluación del Sistema Nacional de Salud, que se ha presentado este martes, 30 de junio, en la Fundación Rafael del Pino, con la presencia, entre otros, de Beatriz González López-Valcárcel, doctora en Economía y catedrática de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y Vicente Ortún, profesor Emérito del Departamento de Economía y Empresa de la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

Los dos reconocidos profesionales junto con Juan del Llano, director de la Fundación Gaspar Casal, han formado el consejo asesor de esta investigación, en la que se analiza el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud (SNS) entre 2015 y 2025, a partir de tres variables: el marco institucional, la gestión sanitaria y la ejecución presupuestaria.

Con el convencimiento de que "la evaluación es una herramienta fundamental para identificar fortalezas, reconocer debilidades y generar oportunidades de mejora", el informe pone de manifiesto varios aspectos con margen de mejora dentro del SNS en España. Seguro que algunos de estos puntos débiles le suenan a usted. Por ejemplo, en el ámbito institucional el trabajo detecta una "marcada reactividad normativa", con un uso predominante del Real Decreto-ley que ha ralentizado reformas estructurales críticas y mermado la capacidad de anticipación del sistema.

Sin embargo, es en la gestión sanitaria donde el informe arroja algunas de las conclusiones más preocupantes, evidenciando una fragilidad institucional que pone en riesgo la eficacia del capital humano. La evaluación de la función directiva hospitalaria, un pilar esencial para la gobernanza de un sistema descentralizado como el español, revela patrones alarmantes de inestabilidad y opacidad.

Hospitales analizados

Para llevar a cabo este diagnóstico, la Fundación Gaspar Casal empleó el Dedómetro, una herramienta desarrollada por la Fundación Hay Derecho, que mide el Índice de Mérito y Capacidad (IMC) de los gerentes hospitalarios a partir de información pública y verificable.

En el informe se analizaron 32 hospitales de alta complejidad, dos por cada comunidad autónoma, excepto en Navarra y La Rioja que fue de un centro hospitalario en cada una. En la investigación no se detalla los hospitales, en concreto, que fueron objeto de estudio, pues el objetivo declarado del trabajo no es señalar individualmente, sino "identificar tendencias estructurales sobre la madurez y autonomía institucional de los responsables".

El gasto en Sanidad por autonomías: ¿cuánto gasta cada comunidad? ¿quién gasta más?, López-Valcárcel: "Si las clases medias no usan la sanidad pública, ¿para qué van a pagarla?", La reforma de la LOPS, el reto de (re)ordenar competencias y un último desencuentro De modo que el hallazgo más contundente y generalizado del análisis es la "limitada accesibilidad a la información pública sobre los perfiles directiv La Fundación Gaspar Casal ha sacado a la luz esta debilidad de la gestión sanitaria en España, tras evaluar el desempeño del Sistema Nacional de Salud entre 2015 y 2025. Off Soledad Valle Medicina Familiar y Comunitaria Off

Los detonantes del brote de sarampión en Tenerife: adultos expuestos y un niño inglés sin vacunar

Archivado: junio 26, 2026, 11:48am UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Inmunización

El brote de sarampión declarado en Tenerife por la Consejería de Sanidad de Canarias esta semana ha afectado a cuatro personas, tres adultos y un niño. El origen de este contagio ha sido un menor inglés sin vacunar que estaba de vacaciones en la isla y ha tenido contacto con los afectados, que han sido un empleado del hotel, una sanitaria y una agente de las fuerzas de seguridad del Estado, según ha detallado el director general de Salud Pública de Canarias, José Díaz-Flores.

"Canarias, región turística con flujo internacional constante, paga hoy las consecuencias de la irresponsabilidad sanitaria que el movimiento antivacunas ha sembrado sistemáticamente en Europa con total impunidad", ha denunciado en el farmacéutico comunitario y asesor del Cabildo de Tenerife, Abián Mesa, en la red social LinkedIn.

Hay dos preguntas que vuelven a tomar fuerza con este brote de sarampión en Tenerife: ¿los contagiados adultos estaban sin vacunar? ¿qué resistencia existe a la vacunación en las consultas de pediatría en España?

Existe un alto riesgo de contagio de sarampión en España entre los nacidos en los años 78, 79 y 80, que no fueron vacunados", explica Jaime Pérez, presidente de la Asociación Española de Vacunología, y, por tanto, "es el grupo de población en el que se debe hacer más hincapié para que revisen su estado frente al sarampión".

Entre la triple vírica y el virus en circulación

El Ministerio de Sanidad en su documento de evaluación del riesgo de contagio de sarampión, con fecha de abril de 2026, "recomienda la vacunación a las personas nacidas en España a partir de 1978 que no tengan vacunación documentada, ni hayan padecido el sarampión", pues la vacuna de la triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis) se introdujo en 1981 y, por tanto, "muchos niños nacidos en los 70 no llegaron a recibir ninguna dosis o solo recibieron una dosis única, la cual no garantiza la inmunidad completa a largo plazo". En los estudios de seroprevalencia, los nacidos antes de 1978 "padecieron el sarampión y presentan inmunidad frente al mismo", admite Sanidad, pero como la circulación del virus descendió, los nacidos después de ese año y hasta 1981, cuando llegó la triple vírica, no padecieron la enfermedad y constituyen el colectivo con más riesgo de contagiarse.

Más de cuatro millones de personas (4.069.550 personas, según el INE) están en la franja de edad entre 45 y 49 años y, por tanto, representan el grueso del grupo más susceptible a ser contagiado por sarampión.

Lucía López Granados, vocal del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, recuerda que España este año ha perdido el estatus de país libre de sarampión. "Desde la AEV hemos adelantado la recomendación de suministrar la segunda dosis de la vacuna triple vírica a los 24 meses de edad. La lanzamos en el calendario de 2025, para reforzar la protección precoz de los niños, aumentar su protección y disminuir la bolsa de población susceptible de padecer el sarampión".

Además, la pediatra insiste en que "la mejor herramienta para evitar esos brotes es completar las dos dosis de la vacuna triple vírica". Y lanza una advertencia: "Aprovechad que estamos en periodo de vacaciones, para revisar que hemos completado el calendario de vacunación antes de viajar".

Casos en 2026: 90 contagiados, mínimo

En este 2026, hasta el 8 de marzo, el Ministerio de Sanidad ha registrado 86 casos confirmados de sarampión en su mayoría asociados a tres brotes declarados en Canarias, Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, a los que habrá que sumar, al menos, el de Tenerife declarado esta semana.

El brote de Canarias, con 51 casos confirmados, entre octubre de 2025 y febrero de 2026, afectó a Tenerife, La Palma y Gran Canaria. En la Comunidad de Madrid, el brote poblacional registró 27 casos declarados, a partir de la primera semana de 2026, con 12 casos asociados a varias cadenas de transmisión. Mientras en la Comunidad Valenciana se declaró un brote con más de 30 casos en varias empresas ubicadas en el mismo edificio, fundamentalmente entre adultos de 30 a 60 años.

El sarampión vuelve a ser endémico en España tras una década libre de transmisión, Diez casos en un brote de sarampión activo en el Garraf (Barcelona) , Sarampión en España: no hay que bajar la guardia porque el riesgo de contagio existe Desde la consulta de pediatría, López Granados transmite tranquilidad y recuerda que "en España las coberturas vacunales infantiles siguen siendo muy Lucía López Granados, del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, y Jaime Pérez, presidente de la Asociación Española de Pediatría, analizan el brote. Off Soledad Valle Microbiología y Enfermedades Infecciosas Enfermería Pediátrica Profesión Off

Cinco años de la LORE y los profesionales implicados piden más seguridad ante posibles demandas

Archivado: junio 25, 2026, 5:57am UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Ley de Regulación de la Eutanasia

Hay una preocupación entre los miembros de las comisiones de Garantía y Evaluación de la Eutanasia de las comunidades autónomas que quedó reflejada en el último encuentro de estos profesionales, que tuvo lugar en la Escuela Andaluza de Salud Pública, en Granada, a finales de abril. Esta inquietud surge por las posibles demandas judiciales de terceros contra miembros de las comisiones de Eutanasia.

El temor se basa en la experiencia. Y es que, en estos cinco años que lleva la Ley de Regulación de la Eutanasia (LORE) en vigor -que se cumplen hoy, 25 de junio- ha habido un proceso de adaptación de la norma, con sus necesarios ajustes. Muchos de estos ajustes han estado asociados al caso de Noelia, la joven catalana que tuvo paralizada su eutanasia en los tribunales por el recurso de su padre.

Cuando las barbas de tu vecino...

Abogados Cristianos, la asociación ultracatólica que ha asistido al padre de Noelia en todo el proceso contra la autorización de la prestación sanitaria, -que se realizó el 26 de marzo- mantiene abiertas causas judiciales, que están obligando a reflexionar sobre el contexto en el que se desarrolla la LORE. Ya ocurrió con el pronunciamiento del Tribunal Supremo, que aclaró quién está legitimado para recurrir las resoluciones de la eutanasia y, ahora, queda por ver qué pasa con los recursos presentados contra la actuación de los miembros de las comisiones.

Según apuntó a este medio Pablo Jarque, abogado de la asociación ultracatólica, el Tribunal de Instrucción número 20 de Cataluña lleva desde noviembre de 2025 investigando el recurso que han presentado contra los dos profesionales que formaron la dupla de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia de Cataluña, formada por un jurista y una médica, que fue la encargada de elaborar el informe favorable a la petición de eutanasia de Noelia. Les acusan de prevaricación administrativa y falsedad en documento público.

"Fingieron desacuerdo en la decisión sobre la eutanasia de la joven para elevar el caso al pleno de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia de Cataluña", explica Jarque.

¿Cómo está este proceso judicial? Pues, tanto desde el gabinete de comunicación del TSJ de Cataluña como desde Abogados Cristianos, han respondido a este medio que no hay novedades, por ahora.

¿Un seguro 'ad hoc' o vale lo que hay?

Pero más allá de las resoluciones judiciales en las que derive la reclamación a la dupla de la Comisión de Cataluña, ya podemos ver una consecuencia clara de este paso judicial, y es que los miembros de las comisiones quieren estar bien cubiertos ante reclamaciones que van contra su actuación.

Es decir, piden estar asegurados.

El run-run se escucha en el sector asegurador, en los servicios jurídicos de las consejerías de Sanidad y en los despachos de abogados de RC sanitaria y seguros.

"La cuestión no está nada clara", resume Susana López Altuna, letrada del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza. Las dudas surgen porque hay miembros de estas comisiones cuya actuación sí estaría cubierta por el seguro de RC sanitaria que tiene contratada la Administración sanitaria, que puede ser la Consejería de Sanidad o el servicio sanitario autonómico, según defiende López Altuna, porque son funcionarios o estatutarios. "Si la póliza de la Administración no excluye estas actuaciones, se entiende que están incluidas", advierte la letrada, vocal de la Asociación Juristas de la Salud.

Pero si los miembros de las comisiones que son funcionarios pueden defender esa cobertura del seguro público, es más difícil de encajar este argumento para los profesionales que forman parte de estas comisiones, pero sin ser funcionarios... Y estos perfiles tienen cabida en estos órganos de decisión de la eutanasia, porque así lo ha querido la regulación.

El actuario de seguros Ignacio Boj, socio-director del Despacho MBE Legal, admite las dudas que pueda generar esta cuestión pero, bajo su criterio y experiencia en pólizas de RC sanitaria pública, afirman que el seguro de la Administración sanitaria debe cubrir la actuación de estos profesionales, dentro de una Comisión que depende de manera orgánica de la Consejería de Sanidad de cada autonomía, como regla general.

Francesc Jose María, abogado, miembro de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia y director del Consorcio de Salut i Social de Catalunya, considera "absolutamente necesaria la cobertura de la responsabilidad civil y de la defensa penal de los miembros de las comisiones, en particular de los que no son funcionarios".

"Es absolutamente necesaria esa cobertura mediante una póliza de seguro ad hoc, visto cómo se las gasta la ultraderecha (en alusión al recurso presentado por Abogados Cristianos)", reitera José María.

Andalucía es pionera

En este escenario, donde persisten dudas en relación a si estos profesionales de las comisiones están ya asegurados o no con pólizas sanitarias públicas, la Junta de Andalucía ha dado un paso al frente, contratando un seguro de RC sanitaria específico para los miembros de su comisión de la eutanasia, que, por cierto, está presidida por el médico y expresidente de la Organización Médica Colegial, Serafín Romero.

"Desde el mes de noviembre de 2022, la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, como tomador del seguro, tiene suscrita una póliza que cubre a todos y cada uno de los miembros de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia de Andalucía, en el desempeño de las funciones legalmente encomendadas de acuerdo a la legislación vigente", explica la vicepresidenta de la Comisión de la Eutanasia andaluza, Aurora Puche Aguilera, a Diario Médico.

Eutanasia: la intervención de terceros en decisiones personales, La eutanasia de Noelia interesa a Trump y lleva a los juzgados a los profesionales implicados, Objeción de conciencia, salud mental y recursos judiciales: frentes abiertos de la eutanasia La composición de la comisión de la eutanasia de Andalucía es "multidisciplinar", como ocurre con el resto. Y esto significa que en ella participan "p Los miembros de las comisiones de Garantía y Evaluación de la Eutanasia buscan cobertura en casos de demandas por sus intervenciones en resoluciones de eutanasia. Off Soledad Valle Profesión Profesión Profesión Off

Indemnizaciones cada vez más millonarias por mala praxis médicas. ¿Cómo afecta al sanitario?

Archivado: junio 19, 2026, 12:12pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Pinceladas sobre seguros y responsabilidad profesional (III)

Cada año se supera el techo indemnizatorio, con una nueva condena por mala praxis que admite una compensación mayor que la anterior. La última sentencia ha elevado a 13 millones de euros la indemnización que debe pagar, entre otras, la aseguradora de una sanitaria por ignorar las evidencias de sufrimiento fetal de un niño que nació con un grave daño cerebral. Por ahora, parece que esta resolución judicial ostenta el récord.

Las condenas judiciales con cifras millonarias de indemnización se extienden como reguero de pólvora en los medios de comunicación. Y es que, según apuntan los abogados consultados, el incremento de estas cuantías es real (no solo una impresión amplificada por los medios) y tiene que ver con dos cuestiones fundamentales.

La vía civil

Por un lado, la vía civil está ganando atractivos como vía de reclamación por mala praxis, en detrimento de la vía de los juzgados contenciosos-administrativos. Y esto significa que la reclamación se dirige contra el seguro, público o privado del médico y no contra la Administración.

En vía civil, el tribunal puede imponer los intereses de demora, del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS), lo que tiene un efecto duplicador sobre la cuantía de la indemnización.

El empujón del Supremo

Además, el Tribunal Supremo ha aclarado que las tablas de referencia que deben utilizarse para calcular las indemnizaciones que compensen los daños sanitarios (antijurídicos) son las que estén en vigor en el momento en que se dicta la sentencia, no cuando se produjo la mala praxis. Estas tablas, concebidas para indemnizar las secuelas por accidentes de tráfico, pero que se utilizan en sanidad, se actualizan periódicamente. En las últimas revisiones de la norma que sostiene estos baremos, los incrementos en el número de conceptos que se deben compensar y en las cuantías de las compensaciones han sido notables.

¿En qué afecta al médico esta tormenta perfecta por la que atraviesa la RC sanitaria? Pues, a corto plazo, es lógico pensar que el facultativo queda al margen, porque lo está pagando todo el seguro -el suyo o el de la Administración sanitaria- aunque no está claro por cuánto tiempo.

Dudas más que razonables

Ignacio Boj, socio-director de MBLegal, se muestra preocupado por este nuevo panorama, donde "se reabre indirectamente la vía de la responsabilidad civil personal del sanitario en el ámbito público" (porque el paciente presenta su demanda de indemnización contra el seguro del médico, aunque haya actuado en la sanidad pública).

Así que el experto se plantea las siguientes preguntas: "¿Veremos en las próximas renovaciones un incremento de las primas de seguros de los colegios y colectivos de profesionales médicos? ¿Será más acentuada esta subida en las comunidades autónomas donde no esté cubierta la responsabilidad patrimonial por parte de la Administración sanitaria, es decir, en aquellas que hayan optado por autoasegurarse?".

Mala praxis en un parto: sube la indemnización a 4 millones y pagan los seguros de hospital y matrona, ¿Quién paga los 13 millones de condena por mala praxis? El seguro de matrona y ginecóloga, ¿Qué seguro de responsabilidad profesional debe contratar si solo trabaja en la sanidad pública? El sentir común de un buen puñado de abogados consultados para esta serie de informaciones que Diario Médico está publicando sobre el sector asegurado Son compensaciones astronómicas que deben abonar las compañías aseguradoras de los servicios sanitarios y de profesionales. Usted está en medio de este baile de cifras. Entérese. Off Soledad Valle Profesión Profesión Profesión Off

"Para prevenir el 'grooming', que las familias cenen juntas", dice Celso Arango

Archivado: junio 17, 2026, 3:31pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Informe sobre grooming

Usted dirá que a su hijo no le ocurren estas cosas. "El 100% de los padres de niños que han sido acosados sexualmente por un adulto a través de contactos online (que es el grooming) también pensaban que a su hijo no le pasaba", ha recordado esta mañana Daniel Moreno, jefe del Equipo Mujer-Menor EMUME de la Guardia Civil, durante la presentación del informe Percepciones de la Infancia y la Adolescencia sobre los riesgos del grooming, 2026, que ha elaborado la Fundación Sol y la Guardia Civil.

Los datos alcanzados son fruto de la encuesta realizada a 1.500 alumnos, niños y adolescentes, desde 5º de Primaria hasta 1º de Bachillerato, es decir, de 10 a 17 años, y del trabajo en 35 grupos focales, en varios colegios de cuatro comunidades autónomas, donde las cifras oficiales alertan de que hay más casos de acoso sexual a través de las redes y contactos online. Estas autonomías son Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía.

El 39% del alumnado de secundaria reconoce haber mantenido contacto online con alguien a quien no conocían presencialmente, frente al 14% de los niños de primaria. Las redes sociales, para los más mayores (hasta 17 años) y los videojuegos para el grupo de primaria son la puerta de entrada a esos contactos de adultos, haciéndose pasar por niños, para genera confianza en el menor y así conseguir sus objetivos sexuales.

El estudio advierte que el 4% de los alumnos de primaria y el 12% de los de secundaria reconoce haber recibido mensajes de contenido íntimo o sexual. Al 10% de los estudiantes de secundaria le han enviado fotos íntimas, sin haberlo solicitado, mientras que al 8% le han pedido fotos íntimas o vídeos mostrando alguna parte de su cuerpo y un 7% reconoce que le han preguntado sobre prácticas sexuales.

La reacción mayoritaria de los menores cuando sufren este tipo de acoso es la de ignorarlo. Sin embargo, un 7,4% de los alumnos de secundaria responde, frente a un 3,4% de primaria.

El informe describe una realidad con la que lidia la sociedad, en muchos casos, ante la ceguera de la mayoría de padres y madres, donde la negación se impone como medida de defensa.

Controles en Pediatría

¿También está ciego el sistema sanitario? Celso Arango, jefe de Servicio de Psiquiatría, Psicología Clínica y Salud Mental Infantil y Adolescente del Hospital Universitario La Paz, ha reconocido, en la presentación del informe, la necesidad de revisar las medidas de prevención que están puestas en marcha en las consultas de atención primaria y pediatría para identificar el problema y atajarlo a tiempo.

"En las revisiones periódicas del niño sano debería preguntarse por aspectos que tienen que ver con la soledad no deseada del menor, con su aislamiento, con los cambios de conducta, la ansiedad ante determinados contenidos. Estas son señales de alarma de que el niño puede estar siendo abusado por terceros", asegura el psiquiatra.

Porque, a la luz del informe, confirma que "el grooming, el acoso escolar, el abuso, la agresión... son situaciones más prevalentes en la infancia de lo que parece. Y, en el momento en que un pediatra sabe que alrededor del 10% de los niños que va a ver en la consulta está siendo acosado de alguna forma y no ha detectado ninguno, esto le debe llevar a la reflexión y a darse cuenta de que algo se le está pasando".

Porque, asegura el reconocido psiquiatra que, el grooming, el acoso, el trauma "no solo tienen efecto en la salud mental (depresión, ansiedad, psicosis...) sino que los niños abusados tienen menor esperanza de vida, mas riesgo de diabetes, de problemas cardiovasculares, dermatológicos".

Celso advierte que los menores con autismo, problemas de socialización o algún tipo de discapacidad pueden caer con más facilidad en las redes de los adultos ciberacosadores de menores.

Y manda un mensaje claro: "que las familias cenen juntas es una de las mejores medidas preventivas del abuso".

El abuso de las pantallas en la infancia y la adolescencia deja huella en la sangre, Riaño Galán (pediatra y vicepresidenta del Comité de Bioética): "Prohibir las redes sociales a los menores no es la solución", Prohibir las redes sociales a menores de 16 años, ¿mejorará su salud mental? "Esto es un problema de salud pública y nos compete a todos, porque todos debemos involucrarnos", ha afirmado Teresa Gisbert, Fiscal de Sala Coordinad El 12% de alumnos de secundaria ha recibido mensajes sexuales online, destaca un informe sobre 'grooming', elaborado por la Fundación Sol y la Guardia Civil. Off Soledad Valle Profesión Pediatría Off

¿Qué seguro de responsabilidad profesional debe contratar si solo trabaja en la sanidad pública?

Archivado: junio 16, 2026, 10:07am UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Pinceladas sobre seguros y responsabilidad profesional (II)

Para empezar, usted, como sanitario asistencial, debe saber que la mayoría de las comunidades autónomas cuentan con un seguro de responsabilidad patrimonial, que cubre las reclamaciones por mala praxis de los profesionales que trabajan en su ámbito. Es decir, que, si usted solo trabaja en el sector público, el riesgo por los posibles errores que pueda cometer está cubierto, porque la Administración es la responsable.

Todas las comunidades autónomas cuentan con un seguro de RC sanitaria para cubrir a sus profesionales, excepto la Comunidad Valenciana, Extremadura y Canarias, que han optado por el autoseguro, lo que equivale a decir que, si hay condena por una mala praxis de sus profesionales, estas administraciones asumen el pago de las indemnizaciones con su propio presupuesto, al no contar con seguro. Pero, en ninguno de estos dos modelos usted, que ha cometido un error en su trabajo, deberá responder del daño, salvo dos excepciones: una posible responsabilidad penal y si lo ha hecho de manera intencionada.

Sepa que las Administraciones también tienen cubierta la responsabilidad civil derivada de condenas penales. Otra cuestión es el capital que tienen cubierto por siniestros, porque, en muchos casos, donde no llegan estos seguros, debe llegar usted.

Abogados expertos en el sector y consultados para este reportaje explican lo que debe saber sobre la cobertura de su actividad pública, en esta segunda entrega informativa de la serie que han iniciado Diario Médico sobre la cobertura de los errores profesionales.

Marco legal

"La responsabilidad por los daños causados en el funcionamiento de la sanidad pública corresponde directamente a la Administración sanitaria conforme a los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015. El profesional sanitario solo puede responder personalmente en supuestos excepcionales: cuando exista una condena penal que genere responsabilidad civil derivada del delito o cuando la Administración ejerza posteriormente una acción de regreso por dolo o culpa grave", aclara Ignacio Boj, socio-director de MBLegal.

El abogado Miguel Roig Serrano, socio director de Inelaw, considera claro que para el personal al servicio de una Administración pública "no existe responsabilidad que asegurar". Sin embargo, aclara que esto no quiere decir que estos profesionales que solo tienen actividad pública no deban asegurarse, sino que "tienen que asesorarse para conocer cuáles son sus riesgos y, una vez determinado ese mapa de riesgos, transferir los mismos al mercado asegurador. Pero no tiene ningún sentido asegurar una responsabilidad que no existe".

"Si un sanitario recibe una denuncia en la jurisdicción penal y resulta condenado por la comisión de un delito, la responsabilidad civil derivada de ese delito sí es exigible a su seguro privado, pues serán responsables civiles directos el profesional condenado y su seguro particular, quedando la Administración en un segundo plano, como responsable civil subsidiaria", aclara el abogado de Inelaw.

Pero a pesar de estos límites claros en relación con la responsabilidad que se le puede exigir al sanitario en su actuación dentro de la sanidad pública, la realidad es que, en muchos casos, los seguros que contratan estos facultativos ofrecen una cobertura en la sanidad pública más amplia de la que está reconocida por la ley, según explican los expertos.

¿Desinterés o desinformación? Da igual, el resultado es que usted sabe poco de su seguro profesional , Mala praxis en un parto: sube la indemnización a 4 millones y pagan los seguros de hospital y matrona, ¿Quién paga los 13 millones de condena por mala praxis? El seguro de matrona y ginecóloga Y es que, como apunta la abogada María Luisa Albelda, de RZS, hay que ver las condiciones particulares de cada póliza para conocer su cobertura. "Con Los servicios sanitarios de las comunidades autónomas tienen un seguro que cubre la responsabilidad por una mala praxis o responden directamente. Téngalo en cuenta. Off Soledad Valle Profesión Profesión Profesión Off

¿Desinterés o desinformación? Da igual, el resultado es que usted sabe poco de su seguro profesional

Archivado: junio 15, 2026, 6:00am UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Pinceladas sobre seguros y responsabilidad profesional (I)

Después de doce años de formación si es médico -y algunos menos si pertenece a otra categoría profesional sanitaria- puede pensar que hay cuestiones, como la de contratar su seguro profesional, de las que no merece la pena ocuparse demasiado. Que no tiene tiempo, que no le da la vida.

Es entendible. Además, con mucha probabilidad, usted, como profesional sanitario, ha contratado el seguro de responsabilidad civil que le ofreció su colegio profesional cuando se colegió, porque la colegiación, en su caso y como sabe, es obligatoria para poder ejercer.

Todo bien. Sin embargo, su ignorancia en esta cuestión puede darle alguna sorpresa. Así que, en este reportaje partimos de evidenciar el consenso que hay entre los abogados del sector sobre la falta de conocimiento que tiene el médico en relación con la cobertura de su seguro de RC profesional y arrancamos una serie de entregas en las que intentaremos explicarle a usted, como sanitario, cuál es la protección que le conviene tener para ejercer su actividad respaldado por una buena cobertura y la exigencia de responsabilidad profesional que le pueden pedir si comete errores en su actuación clínica, tanto en la sanidad pública como en la privada.

Para arrojar algo de luz en este campo, contamos con la participación de ocho abogados expertos en Derecho Sanitario y Derecho de Seguros, de siete despachos distintos del sector y la letrada de Osakidetza y vocal de la Asociación Juristas de la Salud, Susana López Altuna.

Punto de partida: la ignorancia generalizada

Con una experiencia de décadas en juicios por malas praxis médicas, los abogados expertos coinciden en señalar esa falta de conocimiento generalizada entre los profesionales sanitarios. El panorama que describen los expertos refleja una ignorancia profunda del facultativo sobre quién le asegura y qué, más allá de saber el coste del seguro. ¿Por qué esta situación es tan generalizada? Algunos de los abogados se aventuran a dar sus razones.

El abogado del Colegio de Médicos de Bizkaia, Alfonso Atela, aclara que en el caso de los colegiados vascos asegurados por el colegio, sí conocen la cobertura que han firmado, pero, en líneas generales, afirma que "muchos facultativos piden información de la prima y el capital asegurador, pero sin preocuparse de otras cuestiones como distinguir suficientemente entre actividad pública, privada, mixta, por cuenta propia, por cuenta ajena, responsabilidad patronal, de personal a cargo... Ni reparan tampoco en aspectos decisivos como el ámbito objetivo de cobertura, exclusiones, franquicias, retroactividad cuando cambia la póliza, cobertura claims made, periodo de descubrimiento o cobertura por actividad en centros públicos".

Carlos Fornes, socio-director de Fornes Abogados, desde Valencia y Baleares, donde desarrolla su actividad principal, asegura que cuando pregunta a un facultativo que ha recibido una reclamación con qué compañía ha suscrito el seguro de RC profesional, "en la gran mayoría de los casos ni lo sabe".

¿Cómo ve al médico el abogado que reclama?

Frente a Atela y Fornes, en el otro lado de la sala donde se celebran los juicios por malas praxis sanitarias, puede encontrarse el abogado Eugenio Moure, pues lleva muchas reclamaciones de pacientes, aunque no de manera exclusiva.

Moure afirma con contundencia que "hay un gran desconocimiento entre los profesionales sanitarios sobre la cobertura de su seguro de RC profesional". Y va más allá al apuntar que "ese desconocimiento puede estar fomentado por una proactividad comercial de las aseguradoras que, en ocasiones, desde dentro de los propios colegios, han querido incrementar la producción, incluso a través de pólizas colectivas en las que el tomador es el propio colegio profesional y los asegurados los colegiados, aprovechando el miedo del médico a la condena, aunque en la sanidad pública el riesgo sea marginal".

Mala praxis en un parto: sube la indemnización a 4 millones y pagan los seguros de hospital y matrona, ¿Quién paga los 13 millones de condena por mala praxis? El seguro de matrona y ginecóloga, El gasto en Sanidad por autonomías: ¿cuánto gasta cada comunidad? ¿quién gasta más? Carlos Sardinero, abogado fundador de Sardinero Abogados, también cree que el médico, cuando firma la póliza del seguro de RC profesional "solo se fij No son buenos tiempos para ignorar los detalles de su seguro de RC profesional. Aquí empezamos una serie de informaciones donde abogados expertos le cuentan en qué fijarse. Off Soledad Valle Profesión Profesión Profesión Off

Estrasburgo avala imponer parir en el hospital por riesgo fetal, en un recurso contra España

Archivado: junio 11, 2026, 1:40pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Sentencia

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), conocido como Tribunal de Estrasburgo, ha sentenciado que no se produjo violación de ninguno de los derechos que protege el Convenio de Derechos Humanos cuando se obligó a una gestante a dar a luz en el hospital. Dar a luz en casa, como era su deseo, entrañaba un riesgo para el bebé. De este modo, el tribunal ha absuelto a España en el recurso presentado por la afectada.

La recurrente, que se convirtió en madre en abril de 2019, ha llamado a la puerta de todas las instancias judiciales (justicia ordinaria, Tribunal Constitucional y ahora, TEDH) reclamado el reconocimiento como víctima de una violación de sus derechos humanos al imponerle que tuviera su hija en el hospital, en concreto, en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Un camino judicial que deja una doctrina más clara

Pero, por ahora, ninguno de los tribunales a los que ha acudido le ha dado la razón. Sin embargo, su periplo judicial está sirviendo para consolidar una doctrina mucho más clara en relación a los ingresos forzoso para dar a luz en el hospital, en los casos de gestantes que insisten en parir en casa ignorando las advertencias de los facultativos sobre el riesgo que esa decisión entraña para el bebé. Puede que no sea así en todos los embarazos, pero en el caso analizado por el TEDH sí lo era, como recoge en su resolución.

En el caso C.P. v. Spain resuelto este jueves, el TEDH ha dictado, por seis votos a favor y uno en contra, que no se produjo ninguna violación del artículo 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, como alegaba la recurrente. También ha declarado, por unanimidad, que la denuncia de la mujer en virtud del artículo 5 (derecho a la libertad y a la seguridad) resulta inadmisible.

El TEDH hace un repaso a las resoluciones dictadas en los tribunales españoles, incluido el Tribunal Constitucional, sobre este proceso y destaca que sus decisiones han sido razonables y están debidamente fundamentadas, asegurando que "los tribunales nacionales habían interpretado y aplicado la ley de manera aceptable".

La imposición de parir en el hospital "perseguía el objetivo legítimo de proteger la salud tanto de la gestante como del feto", dice el tribunal. Y reconoce el equilibrio que han tenido que hacer las autoridades nacionales para ponderar los intereses en conflicto, esto es, el respeto a la vida privada de la gestante -en su decisión de parir en casa- y los riesgos para la vida del feto que esta decisión podía conllevar.

Da a luz por cesárea tras ingreso forzoso por riesgo de hipoxia y muerte fetal, El Constitucional rechaza que una mujer elija dónde dar a luz cuando hay riesgo fetal, Obligar a una gestante a parir en el hospital llega al Tribunal de Estrasburgo en un recurso contra España ¿El juzgado de guardia hizo una buena valoración de estos intereses en conflicto con su orden de ingreso forzoso? El TEDH dice que sí y, en su respues El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) refrenda la actuación del equipo del Hospital Central de Asturias y del juzgado de guardia al negar a una gestante el parto en casa. Off Soledad Valle Ginecología y Obstetricia Enfermería Obstétrico-Ginecológico (Matronas) Off

La Comisión Europea oculta información sobre los contratos de vacunas contra la covid, según Abogado General del TJUE

Archivado: junio 11, 2026, 10:52am UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle TJUE

En contra de los argumentos ofrecidos por la Comisión Europea, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Athanasios Rantos ha adelantado sus conclusiones en los recursos presentados ante el tribunal contra varios aspectos de los contratos de las vacunas de la covid.

Según Rantos, la Comisión no dio al público una información suficientemente amplia sobre los contratos de compra de vacunas contra la covid, porque negó facilitar información sobre los profesionales que formaron parte del grupo que decidió sobre estos contratos y sus posibles conflictos de intereses, y tampoco dio acceso a los acuerdos alcanzados con las farmacéuticas suministradoras, especialmente en lo referente a posibles indemnizaciones.

De este modo, el Abogado General Athanasios Rantos ha propuesto al Tribunal de Justicia que desestime las alegaciones de la Comisión contra las sentencias del Tribunal General en las que se condenan sus actuaciones por la falta de transparencia de estos contratos en los aspectos señalados. Es decir, pide que confirme la condena del Tribunal General a la Comisión Europea.

Las conclusiones del Abogado General suelen adelantar el fallo de la sentencia en más del 90% de los casos.

Contexto: mil millones de dosis de vacunas

Para contextualizar este proceso es necesario remontarse a los primeros meses de la pandemia de la covid, cuando la Unión Europea estableció un mecanismo centralizado de adquisición de vacunas con el fin de "garantizar a los Estados miembros un acceso rápido y equitativo a las mismas". Para ello, la Comisión Europea constituyó un equipo conjunto de negociación compuesto por algunos de sus funcionarios y un reducido número de expertos de los Estados miembros, encargado de negociar con las empresas farmacéuticas los contratos de compra anticipada de vacunas.

Ante la situación de emergencia sanitaria, la Comisión desbloqueó aproximadamente 2,7 mil millones de euros con el fin de hacer un pedido en firme de más de mil millones de dosis de vacunas, en contratos firmados con varias farmacéuticas, según información del tribunal.

En 2021, varios eurodiputados y particulares, amparados en el Reglamento (CE) número 1049/2001, sobre el acceso del público a los documentos del Parlamento, el Consejo y la Comisión, solicitaron el acceso a dichos contratos, así como a determinados documentos relacionados con ellos.

Pero la Comisión Europea únicamente concedió un acceso parcial a esos documentos, que se publicaron en línea "en versiones revisada", de modo que los eurodiputados y los particulares interpusieron sendos recursos de anulación ante el Tribunal General. En sus sentencias, el Tribunal General estimó parcialmente los dos recursos y anuló las decisiones de la Comisión por contener irregularidades.

Mediante dos sentencias de 17 de julio de 2024, el Tribunal General resolvió que la Comisión no había dado al público un acceso suficientemente amplio a los contratos de compra de vacunas contra la covid. Posteriormente, la Comisión interpuso recursos de casación ante el Tribunal de Justicia y las conclusiones del Abogado General adelantan por dónde puede ir la solución del TJUE a estos recursos.

La Comisión ocultó, entre otras cosas, los nombres de los miembros del equipo conjunto de negociación y determinadas cláusulas contractuales relativas a la indemnización de las empresas farmacéuticas. Según ella, la divulgación íntegra de esta información "habría vulnerado el respeto a la vida privada y la integridad de las personas afectadas, así como la protección de los intereses comerciales de las empresas en cuestión".

¿Quién formó el equipo negociador en la UE para la compra de las vacunas de la covid?, Vacunas covid: hasta qué punto los laboratorios deben hacer públicos sus contratos, Contratos de vacunas covid: el TGUE ve "falta de transparencia" y Bruselas se excusa ¿A qué intereses afectaría y cómo se demuestran los riesgos que justificarían ocultar la información? Según las conclusiones del Abogado General, la C El debate gira en torno al conflicto de intereses de los miembros del equipo encargado de negociar la compra de las vacunas y a las indemnización a las farmacéuticas. Off Soledad Valle Política y Normativa Industria Farmacéutica Profesión Profesión Off

Obligar a una gestante a parir en el hospital llega al Tribunal de Estrasburgo en un recurso contra España

Archivado: junio 10, 2026, 12:49pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Convenio Europeo de Derechos Humanos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) vuelve a ver otro recurso contra España por no respetar la autonomía del paciente: C.P v. Spain. Y ya van tres en los últimos años.

El jueves 11 de junio, el conocido como Tribunal de Estrasburgo decide sobre el recurso presentado por una mujer contra España por obligarla, mediante orden judicial, a dar a luz en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en lugar de en su casa, como era su deseo.

Los hechos que presenta la reclamante ocurrieron el 24 de abril de 2019, cuando el subdirector de los Servicios Quirúrgicos y Críticos del (HUCA) solicitó al juez de guardia que ordenara el ingreso forzoso de la gestante en el hospital para la inducción inmediata del parto. La gestante es una mujer de nacionalidad francesa, que vivía en Asturias. Se quedó embarazada en 2018 y, desde el comienzo de su embarazo, manifestó su deseo de parir en casa con la ayuda de una matrona.

Ingreso en el HUCA

En su informe ante el juez, el jefe de Obstetricia del HUCA recogió el historial de controles del embarazo. Explicó que el seguimiento de la gestación quedó interrumpido, porque la mujer dejó de asistir a las citas médicas, después de que se le informara de la amenaza que suponía para la vida de su futura hija parir en casa. Argumentó la necesidad de interrumpir el embarazo de forma inmediata, porque la demandante se encontraba en la semana 42+3 de embarazo y si el parto no se realizaba en el hospital existiría "riesgo de hipoxia fetal y muerte fetal intrauterina".

A las 15:30 horas del día en cuestión, la demandante se encontraba en su casa preparándose para dar a luz, cuando "dos agentes de policía, acompañados de una ambulancia y personal médico, se presentaron en su domicilio para ejecutar la orden judicial", según recoge la demanda.

Hubo resistencia de la comadrona presente y del marido de la demandante, pero la gestante fue finalmente ingresada en el HUCA, sobre las 17:30 horas, y el bebé nació el 26 de abril de 2019 a la 1:40 horas mediante cesárea, por complicaciones en la expulsión. Madre e hijo fueron dados de alta dos días después, el 28 de abril, cuando el juzgado archivó las diligencias.

Entonces, la madre comenzó un periplo judicial por lo que consideraba que había sido una violación de sus derechos. Así, interpuso un recurso ante el juzgado solicitando la nulidad de la orden judicial y otro ante la Audiencia Provincial. Como ninguna de estas instancias le dio la razón, recurrió la desestimación de estos juzgados y tribunales ante el Tribunal Constitucional en un recurso de amparo que tampoco obtuvo el visto bueno de la mayoría de los magistrados.

El Constitucional sentó jurisprudencia: ante un riesgo vital para el feto, la gestante no puede elegir dónde dar a luz.

Sentencia del Tribunal Constitucional

Aunque el Constitucional no dio la razón a la gestante (ni a su marido ni a su hija, que comparecían juntos en el recurso) el fallo estuvo muy dividido, pues hubo cinco votos particulares, de los once que formaron el tribunal, y tres de estos votos iban en sentido contrario al pronunciamiento mayoritario, es decir que admitían el amparo de la gestante.

El Constitucional rechaza que una mujer elija dónde dar a luz cuando hay riesgo fetal, Da a luz por cesárea tras ingreso forzoso por riesgo de hipoxia y muerte fetal, España defiende en el TEDH una buena praxis al eliminar pezón y aureola en cirugía por cáncer de mama No obstante, el Tribunal dejó claro que, antes de adoptar una medida de este tipo, se debe conceder audiencia a los interesados "y, muy especialmente, Ocurrió en el Hospital Central de Asturias (HUCA), en 2019, porque el jefe de Obstetricia argumentó un riesgo vital para el feto y el juzgado emitió la orden de ingreso forzoso. Off Soledad Valle Ginecología y Obstetricia Profesión Enfermería Obstétrico-Ginecológico (Matronas) Off

Mala praxis en un parto: sube la indemnización a 4 millones y pagan los seguros de hospital y matrona

Archivado: junio 8, 2026, 12:22pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Sentencia

Biel tiene hoy 10 años. Nació el 27 de septiembre de 2015, con una encefalopatía hipóxico-isquémica grave, precedida de un sufrimiento fetal que no obtuvo la debida respuesta sanitaria, en el Hospital de Tarrasa.

La mala praxis fue juzgada por el Tribunal de Instancia de Madrid número 47, en una sentencia que condenó a la aseguradora de la matrona que atendió a la gestante, Agrupación Mutual Aseguradora (AMA), y al seguro del Hospital de Tarrasa, Riverstone International Ireland DAC (heredero de la póliza de Zurich), a abonar a los padres del niño 1,8 millones de euros, más los intereses de demora previstos en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro.

Pero esta cantidad fue considerada insuficiente por la familia para hacer frente a los costes que suponía prestarle una adecuada atención a su hijo, con una dependencia absoluta, pues de la mala praxis derivó una tetraparesia espástica, una discapacidad múltiple, epilepsia, disfagia y una pérdida visual muy severa. Así que, asesorados por su abogado, Rafael Martín Bueno, los padres de Biel recurrieron el fallo de instancia.

Ante este recurso de la familia, las aseguradoras demandadas se opusieron y, en el caso de AMA, además, impugnaron la sentencia. La mala praxis no era motivo de discusión pues, en primera instancia quedó claramente demostrado que no se atendió a los signos de alarma de la gestante que indicaban, antes del parto, que el bebé sufría por falta de oxígeno.

En la revisión de la cuantía que pedía la familia en su recurso, la Audiencia Provincial de Madrid ha elevado la indemnización de los 1.845.859,34 euros concedidos en instancia a 4.384.024,56 euros, admitiendo muchos de los argumentos presentados por el abogado Martín Bueno.

El baremo más reciente

Para empezar, la Audiencia Provincial de Madrid considera que el baremo de tráfico, que sirve de orientación para fijar la cuantía de la indemnización en juicios médicos, que debe utilizarse en este proceso es el que se aprobó en 2015 (Ley 35/2015) aunque entró en vigor después de que se hubiera producido el nacimiento del niño y, por tanto, después de que hubiera ocurrido el daño que se juzga y condena. ¿Cómo es posible?

La Audiencia afirma que puede acudirse a la Ley 35/2015 aunque los hechos fueran anteriores a su entrada en vigor, porque "en estos casos el baremo de tráfico no rige como norma cerrada, sino como guía técnica de valoración". Por eso, rechaza la idea de que deba usarse necesariamente el sistema anterior, el que contiene el Real Decreto Legislativo 8/2004, que estaba en vigor cuando nació el niño y que hace una valoración económica de menor cuantía para cada aspecto indemnizable.

¿Quién paga los 13 millones de condena por mala praxis? El seguro de matrona y ginecóloga, El Supremo aplica el baremo de 2015 para indemnizar la mala praxis en un parto de 2005, El 80% de las reclamaciones por mala praxis se desestiman Además, el tribunal justifica basar la indemnización en el baremo de 2015 en "el principio de reparación íntegra del daño", que es el objetivo que deb Los hechos ocurrieron en el centro público Hospital de Tarrasa, pero la familia demandó a los seguros de la matrona y del hospital, que son los condenados. Off Soledad Valle Ginecología y Obstetricia Profesión Enfermería Obstétrico-Ginecológico (Matronas) Política y Normativa Off

El gasto en Sanidad por autonomías: ¿cuánto gasta cada comunidad? ¿quién gasta más?

Archivado: junio 3, 2026, 2:51pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Informe

La respuesta rápida a la última pregunta del titular es que gasta más quien más presupuesto tiene. Es decir, el País Vasco y Navarra -las comunidades forales, con el cupo como hecho diferencial de financiación- son las que más euros por habitante dedican a la partida sanitaria, con una diferencia sustancial respecto a la que menos gasta que es Andalucía. Así, mientras el País Vasco dedica 2.332 euros por habitante a sanidad y Navarra 2.156 euros, en Andalucía esa cifra es de 1.658 euros por habitante, en la Comunidad de Madrid de 1.779 euros y en la Comunidad Valenciana de 1.867 euros. La diferencia entre País Vasco y Andalucía es de un abismal 41%.

Si quitamos a las comunidades forales de la comparativa, entre las autonomías del régimen general es Asturias la que lidera el gasto en sanidad con 2.322 euros por habitante, un 40% superior al de Andalucía.

En la información hablamos de gasto público -y no del término inversión, por ejemplo-, porque así lo recoge el título del informe que contiene estos datos, entre otros que les iremos contando. "El gasto en salud en España: análisis y recomendaciones" ha sido presentado en el Congreso de los Diputados este miércoles, 3 de junio, de la mano de sus autores, de sus promotores y de la ministra de Sanidad, Mónica García, que, además de ser la primera en intervenir en el acto, se quedó a toda la presentación y, desde la imagen de streaming del Congreso, se pudo ver cómo tomaba notas.

Con los datos de la OCDE y del Ministerio de Sanidad, principalmente, los catedráticos de Economía Beatriz González López-Valcárcel, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y Santiago Lago Peñas, de la Universidad de Santiago de Compostela, firman esta investigación que ha sido impulsada por el Foro Económico de Galicia, un grupo independiente de debate y reflexión que genera documentos de actualidad e interés como el que ocupa esta información.

Mónica García, ministra de Sanidad

"Hablar de gasto en sanidad es hablar del modelo de país que queremos", adelantó Mónica García, antes de dar paso a la explicación del trabajo que corrió a cargo de sus autores: González López-Valcárcel y Lago Peñas. La ministra habló de inversión (sí, más que de gasto, ella se refirió a inversión), de prevención (y de los pocos titulares y el poco rédito político que dejan las medidas de prevención), de la Ley General de Sanidad, de determinantes sociales...

Agradeció a los autores de este informe su trabajo, que equiparó a los buenos diagnósticos. "Esta investigación es un diagnóstico fino del gasto sanitario, donde se puede ver cómo gastamos y dónde gastamos y, por tanto, cuáles son las alternativas terapéuticas".

Reforma del sistema de financiación

La alternativa terapéutica clara a la situación de gasto en sanidad en España, que refleja esas enormes diferencias, es una reforma del sistema de financiación de la sanidad, que pase por "mantener la competencia de las comunidades autónomas" y que "no sea un gasto finalista". Una receta final en la que coinciden los dos autores del trabajo.

González López-Valcárcel presentó los datos del país desde una perspectiva global. "España no gasta desmedidamente en sanidad en términos comparados, pero sí arrastra un problema de reparto territorial, una deriva creciente hacia el hospital y señales de menor productividad en el sistema. El gasto sanitario total alcanzó el 9,2% del PIB en 2024, una décima por debajo de la media de la OCDE, y el gasto sanitario público supuso el 15% del gasto público total".

El gasto sanitario privado representa ya un 26,8% del gasto sanitario total en España, El Gobierno autoriza más de 200 millones de límite de gasto sanitario para programas entre 2025 y 2029, López-Valcárcel: "Si las clases medias no usan la sanidad pública, ¿para qué van a pagarla?" Más datos: "Entre 2014 y 2024, el gasto sanitario público creció un 56% (descontada la inflación)" y la experta llama la atención sobre "el crecimient Los catedráticos de Economía, Beatriz González López-Valcárcel y Santiago Lago Peñas, firman un ambicioso trabajo que analiza la evolución de los recursos destinados a Sanidad. Off Soledad Valle Política y Normativa Política y Normativa Off

El 'Plan Veo' de Sanidad gana tiempo: la Audiencia Nacional rechaza su suspensión cautelar

Archivado: junio 1, 2026, 1:12pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Auto

La Asociación Profesional de Oftalmólogos de España (APOE) va a recurrir el auto de la Audiencia Nacional, conocido este lunes, en el que se rechaza la petición de los oftalmólogos de suspender, hasta que haya sentencia firme, el Plan Veo, del Ministerio de Sanidad.

Es uno de los planes estrella de la cartera de Mónica García, sin embargo, tiene en pie de guerra a los oftalmólogos por no contar con ellos en su implantación, ya que en la práctica deja en manos de los ópticos-optometristas la valoración de la visión que da lugar a la posterior ayuda para gafas o lentillas, que constituye la esencia del plan.

Fue con los ópticos con quienes el equipo de García acordó la implantación del plan, que recoge ayudas de hasta 100 euros por menor de 16 años que necesite gafas o lentillas.

Por eso, en su recurso contra el Plan Veo de APOE ante la Audiencia Nacional incluyó la petición de medidas cautelares, con las que buscaba la suspensión inmediata del plan para evitar daños irreparables derivados de la falta de participación del médico especialista, el oftalmólogo, en el diagnóstico de la patología ocular de los menores que se acojan a esta ayuda del Ministerio de Sanidad.

El rechazo a esas medidas no influye en el procedimiento judicial, que sigue su curso, de modo que la Audiencia Nacional se pronunciará sobre las cuestiones que plantea APOE, que se sustentan, fundamentalmente, en una posible invasión de competencias, que comprometería la seguridad de los pacientes, en este caso de los menores.

Según los recurrentes, el ministerio podría haber incurrido en varias ilegalidades en la puesta en marcha de estas ayudas y que APOE resume en tres puntos:

El diagnóstico es un acto médico: un niño con mala visión no siempre necesita gafas; puede padecer patologías graves (tumores, cataratas congénitas o ambliopías) que solo un médico puede detectar y tratar.
Seguridad frente a interés comercial: La salud visual no puede quedar al arbitrio de criterios de mercado. El filtro médico es la única garantía de salud. El Plan Veo establece que los colegios de ópticos gestionen los pagos a sus propios colegiados a partir de presupuesto público, estableciendo un claro conflicto de interés, contrario a la Ley del Medicamento (RD 1/2015).
Responsabilidad legal: El Ministerio no puede obviar la jerarquía normativa para "agilizar" listas de espera a costa de la seguridad del paciente.

El 'Plan Veo' de Sanidad, pendiente de la decisión de la Audiencia Nacional, que puede suspenderlo, 'Plan Veo': ayuda de hasta 100€ para las gafas y lentillas de los menores de 16 años, Recomiendan fomentar las actividades al aire libre entre los menores para evitar el incremento de la miopía Con una dotación de 48 millones de euros, a cargo de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, el P La Audiencia Nacional ha desestimado la petición de la Asociación Profesional de Oftalmólogos de España (APOE) en su recurso al plan, que pedían suspenderlo hasta la sentencia. Off Soledad Valle Oftalmología Off

Rubial (gerente): "En Valdecilla estamos creando un comité de IA"

Archivado: mayo 27, 2026, 3:45pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle XXXIV Congreso de Juristas de la Salud

"No vamos a parar el avance de la IA en sanidad, igual que no vamos a parar el mar". Con ese convencimiento, pero sin dramas, sin pesimismo y sí con mucho realismo, Félix Rubial, director gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, intervino en el XXXIV Congreso de Juristas de la Salud, que se está celebrando estos días en Santander. Resumió en cinco ámbitos sanitarios las herramientas de IA que ya se están utilizando, habló sobre la gobernanza, los retos y el aprendizaje que queda por delante en el manejo de esta ventana de oportunidades (no sin riesgos, claro).

¿Cuáles son los cinco campos sanitarios donde está implantada la IA? Rubial enumeró: el apoyo en el diagnóstico por la imagen; la estratificación del riesgo para la toma de decisiones; la ayuda a la gestión operativa de las organizaciones en general, como es la coordinación y la integración de actividades y datos para la toma de decisiones sobre pacientes; las herramientas ligadas al procesamiento del lenguaje natural y el quinto campo de uso de la IA es la explotación y el análisis de todos los datos generados en las organizaciones sanitarias, "de los que no sacamos todo el provecho que podríamos".

Gobernanza

¿Quién debe encargarse de la IA? El director gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla señala directamente a "la cúpula de la organización", como los responsables de liderar este "tsunami".

"Una transformación tan compleja, como la que trae la inteligencia artificial, no puede delegarse, debe estar pilotada desde arriba y hacerse de manera interconectada con la gobernanza federada del Sistema Nacional de Salud".

Cree con convencimiento que "todos los centros sanitarios de España deberían tener un comité de IA, sin demora". Y aclara que no se refiere a un comité de tecnologías sanitarias, ya que estos ya existen, sino a un comité específico de IA, en el que estén representadas las personas con mayor conocimiento, visión y capacidad para ver lo que ocurre y está por ocurrir.

"Nosotros estamos montando un Comité específico de IA en el hospital. Hemos designado referentes, en primer lugar, pidiendo a los servicios que nos identifiquen a esas personas. Vamos a dar formación y queremos mapear esas herramientas, velar por su uso responsable y visibilizarlas...". Rubial apunta a que en cada área del hospital debe existir un referente de IA, "para no quedarnos retrasados".

"La tecnología nos da capacidades, pero la gobernanza nos da la dirección, la gobernanza es más importante que el algoritmo", asevera.

Los juristas de la salud se esfuerzan en descifrar la IA y responder a "la pregunta del millón" , El preventivista Félix Rubial, nuevo gerente del Hospital de Valdecilla, Los sistemas sanitarios europeos no están preparados para integrar la IA, según la OMS Las resistencias al cambio y los retos que afronta cualquier organización sanitaria en este proceso de implantación no son nada desdeñables. "Las orga El gerente del Hospital Marqués de Valdecilla (Santander), Rubial señala que la implantación de la IA en la sanidad debe estar liderada "desde arriba". Off Soledad Valle Política y Normativa Política y Normativa Off

Los juristas de la salud se esfuerzan en descifrar la IA y responder a "la pregunta del millón"

Archivado: mayo 27, 2026, 3:27pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle XXXIV Congreso de Juristas de la Salud

En la XXXIV edición del Congreso de Juristas de la Salud que ha arrancado este miércoles, 27 de mayo, en el Palacio de Festivales de Santander, donde estará hasta el viernes, la estrella invitada es la inteligencia artificial (IA) y las múltiples incógnitas que trae su acomodo dentro de la actividad sanitaria.

De ella habló el consejero de Sanidad Cantabria, César Pascual, en la inauguración del Congreso, que lleva por título "Salud y tecnologías emergentes". Advirtió: "si algún día logramos hospitales más inteligentes, algoritmos más precisos y sistemas más predictivos, pero el ciudadano siente que ha perdido humanidad, confianza o dignidad, habremos fracasado profundamente", con el convencimiento de que "la IA debe estar al servicio del hombre y no al revés".

La pregunta del millón

Sus reflexiones se dejaron oír en otras mesas del Congreso en esta primera jornada, donde se ha abordado la gobernanza y el uso responsable de la IA en la asistencia sanitaria, la seguridad del paciente, la gestión de listas de espera, los riesgos de la ciberseguridad, la transparencia algorítmica... Y un tema capital en este foro donde hay muchos abogados, tanto de compañías aseguradoras de los servicios sanitarios públicos como de las administraciones sanitarias, que es ¿a quién se debe exigir responsabilidad por los daños derivados del uso de la IA en la atención al paciente?

Hasta ahora -y el Congreso no ha hecho más que empezar- la pregunta sigue en el aire sin una respuesta clara ni por parte de los ponentes en las mesas ni en los corrillos de expertos donde, sin duda, es "la pregunta del millón".

María Esther Castanedo García, presidenta de la Sala Contencioso-administrativa del TSJ de Cantabria, ha señalado en su intervención en el Congreso que "todavía es pronto" para saber cómo se juzgarán los errores derivados del uso de la IA en Sanidad, y considera que alcanzar una respuesta a esta cuestión "va a ser muy difícil".

Si bien la magistrada de lo Contencioso ha admitido, con contundencia, que desde el Derecho y la Jurisprudencia se va a poner coto a los peligros que pueda entrañar el uso de la IA en salud, también ha insistido en la enorme dificultad de establecer un marco de responsabilidad por errores de la inteligencia artificial.

Transparencia algorítmica

Como una primera pieza para la construcción de una jurisprudencia en este ámbito, Castanedo García se ha referido a la sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativa del Tribunal Supremo, con fecha de 11 de septiembre de 2025, que establece, por primera vez, el principio de transparencia algorítmica, al obligar al Estado a entregar a la Fundación Civio el código fuente de BOSCO, la aplicación que determina el bono social eléctrico.

Hay vida más allá de la IA

Pero no todo es IA. "Hemos querido hacer un programa con temas de última generación como la aplicación de la IA o la elaboración de los CAR-T y las implicaciones jurídicas que tienen", apunta el presidente de Juristas de la Salud, José María Barreiro Díaz, a la pregunta de esta periodista sobre la elección de los temas.

Barreiro Díaz se muestra satisfecho de cómo ha ido el primer día de este congreso que está entre los encuentros más veteranos de una disciplina, la del Derecho Sanitario, que ha protagonizado en los últimos años un crecimiento exponencial en cuanto a los profesionales que optan por una especialización, íntimamente ligada a cualquier desarrollo y evolución del Sistema Nacional de Salud. También -por si no lo ha pensando, usted- a cualquier intervención de salud pública (lea aquí pandemias pasadas o futuras).

Entre los más de 200 inscritos al congreso se mezclan rostros veteranos, de miembros de los servicios jurídicos de consejerías de sanidad o abogados pioneros del Derecho Sanitario que llevan años -muchos años- dando servicio a compañías aseguradoras de los profesionales sanitarios, tanto en el ámbito público como en el privado, con otros rostros nuevos y jóvenes, que aseguran la continuidad de este foro.

"Sí, hay un rejuvenecimiento importante de la asociación", explica Barreiro, que después de ocupar cargos en el ámbito sanitario en la Xunta de Galicia, ahora es director general de Simplificación Administrativa y Patrimonio de la Xunta.

¿Quién responde de los errores sanitarios de la IA?, La IA generativa se queda corta en diagnóstico diferencial; hay que reforzarla con IA simbólica, "La colaboración entre científicos y la IA permite afinar en el diseño de moléculas para influir en una diana terapéutica" En este caluroso miércoles en Santander han pasado por el congreso, además de los ya señalados: el catedrático de Derecho Administrativo Luis Martín R La inteligencia artificial en el ámbito sanitario ha sido la protagonista de la primera jornada del Congreso anual de la Asociación Juristas de la Salud, en Santander. Off Soledad Valle Política y Normativa Política y Normativa Off

El Supremo reconoce la legitimación de un padre para recurrir la eutanasia de su hijo

Archivado: mayo 19, 2026, 1:14pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Jurisprudencia

El Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha acordado este martes reconocer la legitimación activa para recurrir judicialmente la concesión de la eutanasia a personas "con una vinculación particularmente estrecha con el solicitante de la prestación", en contra de los argumentos de la Generalitat de Cataluña en el caso de Francesc, un hombre de 55 años, cuya eutanasia ha sido paralizada por el recurso presentado por su padre.

De este modo, el Alto Tribunal desestima el recurso presentado por la Generalitat catalana contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que reconoció al padre de Francesc la legitimación para recurrir judicialmente la concesión de la eutanasia a su hijo mayor de edad y sin ninguna patología mental conocida.

La decisión del Pleno se ha aprobado por una mayoría de 23 magistrados frente a nueve. El Supremo ha adelantado el sentido de una sentencia que se conocerá en los próximos días.

El caso de Francesc

La Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia de Cataluña autorizó solicitud de la eutanasia de Francesc, alegando el sufrimiento producido por las importantes secuelas en el movimiento y en el habla derivadas de los tres ictus y dos infartos que había sufrido.

Objeción de conciencia, salud mental y recursos judiciales: frentes abiertos de la eutanasia, La eutanasia revisa su aplicación con más papel para Enfermería y la obligación del objetor a registrarse, La eutanasia de Noelia interesa a Trump y lleva a los juzgados a los profesionales implicados Ante esta resolución favorable, el padre del hombre recurrió a la justicia que, en primera instancia, inadmitió el recurso en un auto que indicó que e El TS se pronuncia en contra de los argumentos de la Generalitat de Cataluña en el caso de Francesc, un hombre de 55 años, cuya eutanasia ha sido paralizada por su padre. Off Soledad Valle Psiquiatría Geriatría Política y Normativa Off

¿Quién indemniza errores en derivaciones para reducir listas de espera? El caso de una gimnasta de Aragón

Archivado: mayo 18, 2026, 1:30pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Mala praxis

Su nombre y su historia son conocidas y has sido publicadas en los medios locales de Aragón: Noemí Cobos. La gimnasta de alto nivel contaba con 22 años, cuando los dolores en la rodilla derecha le obligaron a pasar por el quirófano y apartarse de lo que, confiesa, era su pasión: "la gimnasia rítmica".

Era el año 2017 y tras ser atendida en el Hospital Obispo Polanco de Teruel fue derivada al Hospital Universitario Miguel Servet, donde el 30 de mayo de 2018 se le diagnosticó "inestabilidad articular por lesión del ligamento cruzado anterior y del complejo posterolateral".

La deportista entró en la lista de espera quirúrgica y, como tardaban en darle fecha, reclamó. Entonces, le ofrecieron operarse de manera concertada en la Clínica Montpellier de Zaragoza. Aceptó y fue intervenida el 26 de abril de 2019.

Sin embargo, este abordaje quirúrgico no se completó, pues solo se intervino la rotura del ligamento cruzado, sin llegar a la segunda parte de este proceso que era la reconstrucción del complejo posterolateral de la rodilla. ¿Por qué no se hizo? Durante el juicio no se obtuvo ninguna respuesta concluyente a esta pregunta más que lógica y, además, demostrada en el juicio. Solo se apuntó como posible causa "un error por olvido o defecto de comunicación".

A pesar de esta omisión, en agosto de 2019, tres meses después de la intervención, la paciente acudió a revisión al Hospital Obispo Polanco de Teruel refiriendo "molestias y sensación de dolor". Durante dos años estuvo quejándose de dolor; a pesar de ello, el error en la intervención no se detectó en las primeras revisiones.

Finalmente, en octubre de 2022, el Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital Obispo Polanco atendió las quejas continuas de la joven y determinó la necesidad de una nueva cirugía para la reconstrucción de la zona no intervenida.

Condena millonaria a una ginecóloga por no seguir el protocolo de la SEGO para resolver una distocia en un parto, Condena por no informar del riesgo de daños neuropáticos crónicos y graves tras una anestesia raquídea, ¿Qué ocurre cuando la Administración admite el error de praxis, pero el hospital de gestión privada no? Distintos informes periciales reconocieron el error de la primera intervención y admitieron que el resultado de la segunda operación estuvo condiciona El TSJ de Aragón ha condenado al Servicio Aragonés de Salud a compensar con 80.000 euros una mala praxis en el abordaje de la rodilla de una gimnasta de alto nivel. Off Soledad Valle Cirugía Ortopédica y Traumatología Off

Otra crisis de salud pública que 'nos pilla' sin ley de pandemias

Archivado: mayo 16, 2026, 6:00am UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Salud Pública

Mucho se habló durante los peores meses de la covid de aprobar una ley de pandemia para dar seguridad jurídica y agilizar las medidas adoptadas para luchar contra el virus. Desde los niveles más técnicos de las administraciones autonómicas, al igual que desde el mundo jurídico, la necesidad de una regulación clara para enfrentar pandemias no dejaba la menor duda.

César Tolosa, actual magistrado del Tribunal Constitucional, ve necesario que se "establezca un marco normativo que no dé lugar a inseguridades jurídicas, como las que se han producido".

Durante la pandemia, Tolosa era presidente de la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Supremo y sabía de lo que hablaba al apuntar a "inseguridades jurídicas que se han producido". En ese tiempo, los juzgados de lo contencioso-administrativo tuvieron que avalar los confinamientos, los cierres perimetrales, los pasaportes covid, la imposición de vacunas en menores y en dependientes... Y hubo sentencias en una dirección y en otra, porque la situación era inédita y, como apuntó el magistrado, "la legislación española no estaba preparada para actuar en pandemia".

Lo sorprendente es que el marco normativo en España sigue sin estar preparado seis años después de la declaración de pandemia por SARS-CoV-2. Carlos Sardinero, abogado experto en Derecho Sanitario y Penal, explica que la respuesta que se ha dado al brote del hantavirus en el crucero MV Hondius ha estado sostenida en las mismas normas que las utilizadas para atajar la covid: una regulación dispersa, que puede llevar a confusiones. Por ejemplo, a que la ministra de Defensa, Margarita Robles, hable de confinamiento "voluntario" y la de Sanidad, Mónica García, tenga que dejar claro que de voluntario, nada.

Seguridad jurídica

"Contar con una ley de pandemias daría seguridad jurídica, claridad y agilidad a cualquier medida que se tenga que poner en marcha en una situación de crisis de salud pública", concluye Sardinero.

La covid dejó lecciones sobre las medidas que servían y las que no para atajar una crisis de salud pública. "¿Sirvió de algo cerrar los colegios durante la pandemia cuando vimos que los niños ni transmitían ni contagiaban?", se preguntaba una médica pediatra de Toledo, en el debate posterior a la proyección de la película Contagio, de (2011), en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

César Cierco, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Lleida y reconocido experto en el ámbito de la Salud Pública, defiende la aprobación de una ley de pandemias. Reconoce que, además, durante la covid se pusieron de manifiesto medidas que deberían incluirse en una regulación porque han resultado efectivas, como son los cierres perimetrales, las cuarentenas, la vacunación...

César Tolosa: "La reforma constitucional no la veo necesaria para afrontar una crisis sanitaria. Hace falta una ley de pandemia", Brote en Mallorca: ¿qué más tiene que pasar para aprobar una ley de pandemias? , ¿Y si la ley de pandemias que niega el Gobierno se estuviera construyendo ya? El experto defiende las ventajas de regular en este ámbito, pues, coincidiendo con el resto de voces consultadas, apunta a "la seguridad jurídica, que La vigilancia de la Salud Pública requiere reformar la legislación con una regulación específica para las crisis y con una visión trasversal presente en todas las políticas. Off Soledad Valle Medicina Preventiva y Salud Pública Profesión Política y Normativa Profesión Off

Las cuarentenas por hantavirus necesitarán nuevo aval judicial y ¿otra ley?

Archivado: mayo 11, 2026, 1:30pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Regulación

Con la urgencia prevista en la legislación española, el Juzgado de Instancia número 25 de Madrid ratificó la orden del Ministerio de Sanidad, del 8 de abril, con las medidas de cuarentena para los 14 pasajeros españoles en contacto con afectados por hantavirus, a bordo del crucero MV Hondius. Era viernes por la noche, cuando el Ministerio de Sanidad solicitó el aval judicial, que fue dictado en la mañana del día siguiente, el sábado 9 de abril.

La justicia ha respondido afirmativamente a la solicitud del Ministerio de Sanidad y lo ha hecho por el tiempo que pedía la autoridad competente: siete días naturales. Por lo tanto, en las próximas jornadas el ministerio deberá pedir una prórroga al aval judicial a las medidas de cuarentena, donde, de acuerdo con varios abogados consultados, expertos en Derecho Sanitario, el ministerio debería volver a justificar, desde el punto de vista epidemiológico y de salud pública, la necesidad de la medida de cuarentena, pues afectan a derechos fundamentales, de los pasajeros, por un lado, y de la población general, por otro. Entonces, ya se conocerán los resultados de las pruebas PCR a las que se están sometiendo los pasajeros españoles del crucero.

En todo caso, la prórroga a la cuarentena no debería ser dictada por el mismo juzgado, pues la competencia en esta materia la tienen los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, pero el 9 de mayo actuó el juzgado de guardia (el número 25 de Madrid), porque ocurrió en fin de semana, cuando los tribunales competentes no estaban en activo, según aclara Carlos Sardinero, abogado experto en Derecho Sanitario y Derecho Penal.

Javier Moreno, socio-director de MBE Legal, explica esa necesidad de contar con el aval judicial a las medidas que vaya adoptando el Ministerio de Sanidad, para responder a la situación epidemiológica, "medidas que pueden ir variando y que, en todo caso, deben estar bien justificadas y ponderadas pues limitan derechos fundamentales".

¿Tiene alguna duda de que la cuarentena es obligatoria en hantavirus? El Ministerio de Sanidad lo aclara, Hantavirus: Sanidad fija el 6 de mayo como último día de posibles contactos y extenderá la cuarentena 42 días , Hantavirus, covid, rabia y ébola: qué hace más peligroso a un virus zoonótico El marco legal que sostiene todo el procedimiento de prevención y abordaje del brote epidemiológico del hantavirus es conocido, pues fue el que se uti Los instrumentos legales para responder al brote del hantavirus son los mismos que se utilizaron durante la covid, porque no se ha aprobado nada nuevo. Off Soledad Valle Política y Normativa Política y Normativa Off

¿Tiene alguna duda de que la cuarentena es obligatoria en hantavirus? El Ministerio de Sanidad lo aclara

Archivado: mayo 7, 2026, 1:19pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Legislación

Este miércoles, la ministra de Sanidad, Mónica García, informó que los 14 pasajeros españoles a bordo del MV Hondius serían sometidos a una cuarentena por hantavirus, tras su traslado al Hospital Gómez Ulla de Madrid. El mismo día, la ministra de Defensa, Margarita Robles, aclaró que la cuarentena sería "voluntaria".

¡¿Voluntaria?! Los expertos jurídicos en la materia no tienen ninguna duda de la capacidad del Ministerio de Sanidad de imponer la cuarentena a las 14 personas que compartieron espacio afectados por el hantavirus en el crucero MV Hondius.

"La Ley orgánica 3/1986, de medidas especiales en materia de salud pública, faculta a las autoridades sanitarias para adoptar medidas urgentes y necesarias para proteger la salud pública. Permite acciones como aislamientos, cuarentenas y hospitalizaciones forzosas, con el objetivo de proteger la salud pública. Todas las administraciones públicas pueden aplicar dichas medidas restrictivas en sus respectivos ámbitos territoriales", explica Francesc José María, director del Consorcio de Salud y Social de Catalunya (CSC) Cataluña y abogado experto en legislación sanitaria. Tampoco tiene ninguna duda el abogado experto en Derecho Sanitario Carlos Sardinero, quien recuerda el caso de los alumnos de un Colegio de Granada a los que se les impuso la vacunación por interés de salud pública.

José María, además, sentencia: "Este no es un problema jurídico, sino epidemiológico".

Sin embargo, desde el Ministerio de Sanidad han visto la necesidad de aclarar cuál es el soporte legal para la adopción de esta medida.

"La medicina intensiva española está preparada para atender a afectados por hantavirus", Sanidad decidirá la escala del barco afectado por el brote de hantavirus "en función de los datos epidemiológicos" , Bermejo, médico de sanidad exterior, sobre el hantavirus: "Nuestra misión es minimizar los riesgos de salud pública" En una nota difundida entre los medios de comunicación, el Ministerio de Sanidad detalla el arsenal jurídico con el que cuenta la legislación española El carácter voluntario con el que la ministra de Defensa, Margarita Robles, calificó la cuarentena de los españoles a bordo del MV Hondius ha precedido a la aclaración de Sanidad. Off Soledad Valle Profesión Microbiología y Enfermedades Infecciosas Off

Hantavirus en el MV Hondius: del foco sanitario al choque institucional

Archivado: mayo 6, 2026, 1:10pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Hantavirus y competencias

A esta altura de la semana es muy probable que usted ya sea un experto en hantavirus. La retransmisión casi en directo de lo que ocurre con las 147 personas a bordo del crucero MV Hondius, donde se ha declarado un brote de hantavirus, ha dado voz a expertos en salud pública, virólogos, epidemiólogos, responsables de Sanidad...

Sin embargo, el debate en las últimas horas se ha trasladado, desde ese ámbito sanitario, al de las competencias entre administraciones y al del derecho internacional.

Un cambio de foco

Este movimiento ha sido propiciado porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha confirmado que el crucero, finalmente, llegará a Tenerife, atendiendo al requerimiento de la OMS. Un anuncio que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, no ha recibido nada bien.

"Esta decisión no obedece a ningún criterio técnico ni nos han proporcionado información suficiente para mantener un mensaje de calma y garantizar la seguridad de la población en Canarias", ha declarado el presidente canario nada más conocer la decisión del Gobierno de España.

Las dos preguntas

Ante este escenario caben dos preguntas: ¿España tiene obligación de atender a los pasajeros del crucero como le indica la OMS? ¿El Gobierno de Pedro Sánchez puede imponer a una comunidad autónoma la atención a estos pasajeros?

Sanidad decidirá la escala del barco afectado por el brote de hantavirus "en función de los datos epidemiológicos" , Posible brote de hantavirus en un crucero que partió de Argentina, investigado por la OMS , Nueva pandemia en el horizonte: será de gripe, pero ¿cuándo? A estas cuestiones responde Miguel Ángel Ramiro Avilés, profesor titular de Ciencias Jurídicas en la Universidad de Alcalá, quien recuerda que "España ¿España debe atender al crucero del hantavirus como dice la OMS? ¿Puede negarse Canarias? Miguel Ángel Ramiro Avilés, profesor de la Universidad de Alcalá, responde. Off Soledad Valle Microbiología y Enfermedades Infecciosas Off

Hantavirus en el MV Hondius: del foco sanitario al choque institucional

Archivado: mayo 6, 2026, 1:10pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Hantavirus y competencias

Sin embargo, el debate en las últimas horas se ha trasladado, desde ese ámbito sanitario, al de las competencias entre administraciones y al del derecho internacional.

Un cambio de foco

Las dos preguntas

El 'Plan Veo' de Sanidad, pendiente de la decisión de la Audiencia Nacional, que puede suspenderlo

Archivado: mayo 6, 2026, 6:00am UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Tribunales

A fecha de 30 de marzo de 2026, el Ministerio de Sanidad, a través de las comunidades autónomas, había recibido 206.910 solicitudes de menores de hasta 16 años para adherirse al Plan Veo, cuando el citado plan llevaba apenas tres meses en vigor.

La medida impulsada por el Ministerio de Sanidad comprende un paquete de ayudas a menores de 16 años que necesitan gafas, de hasta 100 euros por beneficiario. El presupuesto total del plan es de 48 millones de euros y está en vigor hasta el 31 de diciembre de 2026, pero con la intención de convocar una segunda edición.

El Ministerio de Sanidad ha desarrollado el Plan Veo con el Consejo General de Colegio de Ópticos-Optometristas sin contar con los médicos oftalmólogos que han recurrido el Real Decreto 902/2025, que sustenta el programa, ante la Audiencia Nacional.

La Audiencia Nacional ha admitido el recurso de la Asociación Profesional de Oftalmólogos de España (APOE) que considera que el plan invade competencias reservadas a los médicos oftalmólogos, entre otras cuestiones.

Además, la Audiencia está estudiando la posibilidad de admitir las medidas cautelares que pide APOE en su recurso y que llevarían a paralizar el plan. En contra de estas medidas cautelares se han pronunciado los ópticos, a través de su Consejo, pero no así el Ministerio de Sanidad, que no ha dicho nada todavía, según apunta el abogado Alexis Godoy, que representa a los oftalmólogos.

Esta oposición al Plan Veo por parte de los oftalmólogos no pilla por sorpresa al Ministerio de Sanidad, pues durante la tramitación de la regulación ya manifestaron sus dudas.

¿No consultó Sanidad a los oftalmólogos? Según ha podido saber este medio, el Ministerio de Sanidad se puso en contacto con la Sociedad Española de Oftalmología (SE), cuando ya se había publicado el plan, y los oftalmólogos advirtieron al Ministerio que no estaban de acuerdo con esta fórmula de diagnóstico de patologías oculares en los menores, donde no participaba un médico especialista.

'Plan Veo': ayuda de hasta 100€ para las gafas y lentillas de los menores de 16 años, Recomiendan fomentar las actividades al aire libre entre los menores para evitar el incremento de la miopía, A lo largo y ancho del intrusismo profesional "No permitiremos que se degrade la calidad asistencial de nuestra sanidad ni que se normalice el intrusismo profesional en una etapa tan crítica como Los datos del Plan Veo apuntan a un programa de éxito que, sin embargo, se ha adoptado a espaldas de los oftalmólogos y ahora la Audiencia Nacional decide sobre su suspensión. Off Soledad Valle Oftalmología Off

Objeción de conciencia, salud mental y recursos judiciales: frentes abiertos de la eutanasia

Archivado: abril 27, 2026, 2:03pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Prestación

Ha sido el segundo encuentro de miembros de las comisiones de Garantía y Evaluación de la Eutanasia de las comunidades autónomas, desde que se aprobó la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE), y el primer encuentro presencial.

El Ministerio de Sanidad ha estado representado en la inauguración por María Fernández, subdirectora de Calidad Asistencial, y el lugar elegido ha sido la Escuela Andaluza de Salud Pública, en Granada, donde del 23 al 24 de abril, se han reunido más de 90 profesionales de 15 comunidades autónomas, de todas menos Asturias y Cantabria (en una primera versión de esta información se incluyó a Extremadura entre las ausente por una información errónea).

Aunque el paraguas del encuentro lo pone el Ministerio de Sanidad, la encargada de "impulsar y organizar" esta reunión ha sido la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia de Andalucía, como confiesa su presidente, el médico y expresidente de la OMC, Serafín Romero.

¿El objetivo de este encuentro? "Conocer cómo estamos trabajando desde cada comisión de la Eutanasia autonómica, algo que es de primero de gestión profesional y básico para mejorar la prestación", explica Romero.

De acuerdo con el anfitrión y con un nutrido número de participantes que han dado su opinión a Diario Médico, los dos días de la reunión han sido "muy provechosos", abordando "temas complejos" y en "un ambiente de colaboración y escucha".

Porque, como señala el presidente de la comisión de andaluza, más allá de los datos sobre la prestación, que ofrece puntualmente el Ministerio de Sanidad, es necesario ahondar en los expedientes que tienen que resolver. "Después de cinco años -que cumple la LORE- hay que compartir dudas sobre los expedientes que nos llegan, sobre interpretaciones de la ley...".

La eutanasia revisa su aplicación con más papel para Enfermería y la obligación del objetor a registrarse, La eutanasia de Noelia interesa a Trump y lleva a los juzgados a los profesionales implicados, "La eutanasia no es un acto médico", pero sin médicos no hay eutanasia Las cuestiones que se abrieron paso en el programa fueron la objeción de conciencia, la donación de órganos, la legitimación de terceros para reclamar Más de 90 profesionales de comisiones de la eutanasia de quince autonomías y el Ministerio de Sanidad se han reunido en Granada. Off Soledad Valle Psiquiatría Geriatría Profesión Profesión Off

¿Prohibirá España fumar a una generación como Reino Unido? El Ministerio de Sanidad dice que "todavía no"

Archivado: abril 22, 2026, 1:37pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Tabaco

Reino Unido ha aprobado una ley para que los nacidos a partir del 1 de enero de 2009 no fumen nunca, al prohibir la venta de tabaco a estas generaciones. La regulación entraría en vigor el próximo año e incluye otras medidas sobre productos de tabaco, vapeo y nicotina. En Reino Unido, esta regulación ha sido anunciada como "pionera", "histórica" y esperan que traigan al país "la primera generación libre de humo".

¿Es posible algo así en España? ¿Hay voluntad desde el Ministerio de Sanidad de avanzar por este camino? ¿Es una medida avalada por la evidencia científica?

Pedro Gullón, director general de Salud Pública y Equidad en Salud, del Ministerio de Sanidad, responde con cierta ambigüedad, porque aunque no descarta la posibilidad de implantar una prohibición antitabaco como la de Reino Unido, avanza que España no está preparada todavía para esta norma, porque la incidencia del tabaco en nuestros aún registra cifras elevadas.

"Esta medida no se puede descartar para un futuro en España, pero, desde luego, todavía no estamos en el momento adecuado", afirma.

Gullón reconoce que la legislación impulsada en Reino Unido "tiene un interés enorme" como instrumento para "bajar la prevalencia del tabaco de forma generacional, prohibiendo a cierta cohorte de personas fumar". Sin embargo, el responsable de Salud Pública del Ministerio adelanta que "hay que tener un contexto adecuado".

Está claro que el contexto de España no es el adecuado, como también advierte Josep María Suelves, vicepresidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT). "Tenemos una prevalencia en el consumo de tabaco por encima del 20%, mientras que en Reino Unido está en torno al 10%, así que es poco realista poner en marcha medidas draconianas de prohibición de venta de tabaco en menores, cuando nos quedan otros caminos que recorrer".

Retraso legislativo

Gullón explica que "los países que se están animando a hacer este tipo de políticas suelen ser países, como Australia o, ahora, el Reino Unido, donde las prevalencias de tabaquismo son más bajas y donde ha habido políticas públicas más potentes en este campo". Y habla de "un retraso legislativo" de España en políticas antitabaco.

Nuevas zonas "sin humos" aprobadas en el anteproyecto del Gobierno, Mínimos históricos en consumo de alcohol, tabaco y cannabis entre los estudiantes de 14 a 18 años, El consumo de tabaco en España registra las cifras más bajas de los últimos 30 años A pesar de este "contexto desfavorable", los datos reflejan que el consumo de tabaco entre estudiantes de Secundaria en España, de 14 a 18 años, no de Pedro Gullón, director general de Salud Pública, no descartar aplicar la medida que acaba de poner en marcha Reino Unido, cuando las tasas de tabaquismo en España bajen. Off Soledad Valle Oncología-Radioterápica Psiquiatría Off

Enlace permanente para 'Riaño Galán (pediatra y vicepresidenta del Comité de Bioética): "Prohibir las redes sociales a los menores no es la solución"'

Riaño Galán (pediatra y vicepresidenta del Comité de Bioética): "Prohibir las redes sociales a los menores no es la solución"

Archivado: abril 21, 2026, 1:00pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Informe del Comité de Bioética de España

"Veo en la consulta lactantes de seis meses con la tablet. Y sí, no molestan nada, pero ya observamos retrasos del lenguaje", afirma Isolina Riaño Galán, pediatra en la Unidad de Endocrinología y Diabetes de la infancia y la adolescencia del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA)y vicepresidenta del Comité de Bioética de España.

Riaño Galán ha jugado un papel destacado en la elaboración del último informe del Comité de Bioética de España, dedicado a impulsar el uso responsable de las tecnologías digitales en la infancia y la adolescencia.

Por iniciativa propia, el órgano consultivo del Gobierno central en temas de bioética, en colaboración con su homólogo en Portugal, que es el Consejo Nacional de Ética para las Ciencias de la Vida, ha presentado este informe en Lisboa (Portugal), un trabajo de casi cien páginas donde reconocen los beneficios del uso de la tecnología en las etapas tempranas de la vida, pero siempre que ese uso sea "consciente, equilibrado y crítico".

"No podemos dejar todo el peso en las familias"

El objetivo que plantea el Comité de Bioética de España es ambicioso y su vicepresidenta reconoce que debe impulsarse desde distintos ámbitos: "No podemos dejar todo el peso en las familias".

Tampoco hay respuestas sencillas. "Hay que superar el enfoque de tiempo de pantalla para ir a uno centrado en la calidad del contenido, la finalidad y el contexto".

La vicepresidenta del Comité de Bioética de España lleva varias décadas ejerciendo como pediatra y, desde su dilatada experiencia, explica los problemas que ella, y sus compañeros de profesión, están observando en sus pacientes y que relacionan con el mal uso de las tecnologías. "Nos estamos encontrando con alteraciones del sueño, problemas musculares, oculares, de ansiedad, dependencia, bajo rendimiento escolar... Vemos autolesiones, problemas de autoestima y estados de ansiedad derivados de los me gusta (likes)".

"Es un error pensar que la solución está en legislar o prohibir. Las respuestas simples no sirven para problemas complejos como el que enfrentamos aquí, que requiere la implicación de toda la sociedad, cada uno desde su puesto", señala.

Prohibir las redes sociales a menores de 16 años, ¿mejorará su salud mental?, Adicciones: aumenta la prevalencia del juego de azar 'on line' y presencial entre los jóvenes, Consultar con frecuencia las redes sociales originaría cambios en el cerebro adolescente Riaño Galán explica el contenido del informe "Impacto del uso excesivo de las tecnologías digitales en la salud de la infancia y la adolescencia: valo La pediatra y vicepresidenta del Comité de Bioética de España, Isolina Riaño Galán, explica el impacto del mal uso de las tecnologías digitales en la salud de niños y adolescentes. Off Soledad Valle Pediatría Política y Normativa Profesión Off

Absolución al Servicio Murciano de Salud por la amputación de una pierna

Archivado: abril 20, 2026, 1:41pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Comité de Bioética de España

La Sala Contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha desestimado la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por un paciente al que le amputaron la pierna izquierda tras una grave evolución vascular e infecciosa. En su reclamación, el paciente solicitaba una indemnización de 316.366 euros al Servicio Murciano de Salud (SMS), que ha sido rechazada por la justicia.

El recurrente, un hombre de 43 años cuando ocurrieron los hechos, había sido diagnosticado de isquemia arterial crónica en grado IV, siendo intervenido para una revascularización quirúrgica con bypass en el miembro inferior derecho, con una evolución satisfactoria, en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia).

Sin embargo, pocos días después de recibir el alta, a finales de junio de 2021, el paciente tuvo que acudir a Urgencias en varias ocasiones por dolor en ambas piernas, más intenso en la pierna izquierda. Se le hizo un doppler vascular, que descartó una trombosis, así que se le dio cita para seguimiento en octubre. Pero no llegó a octubre. El 20 de julio acudió a urgencias del Hospital Universitario Reina Sofía, de Murcia por dolor insoportable en la pierna izquierda.

Revascularización

En ese momento, le diagnosticaron "una extensa arterioesclerosis que afectaba a varias arterias, entre ellas la femoral, con edemas y ampollas por isquemia". Le hicieron curas y trasladaron al Hospital Virgen de la Arrixaca, donde ingresó de urgencias para una revascularización, tras la cual se le dio el alta por mejoría. Pero volvió a acudir al centro sanitario en varias ocasiones por dolor en la pierna izquierda, la última de ellas, con fiebre alta debido a la infección de la zona.

El 11 de agosto fue derivado al Hospital Reina Sofía, desde urgencias del Virgen de la Arrixaca, donde intentaron el control de la infección y un nuevo bypass para activar el flujo sanguíneo sin éxito. De modo que el 31 de agosto el Servicio de Cirugía del Hospital Universitario Reina Sofía tomó la decisión de la amputación supracondílea de la pierna izquierda.

Tras esta medida, el paciente interpuso una reclamación ante el Servicio Murciano de Salud por considerar que hubo retrasos en la revascularización de la pierna izquierda, en el diagnóstico y en el tratamiento de la infección, y en la decisión de amputar, lo que, a su juicio, provocó la pérdida del miembro.

La defensa del paciente argumentó que la pierna izquierda se debió revascularizar antes, que no se agotaron alternativas terapéuticas frente a la infección y que la amputación se adoptó de forma prematura, además de alegar defectos en el consentimiento informado.

La creación de la Mesa de los Pacientes de Sanidad empieza "la casa por el tejado", El TJUE dice no a las vías abiertas en España para reducir la interinidad en sanidad y sirve en bandeja un cambio legislativo, Evitar el turismo universitario justificaría limitar el acceso a estudios de Medicina a no residentes en el país También alegaron que incluso si no se apreciaba infracción de la lex artis, existió una pérdida de oportunidad, porque una actuación más temprana habr El TSJ de Murcia rechaza la reclamación de 316.000 euros solicitada por el paciente al entender que en la actuación sanitaria no hubo retraso ni pérdida de oportunidad. Off Soledad Valle Angiología y Cirugía vascular Off

La creación de la Mesa de los Pacientes de Sanidad empieza "la casa por el tejado"

Archivado: abril 18, 2026, 6:00am UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Día Europeo de los Derechos de los Pacientes

Este viernes, en la víspera del día Europeo de los Derechos de los Pacientes, que es este 18 de abril, el Ministerio de Sanidad anunció la creación de la Mesa para la Participación de los Pacientes, mediante la publicación de una orden ministerial.

La Mesa de Participación de los Pacientes es un órgano "colegiado adscrito a la Secretaría de Estado de Sanidad, concebido como un espacio estable de coordinación y diálogo entre la Administración y las organizaciones de ámbito estatal", explican desde el Ministerio de Sanidad en una nota.

Un desarrollo normativo, sin ley

Su constitución está prevista en el artículo 9.1 e) del Anteproyecto de Ley de Organizaciones de Pacientes, donde se apunta que tendrá un desarrollo normativo. Sin embargo, la orden de constitución de este órgano de participación de los pacientes se ha adelantado a la aprobación de la ley, que salió de audiencia pública el pasado 4 de marzo.

Este movimiento ha dejado un poco descolocados a las asociaciones de pacientes. Raquel Sánchez, vicepresidenta del Foro Español de Pacientes (FEP), reconoce que este paso dado por Sanidad es "empezar la casa por el tejado", porque "esto es un desarrollo legislativo de una ley que no está aprobada" y "queremos una ley, no un premio de consolación, con un órgano sin capacidad de decisión y del que no se sabe bien quién podrá formar parte, ante la falta de un registro específico de asociaciones de pacientes y de una definición clara".

Y es que el tema que subyace detrás de la creación de esta Mesa es saber quiénes pueden ser consideradas organizaciones de pacientes y quiénes no. La definición que aparece en el artículo 2 del anteproyecto de ley sobre este punto, tiene en su segundo párrafo, que supone una ampliación del concepto de asociaciones de los pacientes con respecto a definiciones consensuadas en Europa.

Definición en el anteproyecto

El anteproyecto recoge, en su párrafo más polémico, que "se entenderán también por organizaciones de pacientes aquellas cuyo ámbito de actuación no se circunscriba a problemas de salud de manera específica, sino que dedican sus actividades a abordar las necesidades comunes derivadas de problemas de salud diferentes, así como aquellas encaminadas a fomentar la formación y participación de pacientes, familiares y personas responsables de los cuidados de carácter no profesional en el ámbito de las políticas que pudieran afectar a sus intereses".

El FEP pide a la ley que incluya su "legitimación activa" para recurrir a la justicia, La futura ley de organizaciones de pacientes es una buena noticia si se hace bien, Sanidad inicia la tramitación de la futura ley de organizaciones de pacientes Ha habido un sonoro clamor entre las asociaciones de pacientes en contra de esta definición que se aleja del concepto que recoge la EMA (Agencia Europ Sin ley, el Foro Español de Pacientes (FEP), que representa a 87 asociaciones, muestra dudas sobre este paso regulación que desarrolla una ley, pendiente de aprobarse. Off Soledad Valle Profesión Off

La creación de la Mesa de los Pacientes de Sanidad empieza "la casa por el tejado"

Archivado: abril 18, 2026, 6:00am UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Día Europeo de los Derechos de los Pacientes

Un desarrollo normativo, sin ley

Definición en el anteproyecto

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El TJUE dice no a las vías abiertas en España para reducir la interinidad en sanidad y sirve en bandeja un cambio legislativo

Archivado: abril 16, 2026, 6:00am UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Jurisprudencia

343.441 empleados de los 717.580 profesionales que trabajan en instituciones sanitaria públicas estaban en situación de temporalidad en enero de 2025, según recoge el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Pública, publicado por el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública. Es decir, el 48% de los profesionales que trabajan en instituciones sanitarias son temporales: interinos, eventuales... Un porcentaje muy alejado del 8% que la legislación fija como tope para los contratos temporales dentro de las administraciones públicas.

Pero por si ese porcentaje no fuera, en sí, un dato escandaloso para España, la última resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que se ha conocido esta semana, vuelve a poner en apuros al país al censurar, de manera expresa, los caminos emprendidos por la administración española para alcanzar ese 8% de interinidad del personal público y, además, indemnizar el fraude de ley cometido en los casos donde los interinos han ido encadenando contratos temporales, uno tras otro, durante años, décadas y, algunos, hasta su jubilación.

Consulta de la Sala Social del Supremo

La sentencia del TJUE responde a la consulta previa elevada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo sobre la situación de los empleados públicos con temporalidad abusiva, a raíz del recurso presentado por una trabajadora de un centro educativo dependiente de la Comunidad de Madrid, que desde marzo de 2016 ha ido encadenando contratos temporales. La respuesta que le dio la administración a su reclamación, por abuso de contratación, fue convertirla en personal "laboral indefinida no fija", de modo que su contrato quedaría extinguido cuando su puesto fuera cubierto definitivamente mediante un proceso selectivo y, en ese momento, recibiría una indemnización.

Esta solución no convenció a la trabajadora que terminó acudiendo a la Sala Social del Tribunal Supremo para pedir que su relación laboral fue declarada fija.

En su respuesta a la consulta del Supremo sobre la empleada de la Comunidad de Madrid, el TJUE comienza aclarando que no le corresponde pronunciarse sobre "si la normativa española sanciona debidamente la utilización abusiva del contrato o relaciones laborales de duración determinada sucesivos en el sector público y si permiten eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión", pero...

No vale nada de lo propuesto

El TJUE orienta al Tribunal Supremo sobre por dónde debe ir la sentencia que dicte y le viene a decir que ninguna de las medidas puestas en marcha por la Administración española para resarcir el abuso de los contratos temporales en la administración pública resulta suficiente.

Sobre la transformación del interino en "indefinidos no fijos" dice que "no constituye una medida adecuada para sancionar debidamente los abusos". Ya que "esta medida supone mantener una relación laboral de naturaleza temporal y, por lo tanto, la situación de precariedad del trabajador afectado, mientras que la estabilidad en el empleo ha sido concebida como un componente primordial de la protección de los trabajadores".

¿Cómo afecta la última sentencia del TJUE a la conversión en fijo por abuso de temporalidad?, El Supremo tumba sobrevalorar la experiencia en el Sergas para los procesos de estabilización , El Supremo abre la puerta a indemnizar los despidos de indefinidos no fijos en los procesos de estabilización Sobre las indemnizaciones previstas por la ley nacional -que, de manera general, son 20 días por año trabajado-, el TJUE dice que "no parece que pueda Ni procesos de estabilización, ni indemnizaciones de 20 días por año, ni la transformación del interino en "indefinidos no fijo" convencen al TJUE. A ver qué dice el Supremo. Off Soledad Valle Profesión Off

El FEP pide a la ley que incluya su "legitimación activa" para recurrir a la justicia

Archivado: abril 14, 2026, 2:26pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Anteproyecto de ley

El pasado 4 de marzo el Anteproyecto de Ley de Organizaciones de Pacientes salió del trámite de información pública. Las alegaciones que ha recibido el anteproyecto están siendo estudiadas por el Ministerio de Sanidad. "Estoy viendo cada alegación que se ha presentado al texto", ha asegurado Javier Padilla, secretario de Estado del Ministerio de Sanidad, durante su participación en el décimo Encuentro Nacional de Pacientes, del Foro Español de Pacientes (FEP), que se ha celebrado en el auditorio CaixaForum de Madrid, este martes, 14 de abril.

Raquel Sánchez, vicepresidenta del FEP, intervino junto con Padilla y Marcos Creco, presidente del European Patients´ Forum (EPF), en la mesa titulada "Año 2026 ¿Año de la Ley de Organizaciones de Pacientes?", donde abordaron la situación del anteproyecto y todas las esperanzas que hay volcadas es esta ley, presentada como "un avance decisivo en la participación de los pacientes en los sistema nacionales de salud", en palabras de Marcos Creco, quien, además, tuvo marcados elogios para la labor de España en este campo y el soporte del país al EPF, con especial reconocimiento a Elena Moya, como compañera en la Junta directiva de la EPF. La ministra de Sanidad, Mónica García, intervino en el encuentro por videoconferencia, donde reiteró la apuesta por reconocer la voz de los pacientes.

La buena sintonía entre el Ministerio de Sanidad y la Federación Española de Pacientes (FEP), que representa a más de 87 asociaciones de pacientes de toda España, ha quedado patente en el día de hoy y, además, ha sido confirmada a este diario por Andoni Lorenzo, presidente del FEP, y Raquel Sánchez, quien aseguró que están trabajando mano a mano con el Ministerio de Sanidad en el anteproyecto y que esperan "en días próximos" una llamada del Ministerio de Sanidad para reunirse con ellos y conocer cómo avanza la incorporación de alegaciones al anteproyecto.

Alegaciones históricas

Esa buena vibra no oculta, sin embargo, algunos desacuerdos en relación con el texto conocido del anteproyecto, donde el Ministerio de Sanidad no ha incluido dos alegaciones que son ya "históricas" de las asociaciones de pacientes, además de la financiación, que piden sea "pública y estable". Es decir, los pacientes no quieren "una información puntual del ministerio sobre convocatoria de subvenciones", como la vicepresidenta de FED asegura que les han ofreció.

Raquel Sánchez, a la que todo el mundo conoce como Sánchez-Fierro, porque es hija de Julio Sánchez Fierro, un reconocido jurista que ocupó importantes responsabilidades en el Ministerio de Sanidad y que también fue recordado en la jornada de este martes, ha explicado a este diario que entre las alegaciones presentadas al texto del anteproyecto está que se reconozca la "legitimación activa para las asociaciones de pacientes" y una presencia fija en el Comité Consultivo del Consejo Interterritorial.

Contar con una legitimación activa para que las asociaciones de pacientes puedan recurrir a los tribunales cuestiones como, por ejemplo, inequidades entre autonomías en el acceso a determinados fármacos o tratamientos. La situación actual, según señala, lleva a que cada paciente tiene que "pelear" en los tribunales su caso, con sus costes judiciales, y la resolución judicial que obtenga solo le afecta a él. "Si se admitiera la legitimación de las asociaciones de pacientes de recurrir a los tribunales cuestiones que les afectan, se podría optimizar esos recursos y la sentencia resultante sería de aplicación para todos los que estuvieran en la situación reclamada", aclara la vicepresidenta de FEP.

"Hemos propuesto al Ministerio de Sanidad que este reconocimiento se incluya como una disposición final a la ley que así lo contemple. Requeriría una reforme el artículo 11 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Eso es una encomienda a otro ministerio, el de Justicia, pero, por lo menos, que se valide y contemple", explica.

Las asociaciones de pacientes exigen "una participación real en el sistema", Sanidad inicia la tramitación de la futura ley de organizaciones de pacientes, Santiago García: "El reto del sistema sanitario es conseguir implicar a los pacientes" La otra petición que ya en 2010 fue motivo de una PNL es que las asociaciones de pacientes tengan un asiento fijo en el comité consultivo del Consejo Javier Padilla, Marcos Creco y Raquel Sánchez han participado en el décimo Encuentro Nacional de Pacientes, del Foro Español de Pacientes (FEP). Off Soledad Valle Profesión Profesión Off

Condena porque retrasar ocho años el abordaje del aneurisma determinó la muerte

Archivado: abril 13, 2026, 10:49am UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Sentencia

"Se agravó el riesgo para la vida del paciente por la demora en la intervención". Esta es la conclusión a la que llega el Juzgado de Primera Instancia número 105 de Madrid y que sostiene la condena a la aseguradora SegurCaixa Adeslas por pérdida de oportunidad en el tratamiento de un aneurisma de aorta infrarrenal, diagnosticado en 2013, pero que no se llegó a abordar quirúrgicamente hasta 2021. El paciente, un hombre de 67 años cuando ocurrieron los hechos, no superó el posoperatorio, porque tenía una condición respiratoria previa complicada, que derivó en su muerte. Así que la aseguradora ha sido condenada a indemnizar con 104.722 euros más intereses legales a la familia del paciente.

El fallo confirma que no hubo una relación de causalidad directa entre la demora de ocho años en el abordaje quirúrgico del aneurisma y el fallecimiento del paciente, pero el juzgado reconoce -citando una nutrida jurisprudencia- que ese retraso restó oportunidades de supervivencia al enfermo, además de condicionar el tratamiento del aneurisma, ya que la urgencia de la intervención descartó la posibilidad de una intervención endovascular, que hubiera reducido el tiempo y la complejidad del posoperatorio. Álvaro Sardinero, abogado experto en Derecho Sanitario, ha defendido a la familia del paciente fallecido y ganado el juicio.

"En definitiva -concluye la sentencia- considéranos que existió una clara pérdida de oportunidad con menos posibilidades de supervivencia cuya causa inmediata fue la negligencia médica de no tratar el aneurisma detectado en el año 2013, al demorar la intervención más de 8 años, teniendo el paciente una enfermedad pulmonar degenerativa que fue la causa de la muerte en el postoperatorio".

Caso clínico

Los hechos que se juzgan comenzaron en noviembre de 2013, cuando el paciente, con antecedentes de esquizofrenia crónica muy controlada, fumador y con cuidado habitual de su madre y tutela legal de su hermano, ingresó en el Hospital San Millán-San Pedro de La Rioja por inestabilidad al caminar y dolor abdominal. Fue intervenido por una apendicitis, pero en el TAC abdominal que le realizaron se vio que tenía "un aneurisma fusiforme de aorta infrarrenal hasta la bifurcación ilíaca de 67 mm, con importante trombosis mural".

Ante tal hallazgo inesperado no se determinó ninguna medida de seguimiento del paciente. Tampoco cuando volvió al hospital en 2015 por otros motivos y donde se volvió a confirmar el aneurisma.

No fue hasta que en febrero de 2021, cuando, derivado desde Atención Primaria, acudió a urgencias del mismo centro hospitalario por un dolor abdominal intenso. En el informe de alta del hospital aparece el aneurisma, aunque "sin signos de complicación ni rotura".

Crecimiento del aneurisma

Sin embargo, al día siguiente, el 5 de febrero de 2021, el tutor del enfermo recibió una llamada para que su hermano regresara al hospital para repetirle el TAC. La prueba de imagen puso en alerta al equipo médico: el aneurisma había crecido hasta los 84 milímetros, el informe radiológico apuntaba a un elevado riesgo de rotura, de modo que el abordaje se apuntó como urgente.

El juzgado investiga la muerte de los pacientes oncológicos de Burgos como homicidio imprudente, Tres sanitarias, entre las denunciantes por abuso sexual al médico de Canarias, España defiende en el TEDH una buena praxis al eliminar pezón y aureola en cirugía por cáncer de mama En 8 de febrero acudió al preoperatorio y se determinó su traslado al Hospital Central de Asturias por la urgencia de la situación, donde fue interven Un juzgado condena la pérdida de oportunidad en el abordaje de un aneurisma de aorta, porque, cuando operaron, el paciente tenía una situación respiratoria que derivó en su muerte. Off Soledad Valle Angiología y Cirugía vascular Profesión Off

Tres sanitarias, entre las denunciantes por abuso sexual al médico de Canarias

Archivado: abril 9, 2026, 1:27pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Penal

La investigación judicial contra un médico de Atención Primaria de Gran Canaria por una docena de delitos de agresión sexual está en marcha y aunque el acusado mantiene su presunción de inocencia, los detalles que han salido a la luz, por las declaraciones de las mujeres demandantes, dibujan una sólida sospecha de culpabilidad sobre el facultativo, que confirmará -o no- la justicia. En principio, el investigado se ha acogido a su derecho a no declarar.

Prueba de que las denuncias de las mujeres tienen visos claros de veracidad es que el Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria ha dictado, con fecha de 8 de abril, la entrada en prisión provisional comunicada y sin fianza del facultativo, que ha sido detenido por la Policía Nacional en su domicilio, de donde, además, han extraído varios dispositivos electrónicos, como el móvil y el ordenador portátil, para investigar su contenido.

Las declaraciones de las víctimas que recoge el auto sitúan los hechos denunciados en 2023, 2024 y 2025, en varios centros de Atención Primaria del Servicio Canario de Salud (SCS), entre ellos el de Calero, Firgas, San José y Triana, todos en la isla de Gran Canaria.

El origen de este procedimiento judicial fue una denuncia presentada el 9 de febrero de 2025, a la que han seguido una decena más, según recoge el auto.

El comportamiento del médico descrito por las denunciantes pone de manifiesto el supuesto abuso cometido por el facultativo de su posición de poder en la consulta, con órdenes de: quítate el sujetador, bájate el pantalón y tocamientos que, en un primer momento, desconciertan a las denunciantes, como apuntan, porque no saben si forman parte de una auscultación con un objetivo diagnóstico o de otra cosa. De modo que, algunas de ellas, según relatan, tomaron conciencia del abuso sexual o a su intimidad cuando salieron de la consulta.

"Sacó una crema de su maletín, momento en que me levanta el suéter y me baja el sujetador, poniéndome la crema sin guantes" , recoge un testimonio.

Tres sanitarias, compañeras del investigado

Entre las mujeres que han denunciado están tres sanitarias que coincidieron con el investigado en guardias, dos de ellas enfermeras, y, de la tercera, el auto no especifica si era médica o enfermera, más allá de que compartieron guardia de 24 horas. También ha denunciado una profesional de la limpieza de uno de los centros de salud donde pasaba consulta el acusado.

Una médica denuncia y gana el juicio contra un paciente por abuso sexual, España defiende en el TEDH una buena praxis al eliminar pezón y aureola en cirugía por cáncer de mama, Absolución a un hospital acusado de no activar el protocolo de agresión sexual Del relato de estas mujeres que trabajaron con el facultativo se extrae que se presentaba como médico estético y que con ese argumento les pedía que l El facultativo de primaria está en prisión provisional sin fianza y enfrenta el testimonio de once mujeres que relatan manoseo de sus zonas íntimas sin su consentimiento. Off Soledad Valle Profesión Profesión Off

Indemnizan el abandono de una paciente durante 36 horas, hasta su muerte, en un box de Urgencias

Archivado: abril 8, 2026, 10:56am UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Acuerdo

Cuando la mala praxis es evidente, la vía del acuerdo entre las partes se abre paso con el único esfuerzo de alcanzar la cifra de la indemnización que convenza a las dos partes. Así ha ocurrido con el acuerdo entre la aseguradora del Hospital General Universitario de Valencia, Berkshire Hathaway, el hospital y los familiares de la paciente que falleció a los 65 años en el box de Urgencias del hospital sin recibir atención sanitaria durante 36 horas. Murió de una pancreatitis aguda.

El acuerdo alcanzado obliga a la compañía aseguradora del hospital y al propio hospital -en virtud de la franquicia que tiene la póliza del seguro- a indemnizar a los familiares de la paciente fallecida, que son la madre, hija y esposo, con 225.000 euros. A Berkshire Hathaway le corresponde abonar 195.000 euros y al Consorcio Hospitalario General Universitario de Valencia, 30.000 euros.

Hace menos de un año

Los hechos que han motivado este acuerdo se remontan al 7 de mayo de 2025, cuando la paciente acudió al Hospital General Universitario de Valencia por dolor abdominal, vómitos de evolución y sensación de hinchazón abdominal.

Entró en un box de Urgencias del Hospital a las 00:12 del día de su ingreso y permaneció allí hasta las 07:32 horas del día siguiente, cuando falleció. Durante este tiempo, no consta que se le hiciera ninguna analítica ni exploración más allá de la que precedió a su entrada en Urgencias, cuando fue sometida a una ecografía abdominal y, desde el servicio de Cirugía General y Digestiva, se le diagnosticó una pancreatitis aguda biliar.

Condena al Sergas por defectos en el consentimiento informado, España defiende en el TEDH una buena praxis al eliminar pezón y aureola en cirugía por cáncer de mama, La medicina no es una profesión solo técnica Sin camas libres en planta, la paciente permaneció en el box de Urgencias abandonada a su suerte. Pues durante 36 horas no recibió atención y cuando l La aseguradora del Hospital General de Valencia, Berkshire Hathaway, y el hospital acuerdan indemnizar con 225.000 euros a la familia de la paciente que falleció a los 65 años. Off Soledad Valle Cirugía General y del Aparato Digestivo Off

Juicio mascarillas: hijo, hermano y novia de los acusados hablan de café y sobres

Archivado: abril 7, 2026, 2:43pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Tribunal Supremo

Puede tratarse de un caso -otro más- de corrupción política en forma de tráfico de influencias, integración de organización criminal o/y malversación de fondos ligados a la gestión de José Luis Ábalos en su etapa de ministro de Transportes del Gobierno de Pedro Sánchez. Si fuera solo eso, la presencia de Diario Médico en la cobertura de este juicio sorprendería.

Sin embargo, el nombre del proceso "caso mascarillas" da indicios del interés informativo que este juicio, que ha arrancado este martes en el Tribunal Supremo, tiene para el ámbito sanitario. Porque, las mascarillas fueron un bien tan preciado como escaso en las primeras semanas de la pandemia de la covid y, por tanto, la sospecha de que este material de protección -que fue vital para los trabajadores sanitarios, insisto- se convirtiera en un elemento especulativo y objeto de mordidas dentro de la Administración pública, pues resulta de una gravedad (doblemente) penal, que es el carácter de los delitos que se les imputan a los tres acusados.

Y justo eso es lo que se va a dilucidar en este juicio: los contratos para la adquisición de mascarillas de varias administraciones públicas con la compañía Soluciones de Gestión, de Víctor Aldama, que actuaba como "nexo", según apunta la investigación policial, con los otros dos acusados en esta causa, que son el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exasesor Koldo García.

Penas de prisión

El Ministerio Fiscal pide para el exministro Ábalos más de 29 años de prisión, para su exasesor Koldo García, 19 años y medio, y para el empresario Aldama, siete años de cárcel. Los delitos que se les imputan son "cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, integración en organización criminal, uso y aprovechamiento de información privilegiada, falsedad y prevaricación".

Alrededor de estos tres acusados existe todo un ecosistema de familiares, amigos, exmujeres y también cargos públicos que van a desfilar como testigos por la Sala Penal del Tribunal Supremo a lo largo de trece sesiones, en el mes de abril, en jornadas de mañana y tarde. Son más de 80 testigos los que han sido convocados para testificar.

Testificales por carta

En el arranque de la sesión, pasadas las 10:00 de la mañana de este martes, 7 de abril, en la Sala Penal se leyó el testimonio por carta enviado por Francina Armengol, respondiendo a los contratos de compra de mascarillas por parte del Gobierno de Baleares con la empresa del imputado Víctor Aldama, cuando Armengol era presidenta de esta comunidad. También por carta testificó Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, dando cuenta de estos mismos contratos en Canarias.

A través de estos escritos tanto Armengol como Torres negaron ninguna relación con la trama de corrupción que se investiga.

El 7 de abril arranca el juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama en el Supremo por el "caso mascarillas", Ábalos entra en prisión sin fianza por los contratos de mascarillas durante la covid, Ábalos, Koldo y Aldama responderán ante el juez por los contratos de mascarillas durante la covid Luego, le llegó el turno al hijo de José Luis Ábalos, Víctor Manuel Ábalos Aguado, a quien los informes policiales le reservan un papel central en el Ha arrancado la primera sesión del juicio del caso mascarillas en la Sala Penal del Tribunal Supremo, que sienta al banquillo al exministro José Luis Ábalos. Off Soledad Valle Profesión Profesión Off

'Medidas extraordinarias', 'Amor' y 'Melody', en el ciclo Cine y Bioética en Castilla-La Mancha

Archivado: abril 5, 2026, 6:00am UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Bioética

¿Han visto Medidas extraordinarias, de Tom Vaugham? Es la historia real de un padre John Crowley que lucha por salvar la vida de dos de sus tres hijos, tras ser diagnosticados de la enfermedad rara de Pompe en 1998. Fundó una empresa biotecnológica a través de la que consiguió acelerar la investigación en la cura de esta enfermedad. No más spoiler.

Este es uno de los diez films que forman parte del ciclo Cine y Bioética, impulsado por la Dirección de Humanización de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha y el Comité de Bioética de esta comunidad. Arrancó en octubre de 2025, con citas de un miércoles al mes en el Salón de Actos del Hospital de Parapléjicos de Toledo. Tienen programación hasta el próximo mayo y el acceso es libre y gratuito hasta completar aforo.

"Estábamos buscando fórmulas para acercar la bioética a los profesionales sanitarios y también queríamos crear debates sobre los conflictos bioéticos que se nos presentan. Así que acudimos al cine, que ya se ha probado en otras ocasiones y que, aquí, en Toledo, funciona muy bien", señala María Martín Ayala, quien junto a Carolina Cabañas, han impulsado este proyecto, como responsables del Servicio de Bioética de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha y vocales del Comité de Bioética de esta comunidad.

El formato es de cine fórum dirigido, con un moderador y dos expertos en los dilemas que plantea cada película con posturas distintas. En la cinta Medidas extraordinarias -en la que, además, actúa Harrison Ford- participaron Alejandra Fuentes Custodio, presidenta de la Asociación Española de Enfermos de Pompe, y David Larios Risco, letrado de la Junta de Castilla-La Mancha y miembro de la Asociación Acceso Justo de Medicamentos.

"Ponemos la película y hay un moderador que hace un resumen y expone los conflictos bioéticos que se presentan. Luego, participan dos personas, con distintos puntos de vista, para crear debate y los asistentes pueden intervenir en todo momento, con preguntas a los expertos. Al principio venían unas 20 personas, todo profesionales sanitarios, y en las últimas sesiones hemos alcanzado las 50 personas, ampliado los grupos a los que nos dirigimos. Pues, además de profesionales sanitarios, vienen estudiantes de la universidad", apunta Martín Ayala, quien reconoce la labor de difusión de este ciclo de los responsables de humanización de las gerencias sanitarias.

¿Puede considerarse libre el consentimiento de una familia desesperada? ¿Hacer algo es mejor que no hacer nada cuando el pronóstico es falta? ¿Tienen las farmacéuticas una responsabilidad social hacia el paciente huérfano de tratamiento? Estas fueron algunas de las preguntas que se discutieron en el debate sobre la película protagonizada por Harrison Ford.

Cuatro disciplinas en las que puede formarse el médico para ser bueno e irremplazable por la IA, Cine y medicina: entrevista con Benjamín Herreros, especialista en medicina interna y bioética (I), Cine y medicina: entrevista con Benjamín Herreros, especialista en medicina interna y bioética (y II) "El cine, además de ser una expresión artística y cultural, es una poderosa herramienta para reflexionar sobre los dilemas que surgen en la práctica b Hasta el próximo mayo, los profesionales sanitarios tienen una cita, una vez al mes, con el cine y la bioética en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Off Soledad Valle Investigación Off

Madrid saca a consulta pública la orden del registro de objetores al aborto

Archivado: abril 2, 2026, 11:36am UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Aborto

Es el paso previo para dar cumplimiento al auto de la Sala Contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que obligó a la comunidad a crear el registro de profesionales sanitarios objetores al aborto, en aplicación de la Ley del aborto (Ley Orgánica 1/2023 de 28 de febrero que modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo) y en conflicto abierto con el Ministerio de Sanidad, que interpuso el recurso a los tribunales contra la inacción de la autonomía, desoyendo este deber legal.

El auto del TSJ de Madrid

El pasado 9 de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó al Gobierno de la Comunidad de Madrid que iniciara "de inmediato" la creación del registro de objetores para las interrupciones voluntarias del embarazo y admitió así las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio de Sanidad.

De este modo, el tribunal requirió a Madrid iniciar los trámites administrativos necesarios para la elaboración e "implantación" del registro de profesionales objetores a realizar abortos, en cumplimiento de la normativa vigente.

El Proyecto de Orden de la Consejería de Sanidad por la que se crea el Registro de Personas Objetoras de Conciencia, al que se refiere el artículo 19.ter de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, está publicado en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid con fecha de 1 de abril.

Sanidad especifica los profesionales que pueden objetar al aborto en el protocolo del registro, ¿Qué margen tienen las autonomías para crear su registro de objetores al aborto?, El protocolo de registro de objetores al aborto "a la carta" deja sin excusas a las CCAA Según figura en el portal, el periodo en el que el documento estará en consulta pública son 30 días hábiles a contar desde el día siguiente de su publ En cumplimiento del auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que "obligó" a la autonomía a crear el registro de sanitarios objetores al aborto de manera "inmediata". Off Soledad Valle Profesión Profesión Política y Normativa Off

La eutanasia de Noelia interesa a Trump y lleva a los juzgados a los profesionales implicados

Archivado: abril 1, 2026, 1:17pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle LORE

Dentro y fuera de España, la eutanasia de Noelia Castillo mantiene viva varias causas judiciales, que, en la práctica, están suponiendo un auténtico test de estrés para la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) y para todos los profesionales que participan en la prestación y, más concretamente, los que han participado en el caso de Noelia.

Abogados Cristianos es la asociación ultracatólica que está detrás de estos recursos. Según apunta a este medio Pablo Jarque, abogado de la asociación, el Tribunal de Instrucción número 20 de Cataluña lleva desde noviembre de 2025 investigando el recurso que han presentado contra los dos profesionales que formaron la dupla de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia de Cataluña, que fue la encargada de elaborar el informe favorable a la petición de eutanasia de Noelia. Les acusan de prevaricación administrativa y falsedad en documento público.

El desacuerdo de la dupla

La dupla, formada por un jurista y un médico, "fingió desacuerdo en la decisión sobre la eutanasia de la joven para elevar el caso al pleno de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia de Cataluña", explica Jarque.

Pero, ¿cómo saben los recurrentes que fingieron desacuerdo? Pues, porque en el juicio que avaló la eutanasia de Noelia -en el juzgado contencioso administrativo número 12 de Barcelona- declararon los miembros de la dupla y "reconocieron en sede judicial haber simulado un desacuerdo en su informe de 2 de julio de 2024 (sobre la eutanasia de Noelia) para poder elevar el caso al pleno de la Comisión".

Así que en un nuevo proceso, la titular del juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona ha admitido a trámite la querella contra la dupla con el objetivo de recabar la grabación de la comparecencia judicial de los dos miembros de este órgano decisorio. El juzgado ha dado traslado del expediente a la Fiscalía, que, en respuesta, ha pedido a la jueza que archive el caso, al considerar que los dos investigados no cometieron ningún delito.

Además, en el juicio -del Juzgado Contencioso-administrativo número 12 de Barcelona-, donde los miembros de la dupla realizaron las declaraciones por las que ahora se les imputa, Abogados Cristianos ya denunció que el dictamen de la Comisión sobre la eutanasia de Noelia se basó en una "actuación fraudulenta" de los dos miembros del comité, que "fingieron" un desacuerdo para elevar la decisión a la Comisión de Garantía y Evaluación. Y ya entonces, la jueza no vio irregularidad alguna en el hecho de que ambos funcionarios expresaran sus dudas sobre el caso con el fin de que este pudiera tratarse en el pleno de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia de Cataluña.

Sin embargo, en este momento, este proceso judicial se mantiene vivo y a la espera de un pronunciamiento de la magistrada que lo lleva.

La eutanasia revisa su aplicación con más papel para Enfermería y la obligación del objetor a registrarse, "La eutanasia no es un acto médico", pero sin médicos no hay eutanasia , Eutanasia y enfermedad mental centran el debate en el tercer aniversario de la LORE También está activo el recurso contra la eutanasia de Noelia en el Tribunal Europeo de Derecho Humanos (TEDH), que, si bien, inadmitió las medidas cau La organización ultracatólica Abogados Cristianos ha demandado a la dupla de la Comisión de la Eutanasia de Cataluña, a la médico responsable y ha atendido la llamada de EEUU. Off Soledad Valle Geriatría Atención Primaria Política y Normativa Off

¿Cómo va España en la construcción del EEDS? Responde Centeno (CSIC)

Archivado: marzo 29, 2026, 6:00am UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Entrevista del Espacio Europeo de Datos Sanitarios (ii/ii)

Laura Centeno Casado es investigadora del grupo de investigación aplicada del Instituto de Filosofía, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Desde su perfil jurídico, acaba de concluir la dirección de un curso de formación dentro del CSIC sobre el Reglamento del Espacio Europeo de Datos Sanitarios (EEDS), en el que han participado, como alumnos, un centenar de profesionales relacionados con los servicios sanitarios.

Centeno reconoce que existe un gran interés entre los profesionales del sector por saber los cambios que supone la implantación del EEDS. Y con el objetivo de aclarar ideas y roles, la investigadora ha respondido por correo electrónico a las preguntas de Diario Médico, en una entrevista que hemos fraccionado en dos entregas, publicadas en días consecutivos. Aquí tienen la segunda entrega.

Pregunta.

¿En qué punto está España en la implementación del EEDS?

Respuesta.

España tiene un sistema público de salud muy robusto e interiorizado por la ciudadanía. Esto ha posibilitado que el uso primario de los datos esté siendo relativamente sencillo, comparándolo con otros países, al tratarse de ir volcando desde los nodos autonómicos a la plataforma del Sistema Nacional de Salud (SNS).

De hecho, invito a los lectores a comprobar cómo va evolucionado la plataforma del SNS, en su propia carpeta ciudadana, consultando su historia clínica del SNS integrada en este nuevo servicio, que permite visualizar toda la información procedente de los diferentes servicios sanitarios de las comunidades autónomas. Ofrece ver en un único interfaz datos de diferentes servicios autonómicos, cuando se ha recibido asistencia en varias comunidades autónomas y permite compartir datos sanitarios en el caso de desplazamientos. Este es el camino para tener una posición de liderazgo en el uso primario.

¿Podemos decir que ya existe un espacio nacional de información sanitaria?

Efectivamente, ya está disponible y visible el Espacio Nacional de Datos de Salud, basando sus catálogos en casos de uso, que son potencialmente ampliables. Este método permite contar con buenas prácticas, que ya funcionan a nivel asistencial, y que haya más profesionales clínicos envueltos en el proceso desde el principio.

En este espacio existen tres casos de uso en desarrollo que son: la identificación de factores de riesgo en la enfermedad pulmonar obstructiva (EPO); el uso de datos clínicos y ambientales para la detección temprana de descompensaciones en pacientes con EPO y, como tercer caso, el análisis y seguimiento del consumo de antibióticos en España. Esperamos que a través de los datos en estos tres campos se pueda mejorar la práctica asistencial y se vayan incluyendo progresivamente más casos de uso promovidos por los operadores y prestadores sanitarios.

¿Hay avances en el espacio nacional en el uso secundario de datos, es decir, en la investigación?

Sí, en el uso secundario, el Espacio Nacional de Datos de Salud, también ha mostrado una gran variedad y cantidad de catálogos, lo que pone de manifiesto que hay muchísimas instituciones y entidades trabajando ya en poner en orden sus datos, gobernarlos y contar con estándares e infraestructuras preparadas para operar en el uso secundario de los datos de salud.

Ahora bien, siendo un poco críticos y constructivos en este aspecto, hay un apasionante pero a la vez extenso trabajo por delante en materia de divulgación y sensibilización hacia tres actores principales: investigadores (en todos los niveles, de la básica a la clínica), profesionales sanitarios (incluyendo también a administración, sociosanitario, enfermería, farmacia) y, por supuesto, pacientes. Hay que impulsar que conozcan los cambios y el nuevo paradigma que supone el Espacio Europeo de Datos de Salud (EEDS).

Aunque se piense en 2029 como principal horizonte, los cambios y la inversión de recursos ya se están produciendo y a estos tres actores, el cambio les afecta de forma muy directa.

Centeno (CSIC): "Hay que escuchar al clínico para la construcción del EEDS", El 'DOUE' publica el Reglamento del EEDS que introduce cambios en tres ámbitos , España parte de una buena posición para adaptarse al EEDS, pero diez expertos hablan del trabajo por hacer P.¿Dónde está la mayor dificultad?R. Las intenciones y objetivos del Espacio Europeo de Datos de Salud (EEDS) es poder responder a las muchas demandad Falta hacer mayor divulgación del Espacio Europeo de Datos de Salud entre investigadores, clínicos y pacientes, señala la investigadora Laura Centeno. Off Soledad Valle Profesión Profesión Profesión Off

Centeno (CSIC): "Hay que escuchar al clínico para la construcción del EEDS"

Archivado: marzo 28, 2026, 1:48pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Entrevista del Espacio Europeo de Datos Sanitarios (i/ii)

Centeno reconoce que existe un gran interés entre los profesionales del sector sanitario por saber los cambios que supone la implantación del EEDS. Y con ese objetivo, el de aclarar ideas y roles, la investigadora ha respondido por correo electrónico a las preguntas de Diario Médico, en una entrevista que hemos fraccionado en dos entregas, que podrá leer en días consecutivos. Aquí tienen la primera.

Pregunta.

¿Cuál es el papel del clínico en la construcción del EEDS?

Respuesta.

En los próximos años, el papel de estos profesionales va a sufrir una gran transformación con la implementación del Reglamento (UE) 2025/327 del Espacio Europeo de Datos de Salud. Vamos a pasar a un modelo de asistencia sanitaria transfronteriza, que, para ser operativo, va a contar con un sistema de información unificado y armonizado, donde los datos clínicos de los pacientes hablarán un mismo idioma bajo el marco del uso primario ofrecido en el reglamento.

Con este nuevo marco se pretende una reducción de trámites en la atención del paciente. El médico podrá contar con más información del paciente, desde un principio, reforzando la atención y la comunicación entre los profesionales de los distintos niveles asistenciales.

¿Qué es necesario para motivar la participación del sanitario en la construcción de este objetivo supranacional?

La gestión del cambio siempre es un proceso complejo y, en este caso, hay muchísimos actores implicados. Por tanto, no es solo un cambio y participación por parte del profesional del médico, sino de otros profesionales sanitarios, especialmente de los bioinformáticos o personal que gestione los datos y la seguridad en el entorno asistencial de los datos.

¿Cómo vencer esas resistencias?

Si enfocamos el Espacio Europeo de Datos de Salud (EEDS) como una oportunidad y una ventana abierta a mejorar el trabajo diario de los profesionales sanitarios y su coordinación habrá menos recelos a los sustantivos cambios que la implementación va a tener en su día a día.

Y es que se debe tener en cuenta, no únicamente al paciente como usuario final, sino al profesional sanitario como usuario de los sistemas de historia clínica electrónica. Es importante que los fabricantes de sistemas de historias clínicas ofrezcan y diseñen soluciones intuitivas y adaptadas a los profesionales sanitarios para que se sientan más incluidos en el proceso.

Otro aspecto importante que habría que destacar, en el uso secundario de los datos, es el potencial y el rol de los profesionales sanitarios en los proyectos de investigación, especialmente en su fase clínica. Esto puede animar enormemente a la participación activa de aquellos profesionales más innovadores, que verán aumentada su capacidad de formar proyectos vanguardistas en materia de salud digital.

Y está el reto de comunicar y divulgar los pasos que se van dando.

Sí, es muy importante saber comunicar las oportunidades y también los retos al implementar estos cambios. En el caso de los actores responsables de la implementación del reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud se precisa un papel de escucha activa de las necesidades de los clínicos. Hay que explicar que este proceso de digitalización es inclusivo y cómo estas modificaciones afectan a la labor de diagnostico seguimiento y confianza entre el médico y el paciente.

El 'DOUE' publica el Reglamento del EEDS que introduce cambios en tres ámbitos , España parte de una buena posición para adaptarse al EEDS, pero diez expertos hablan del trabajo por hacer, Seis dimensiones en las que España debe trabajar para la implementación del EEDS P.A nivel europeo, ¿en qué punto estamos del desarrollo del EEDS? ¿En qué momento de su implantación?R. Es importante tener en cuenta que en este proc La investigadora Laura Centeno admite preocupación porque algunos hospitales y atención primaria retrasen su incorporación al Espacio Europeo de Datos Sanitarios (EEDS). Off Soledad Valle Profesión Política y Normativa Política y Normativa Off

"La eutanasia no es un acto médico", pero sin médicos no hay eutanasia

Archivado: marzo 27, 2026, 3:54pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle LORE

Noelia ya no está, pero permanece el ruido doloroso que ha acompañado su muerte. Descanse en paz. La eutanasia de esta joven de 25 años ha movido a toda la sociedad. También a los profesionales del sistema sanitario, que se han visto interpelados por esta sacudida moral. No hay eutanasia sin un médico que la realice.

En manifestaciones en redes sociales, perfiles sanitarios han opinando en una y otra dirección. Muchos cuestionan la Ley Orgánica de Garantía y Evaluación de la Eutanasia (LORE), desde el papel protagonista que les reserva: ¿Es necesario que la eutanasia la realice el médico? ¿Por qué existe la opción de que la persona muera en un centro sanitario?...

José María Domínguez Roldán, presidente de la Comisión Central de Deontología Médica de la OMC, recuerda que "la eutanasia no es un acto médico, sino legal". Y apunta lo que dice el Código de Deontología Médica, que fue aprobado en 2022, después de que la LORE entrara en vigor: "El médico no deberá provocar ni colaborar intencionadamente en la muerte del paciente", dice el artículo 38.4. También el Código recoge: "El médico que actúa amparado por las leyes del Estado no puede ser sancionado deontológicamente".

En todo caso, desde las consejerías de Sanidad de varias comunidades autónomas reconocen -bajo la condición de anonimato- que tienen muy difícil encontrar a médicos que hagan eutanasia. La objeción de conciencia es un derecho del profesional sanitario.

El suicidio asistido en la LORE

Pero es que sin médicos no hay eutanasia, ni siquiera en el modelo de suicidio asistido, que también recoge la LORE. En el artículo 3.g.2ª ), donde admite la prestación de ayuda a morir como "la prescripción o suministro al paciente por parte del profesional sanitario de una sustancia, de manera que ésta se la pueda auto administrar, para causar su propia muerte".

También en el suicidio asistido "el médico responsable, así como el resto de profesionales sanitarios, tras prescribir la sustancia que el propio paciente se autoadministrará, mantendrá la debida tarea de observación y apoyo a este hasta el momento de su fallecimiento" (artículo 11.3).

El médico responsable de una eutanasia prescribe la medicación, la suministra (si no es suicidio asistido) y certifica la muerte del paciente, como muerte natural. En todo el proceso por el que pasa la solicitud de la eutanasia intervienen, al menos, tres médicos distintos: el médico responsable, el consultor y el que forma parte de la dupla de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia autonómica, que elabora el informe favorable o desfavorable a la petición de la eutanasia que se eleva a consideración de la comisión. A mayores -que dirían los catalanes- en casi todas las comisiones de la eutanasia autonómicas hay un psiquiatra.

Es decir, la eutanasia es una prestación más de la cartera de servicios y requiere de la intervención de un médico.

El Supremo inadmite el recurso de un padre contra la eutanasia de su hija de 24 años, Esta es la "vulnerabilidad" de los informes de las comisiones autonómicas de la eutanasia, Eutanasia y enfermedad mental centran el debate en el tercer aniversario de la LORE En todo caso, la muerte de Noelia ha revisado hasta qué punto la LORE necesita una aclaración o una reforma. Pero no desde la perspectiva "a pie de ca La Ley de Garantía y Evaluación de la Eutanasia (LORE) reserva un papel principal al médico, presente en todo el proceso: desde la solicitud a la certificación de la muerte. Off Soledad Valle Medicina Familiar y Comunitaria Off

Consejo a un MIR del primer año para actuar seguro: "Ante la menor duda, consulte"

Archivado: marzo 25, 2026, 7:00am UTC por Soledad Valle

MIR soledadvalle Responsabilidad Civil

Con los resultados del examen MIR todavía frescos y a quince días de que arranque la elección de plazas -prevista para la segunda quincena de abril- cabe hacer un primer repaso de las responsabilidades que enfrentan estos médicos en formación.

Francisco Moreno Madrid, jefe de sección de Pediatría en el Hospital Clínico San Cecilio de Granada, profesor universitario, licenciado en Derecho y autor del manual Responsabilidades de los residentes en Ciencias de la Salud, tutores y especialistas, publicado por la OMC, es la voz autorizada para perfilar ese escenario de exigencias legales al que responde la actividad del MIR. El volumen de Moreno Madrid está a punto de renovarse en la octava edición y se ha convertido en un texto de recomendable lectura para cualquiera que se tenga que poner la bata de médico. Con este trabajo, su autor ha recorrido media España dando cursos y conferencias.

Pregunta.

¿Cuál es la autonomía de un residente de primer año (R-1)? ¿Puede ver a un paciente sin supervisión? ¿Puede decidir sobre el alta de un enfermo?

Respuesta.

No, todas las actividades asistenciales en las que intervenga el R-1 deben ser visadas y con supervisión de presencia física. Este ha sido un tema muy controvertido, en el que no existía acuerdo. Incluso hay sentencias divergentes. No existía una normativa que de forma clara o expresa prohibiera o autorizara al MIR a realizar altas médicas.

El RD 183/2008, que determina y clasifica las especialidades en Ciencias de la Salud y desarrolla aspectos del sistema de formación sanitaria especializada ha proporcionado una mayor seguridad jurídica, al MIR, al especialista, y a la institución.

Los residentes de primer año están sujetos a una supervisión de presencia física directa con el correspondiente visado. No pueden emitir altas. A partir del segundo año sí pueden emitir altas, siempre que el tutor considere que está preparado. La normativa es taxativa al respecto: Orden 81/2017 de 19 de enero del SNS.

Según lo que recoge el artículo 15 del Real Decreto 183/2008 "la supervisión de residentes de primer año será de presencia física, por lo que los centros sanitarios deberán garantizar la existencia de condiciones organizativas que garanticen la supervisión/visado de las actuaciones del R1 por los especialistas de la unidad asistencial".

¿Quiénes pueden supervisar las labores de un R-1? ¿Puede estar supervisado por un R-4?

Sí, un residente mayor puede supervisar al R-1, de hecho, es una práctica habitual. Podemos distinguir tres etapas o niveles en la actividad y supervisión del médico residente: 1) Observación directa e inactiva del R-1; 2) intervención directa con presencia física del formador y 3) Intervención directa sin presencia física del formador, que se mantendrá disponible.

Las comisiones de docencia tienen autonomía para graduar la supervisión y realizar los correspondientes protocolos en aquellas áreas que consideren de interés.

¿Hasta qué punto un R-1 puede ser demandado por mala praxis y resultar responsable?

El R-1, como cualquier profesional sanitario, es responsable de los actos médicos que realice. Puede responder penalmente por el daño producido. La existencia de un contrato supone un ejercicio profesional y, desde ese mismo instante, se le exige al MIR una responsabilidad acorde a sus conocimientos.

MIR 2026: Tras un examen "más fácil que el año pasado, pero tampoco de los más fáciles de toda la historia", explota la verbena, Condena penal a una MIR que actuó sin supervisión, La oferta de plazas de Formación Especializada 2026 asciende a 12.366 puestos, 9.276 para médicos P.¿Puede ponerme algún ejemplo en la exigencia de esa responsabilidad en el R-1?R. Sí, habría tres niveles. 1) Actuación de forma autónoma, sin conoci No están libres de responder ante la justicia por una mala praxis, por eso, deben saber cuáles son los límites en su actuación, especialmente en este primer año de formación. Off Soledad Valle Profesión Off

Una cirujana gana al INSS, que le negó la prestación por lactancia con un informe vago

Archivado: marzo 23, 2026, 2:25pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Sentencia

La Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Granada ha asestado un duro revés al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y al Servicio de Medicina del Trabajo del Servicio Andaluz de Salud (SAS) al reconocer el derecho de una cirujana del Hospital Santa Ana de Motril (Granada) a la prestación por riesgo durante la lactancia materna. La médica ha sido defendida por los servicios jurídicos del Sindicato Médico de Granada.

El juez ha condenado al INSS por vulnerar el derecho fundamental a la igualdad y no discriminación de la profesional del Servicio de Cirugía General del hospital granadino del SAS.

La médica solicitó el reconocimiento de la prestación en agosto de 2025, cuando su bebé tenía tres meses y medio y se alimentaba exclusivamente de leche materna. Entonces, tenía un horario de trabajo de mañana, de 8:00 a 15:00, con guardias entre semana de 17 horas y de 24 horas, los fines de semana. Estas jornadas complicaban la posibilidad de mantener la lactancia materna.

"Especialmente sensible"

En un primer momento, tuvo un informe del servicio de Medicina del Trabajo del SAS, que calificó su situación para el desarrollo de su puesto de trabajo como "apta con restricciones" y "especialmente sensible". Así que, de manera tímida, el SAS recomendó al hospital evitar que la reclamante estuviera expuesta a isótopos radioactivos, agentes químicos como R64 y HR62, sustancias cancerígenas o mutágenas, plomo, óxido de etileno, Brucella y toxoplasma, además de evitar el trabajo nocturno, durante al menos nueve meses.

A pesar de que el informe del SAS no era claro ni favorable a esa necesidad de adaptar el puesto, la médica siguió adelante con su petición y solicitó al INSS la prestación por riesgo durante la lactancia, pero la Seguridad Social se lo negó, basándose en sus guías internas y en un informe médico que rechazaba que concurriera ese "riesgo específico para la lactancia" sin entrar en detalles.

Un informe del INSS "lacónico"

Pero, el citado informe del INSS fue duramente criticado por el juez, quien alegó que estaba realizado, "sin más justificación que una lacónica resolución basada en una opinión de un facultativo emitida sin dato objetivo alguno que la sustente y sin mayor explicación".

Y esta falta de detalle en la negativa es más grave a la luz de la última jurisprudencia del Tribunal Supremo que, en sentencia de diciembre de 2025, pide informes exhaustivos sobre los riesgos para la lactancia materna, pues, de otro modo, las resoluciones que nieguen esta prestación pueden llegar a vulnerar derechos fundamentales cuando se adoptan sin una valoración específica e individualizada de los riesgos laborales.

Así deja claro que el informe del INSS -y del SAS- es "insuficiente", pues es excesivamente genérico, no detallaba riesgos concretos para la lactancia y tampoco quedan acreditadas adaptaciones reales al puesto de trabajo.

En la lactancia el médico está exento de hacer guardias, pero no de cobrarlas hasta los 12 meses del bebé, El Supremo exime de hacer guardias a las médicas del Sermas durante el primer año de lactancia, El TSJ de Asturias reconoce el derecho a prestación de riesgo a una enfermera durante la lactancia "No basta con negar riesgos genéricos; la administración debe probar que no afectan específicamente a la lactancia", recoge la sentencia, que cita la La sentencia dice que las resoluciones que niegan esta prestación pueden llegar a vulnerar derechos fundamentales cuando se adoptan sin una valoración específica e individualizada. Off Soledad Valle Profesión Off

Condena por intrusismo a una esteticista que utilizaba lápiz dérmico y ácido hialurónico

Archivado: marzo 17, 2026, 9:00am UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Sentencia

El uso de dispositivo de microneedling, compuestos por microagujas que provocan punciones en la piel, con el objetivo de estimular la producción natural de colágeno y elastina se han abierto un hueco en la oferta de tratamientos para rejuvenecer el rostro. Son lápiz dérmicos que, en principio, pueden presentarse como inofensivos, pero sobre los que la Audiencia Provincial de Las Palmas, ayudada por un informe pericial del Colegio de Médicos de Gran Canaria, acaba de dictar una condena por intrusismo profesional a una esteticista.

La sentencia le impone una pena de 1 año y 2 meses de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación, a una esteticista que infiltraba ácido hialurónico y utilizada un lápiz dérmico, en un centro en Maspalomas.

Para la condena ha sido determinante los vídeos que la profesional compartió en redes sociales, donde se veía el sangrado de pacientes tras someterse al tratamiento con el lápiz dérmico. El Colegio de Médicos de Las Palmas aportó una pericial donde demostró que el tratamiento con agujas que utilizaba la acusada estaba dentro de las competencias de los médicos. Fue el exsocio y expareja de la esteticista condenada, que era enfermero, y una detective privada, que se hizo pasar por paciente, los que denunciaron el caso.

Según recoge la sentencia, la actividad delictiva comenzó en 2020, cuando la condenaba comenzó a ofertar en su centro estético de Maspalomas (Gran Canaria) tratamientos de ácido hialurónico y lápiz dérmico, cuando su única titulación era de peluquería y estética. Desde entonces y, de manera habitual, la profesional aplicaba estos tratamientos con penetración de agujas en la dermis, que provocaba el enrojecimiento de la piel y, en algunos casos, el sangrado, como mostraban los vídeos de promoción que subió a sus redes sociales.

En estos vídeos se veía a la afectada hablando de "sangre" y de "dar caña" al paciente. En su defensa, la condenaba explicó que las personas que aparecían eran amigos y no clientes y que la sangre que se veía, realmente, era betadine. Nada de esto convenció ni al juzgado ni a la Audiencia.

La justicia considera probado que la acusada es culpable del delito de intrusismo profesional, que recoge el artículo 403.1 y 2 b) del Código Penal, al invadir competencia de la profesión médica en tres aspectos diferentes: en la técnica utilizada, los productos empleados y el contexto en el que se utilizan los tratamientos.

La falta de mayor control en Medicina Estética acumula víctimas entre pacientes y médicos , Desmantelada una clínica estética (otra) y detenida su propietaria, que no tenía titulación sanitaria, El auge del intrusismo en cirugía estética facial refleja la necesidad de mayor educación y regulación Técnicamente, el lápiz dérmico utilizado dispone de cartuchos de 12 microagujas con una profundidad potencial de hasta 2,5 mm, y "el propio manual apo La Audiencia Provincial de Las Palmas, apoyada en el informe pericial del Colegio de Médicos, reconoce que las perforaciones de agujas a más de 1,5 mm son competencia del médico. Off Soledad Valle Cirugía Plástica Estética y Reparadora Off

Juan Abarca da cinco razones para un baremo sanitario

Archivado: marzo 14, 2026, 7:00am UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Indemnizaciones

¿Qué es el baremo sanitario?¿Es necesario? ¿No basta con el baremo de tráfico como referencia para fijar las indemnizaciones por malas praxis? En el documento de conclusiones del XXXI Congreso de Derecho Sanitario aparece esta reivindicación del sector -o de parte del sector-, que se ha elevado a la categoría de histórica, porque lleva mucho tiempo solicitándose desde ámbitos muy concretos de la sanidad. La mesa dedicada a explicar los motivos que hacen necesario el baremo sanitario fue patrocinada por la compañía especializada en peritajes médicos, Promede.

Juan Abarca Cidón es el presidente del grupo Promede, y quien, con convencimiento, ha defendido para Diario Médico la necesidad del citado baremo. En un ejercicio de síntesis y claridad ha concentrado en cinco los argumentos que sostienen la ventaja de esta regulación o tabla específica del sector que fije, con un criterio propio del ámbito sanitario, las compensaciones justas por los daños provocados en un actividad, la sanitaria, cuyo objetivo -no hay que olvidarlo- es el de salvar vidas y mejorar la salud de los pacientes.

Abarca empieza por explicar lo que existe en este momento para calcular las indemnizaciones por daños en el ámbito sanitario.

"En España, la valoración económica de los daños corporales se apoya, fundamentalmente, en el baremo de accidentes de tráfico, que es un instrumento que nació con una finalidad muy concreta: dotar de seguridad jurídica al sistema asegurador y permitir una compensación homogénea de los daños derivados de la circulación".

Problemas conceptuales

Este baremo, según apunta, "ha demostrado ser muy eficaz para aquello para lo que fue diseñado: permite ordenar la compensación de daños leves y moderados y agilizar acuerdos y ofrecer previsibilidad a víctimas y aseguradoras". Sin embargo, admite que "su aplicación fuera de ese ámbito -como ocurre en la responsabilidad civil sanitaria- plantea problemas conceptuales importantes".

El accidente de tráfico parte de un supuesto relativamente simple: un evento súbito que afecta a una persona que, en principio, se presume sana y que sufre un daño como consecuencia directa del accidente. La medicina, sin embargo, se desarrolla en un contexto radicalmente distinto: el paciente suele presentar patologías previas, comorbilidades, riesgos inherentes al tratamiento y evoluciones clínicas complejas, razona Abarca.

Distorsiones claras

De modo que "aplicar sin más el baremo de tráfico a este escenario produce distorsiones". Por un lado, apunta que "permite contener adecuadamente los siniestros menores, pero, por otro, tiende a generar indemnizaciones muy elevadas en los casos graves, que son precisamente los que con mayor frecuencia aparecen en la responsabilidad sanitaria".

El baremo sanitario, previsto en la ley de accidentes de tráfico de 2015, "daría seguridad al sector", Del baremo sanitario, El Supremo aplica el baremo de 2015 para indemnizar la mala praxis en un parto de 2005 Esta situación ha reabierto, en los últimos años "el debate sobre la conveniencia de contar con un baremo específico para los daños derivados de la as El presidente de HM Hospitales y de Promede explica cuál es la situación actual en lo referente a indemnizaciones por daños sanitarios y las ventajas de tener un baremo propio. Off Soledad Valle Medicina Legal y Forense Off

La Audiencia Nacional admite a trámite el recurso de los oftalmólogos contra el 'Plan Veo' de Sanidad

Archivado: marzo 9, 2026, 12:45pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Competencias

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso presentado por la Asociación Profesional de Oftalmólogos de España (APOE) contra el Plan Veo del Ministerio de Sanidad. Dicho plan, aprobado por Real Decreto y fruto de un convenio firmado entre el Ministerio de Sanidad y el Consejo de Ópticos Optometristas, contempla ayudas de hasta 100 euros por persona y año para la adquisición de gafas o lentes de contacto para menores de 16 años. El plan, disponible hasta el 31 de diciembre de 2026, se realizará únicamente de forma presencial en un establecimiento de óptica participante en el Plan Veo.

Desde que salió el Plan Veo los oftalmólogos ya advirtieron que no estaban de acuerdo, pues entendían que les dejaba fuera el diagnóstico de los menores. Según ha podido saber este diario, el Ministerio de Sanidad se puso en contacto con la Sociedad Española de Oftalmología (SE), cuando ya se había publicado el plan, y los oftalmólogos le advirtieron al Ministerio que no estaban de acuerdo con esta fórmula de diagnóstico de patologías oculares en los menores, donde no participaba un médico especialista.

Finalmente ha sido la APOE, la que ha llevado a la Audiencia Nacional el Plan del Ministerio de Sanidad. "No permitiremos que se degrade la calidad asistencial de nuestra sanidad ni que se normalice el intrusismo profesional en una etapa tan crítica como la infancia", ha señalado Javier Rodríguez, presidente de APOE, a raíz de la admisión a trámite de la Audiencia. Además, asegura que en este paso judicial cuentan con el apoyo de la Organización Médico Colegial (OMC) y de Sociedad Española de Oftalmología SEO.

'Plan Veo': ayuda de hasta 100€ para las gafas y lentillas de los menores de 16 años, Recomiendan fomentar las actividades al aire libre entre los menores para evitar el incremento de la miopía, La cirugía de miopía, muy cerca de considerarse como estética APOE resume en tres puntos los argumentos de su recurso: El diagnóstico es un acto médico: Un niño con mala visión no siempre necesita gafas; puede pa La Asociación Profesional de Oftalmólogos de España (APOE) alega invasión de competencias de los médicos oftalmólogos por parte de los ópticos. Off Soledad Valle Oftalmología Off

Fiscalía pide tres años de cárcel a trabajadora del Servicio Navarro de Salud por cien accesos indebidos a HC

Archivado: marzo 9, 2026, 12:25pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Penal

La Audiencia Provincial de Navarra tiene programado para este martes, 10 de marzo, el juicio contra una administrativa, personal del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por entrar la historia clínica de su yerno cien veces, entre el 23 de junio de 2021 y el 15 de abril de 2024, sin motivo asistencial ni autorización de la víctima ni conocimiento de esta.

El Ministerio Fiscal pide para la acusada una pena de prisión de tres años y el mismo tiempo de inhabilitación profesional. Considera a la acusada como autora de un delito de revelación de secretos previsto en el artículo 197.2 del Código Penal, en relación con el artículo 198, por tratarse de funcionaria pública, pues es funcionaria del SNS-O y trabaja como administrativa en un centro de salud de Alsasua (Navarra).

En su escrito de acusación, el Ministerio Fiscal precisa que la acusada no solo consultó el historial del paciente, sino también "el tapiz de citación, la ficha administrativa y la historia clínica completa de su yerno". Además, habría imprimido la historia clínica en unas catorce ocasiones, obteniendo así el conocimiento de la totalidad de los datos sanitarios del paciente.

Por todo ello, la Fiscalía pide tres años de prisión, que, en la práctica, obligarían a la mujer a entrar en la cárcel aunque no tuviera ningún antecedente penal. También la inhabilitación absoluta para el ejercicio de su profesión de seis años, el pago de una multa de 6.600 euros y una indemnización a la víctima de 3.000 euros.

Seis años de inhabilitación y dos de cárcel por tres visitas a la historia clínica de su colega, Condena penal a una profesional de Osasunbidea por acceder 677 veces a la historia clínica de su hija, Seis años de inhabilitación a una médica por acceder a la HC de su compañera El juicio oral ante la Audiencia Provincial de Navarra está fijado para este martes y la sentencia, de acuerdo con la información aportada por fuentes Entró en la historia clínica (HC) de su yerno entre el 23 de junio de 2021 y el 15 de abril de 2024, sin motivo asistencial ni autorización de la víctima ni su conocimiento. Off Soledad Valle Medicina Familiar y Comunitaria Off

Condena a un médico por abuso sexual a una paciente en un centro de Benalmádena

Archivado: marzo 6, 2026, 12:04pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Penal

La Audiencia Provincial de Málaga ha confirmado la condena impuesta a un médico de familia por un delito sexual cometido en julio de 2018 contra una paciente en el Centro de Salud Arroyo de la Miel, en Benalmádena (Málaga). Confirma así la sentencia dictada por el Juzgado Penal número 7 de Málaga.

El médico ha sido condenado a un año y cuatro meses de prisión por un delito de abuso sexual del artículo 181.1.3. del Código Penal, la inhabilitación especial durante el tiempo de la condena y la obligación de indemnizar a la paciente con 12.000 euros.

La Audiencia admite como agravante en este caso que los hechos se hayan producido en un entorno sanitario y de confianza, pues la paciente obedeció las indicaciones del facultativo por la autoridad de la que parte el primero. Por otro lado, el tribunal ha admitido como atenuante para calcular la pena "dilaciones indebidas", que no es otra cosa que el retraso del juicio, achacable a la Administración de justicia, que alarga la pena de banquillo del acusado.

Los hechos que se juzgan ocurrieron en julio de 2018, cuando la paciente de nacionalidad rumana y con poco dominio del castellano acudió al servicio de urgencias del centro de salud de Benalmádena (Málaga) por ardores al miccionar.

En la atención de urgencias se le dio un frasco para que recogiera una muestra de orina y, mientras esperaba en la sala, el médico condenado se acercó a ella la llevó a su consulta, donde le pidió que se desnudara de cintura para abajo, se tumbara en la camilla y abriera las piernas.

Una vez la paciente estuvo tumbada y con las piernas abiertas, el condenado comenzó una exploración que empezó a sembrar sospechas en la paciente, que atendía a las indicaciones del facultativo de "abre más, abre más" y advirtiendo que este no tomaba ningún apunte en la historia clínica, ni se había asegurado de correr la cortina de la camilla.

Esta situación fue interrumpida con la llegada a la consulta de otro médico, que estaba buscando a la paciente, pues era el encargado de su atención y, de inmediato, advirtió la anormalidad de la situación.

La justicia vuelve a negar la suspensión de la prisión a las cuatro condenadas de Sierrallana, El Supremo absuelve por el abandono de un paciente y pide reformas penales, Seis años de inhabilitación a una médica por acceder a la HC de su compañera Los testimonios del médico de urgencias, de la víctima y el informe forense que se le practicó a la paciente fueron suficientes para sostener la conde Debe cumplir un año y cuatro meses de prisión, una inhabilitación durante el tiempo de la condena y el pago de 12.000 euros de indemnización a la paciente. Off Soledad Valle Profesión Medicina Familiar y Comunitaria Off

Doce años de prisión por la agresión al médico de Los Castros (Santander) y al celador

Archivado: marzo 2, 2026, 2:57pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Penal

Pena ejemplar: doce años de prisión por la agresión al médico del Centro de Salud de Los Castros (Santander) y al celador de este mismo centro. También ha sido una espera ejemplar: los hechos ocurrieron en mayo de 2021 (según el médico agredido y en contra de lo que recoge la sentencia, que los fija en 2022). Y las secuelas con las que, a día de hoy, tiene reconocidas el facultativo, también son ejemplares y difíciles de compensar a pensar de la condena al agresor de indemnizar al profesional con 147.600 euros.

La sentencia se ha conocido a última hora de la mañana de este lunes, 2 de marzo. La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a doce años de prisión a un hombre, un joven de unos 20 años cuando cometió el delito, por agredir a un médico y a un celador del Centro de Salud de Los Castros, en Santander. Son diez, por la agresión al médico y dos por la del celador.

El tribunal ha considerado al condenado como autor de un delito de atentado a funcionario público y un delito de lesiones agravadas -por agresión al médico- y un delito de lesiones menos graves, contra el celador.

Además de la pena de prisión, le prohíbe acercarse a las víctimas y a sus domicilios y lugares de trabajo, así como comunicar con ellas, durante once años en el caso del médico y tres años en el caso del celador.

En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar al médico en 147.600 euros por las lesiones, los 300 días que estuvo impedido para sus ocupaciones habituales y las secuelas que le han quedado, entre ellas, la pérdida prácticamente completa de la visión de un ojo, además de las secuelas de ámbito psicológico.

También a la madre

La sentencia también condena a la madre del agresor -que acompañó y alentó a su hijo el fatídico día- por un delito leve de amenazas al pago de una multa de 900 euros, y le prohíbe que se acerque o comunique con las dos víctimas durante un plazo de seis meses.

Médico agredido: "Hemos normalizado que nuestro trabajo es como la guerra", Destrozadas las lunas de dos coches del médico agredido en Cantabria en mayo, La Fiscalía pide 13 años de prisión para el agresor del médico de Los Castros (Cantabria) Según los hechos probados que se recogen en la resolución, el ahora condenado acudió junto a su madre al centro de salud demandando asistencia médica. El condenado deberá indemnizar con 147.600 euros por las lesiones al facultativo, según sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria, que admite recurso. Off Soledad Valle Medicina Familiar y Comunitaria Off

Asturias indemniza la muerte de una paciente y destapa deficiencias en su sistema de información

Archivado: febrero 25, 2026, 12:35pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Responsabilidad patrimonial

El descubrimiento incidental de un nódulo sospechoso de malignidad en una radiografía de tórax motivó la indicación, por la vía de urgencia, de un TAC torácico a la paciente. La orden entró en el sistema, con día y hora para realizarlo, pero, como no se hizo, "el sistema informático EOS/Selene, que utilizaba el hospital, anuló la petición". Entonces, no había un mecanismo automático para reprogramar la prueba. La cita desapareció y el TAC torácico nunca se hizo. Un año y medio después, la paciente acudió a Urgencias a otro hospital, con una evolución del cáncer de pulmón que no admitía tratamiento. Murió a los dos días.

La hija y el nieto de la paciente reclamaron al Servicio de Salud del Principiado de Asturias por la pérdida de oportunidad de su madre, pues si se hubiera realizado el TAC indicado con la urgencia indicada hubiera tenido alguna opción de tratamiento, decían. La Consejería de Sanidad del Principado de Asturias ha admitido la mala praxis en vía administrativa, concediendo una indemnización de 14.000 euros a la hija y al nieto de la mujer fallecida, que contaba con 71 años y otras patologías.

En el cálculo de la indemnización, la Administración ha tenido en cuenta que, aunque se hubiera identificado antes el cáncer de la paciente, el avanzado estado de la patología y las enfermedades previas que tenía la mujer, no hubieran alargado mucho más la vida de la paciente, según cálculos de la Administración. De ahí que la indemnización, que va a compensar esa pérdida de oportunidad, se haya quedado en 14.000 euros, frente a la cifra que solicitaba la familia, que estaba por encima de los 90.000 euros.

Un hallazgo incidental

Los hechos que se han revisado comenzaron cuando, en junio de 2023, la paciente ingresó en el Hospital Universitario de Cabueñes para ser intervenida de una cirugía vascular. En el preoperatorio le hicieron una radiografía de tórax y ahí descubrieron, de manera incidental, un nódulo en el lóbulo inferior izquierdo sospechoso de neoplasia pulmonar. Ante el hallazgo fortuito, se ordenó la realización de un TAC, pero nunca se hizo.

¿Por qué no se hizo el TAC a pesar de ser varios los facultativos del hospital que indicaron su realización urgente? El jefe de Radiodiagnóstico del Hospital de Cabueñes dio la siguiente explicación, que está recogida en la resolución administrativa de la Consejería de Sanidad de Asturias, que admite la pérdida de oportunidad.

El TSJ catalán triplica una indemnización por pérdida de oportunidad, Una cesárea retrasada puede juzgarse por pérdida de oportunidad, Condena por retraso en identificar la bacteria 'Clostridium difficile', que resultó mortal "A mi juicio, este desgraciado asunto se deriva de un déficit de nuestros sistemas de gestión EOS/Selene que no permite transformar en citable una sol ¿Por qué no se hizo el TAC con la urgencia que se indicó? El jefe de servicio de Radiodiagnóstico destaca "el déficit" del sistema de gestión Selene. Off Soledad Valle Radiodiagnóstico Oncología Off

El jurado popular absuelve a la enfermera de omitir la asistencia al joven que falleció

Archivado: febrero 20, 2026, 5:10pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Penal

En la conexión por streaming con la Audiencia Provincial de Toledo -para la lectura del veredicto del jurado popular en el caso de la enfermera acusada por omisión del deber de socorro a un joven de 21 años que falleció- se escucharon unos sollozos nítidos y dolorosos. ¿Era la enfermera acusada? ¿Era la familia del joven? Bien podría ser la sanitaria, porque tras leerse en alto el veredicto de "no culpable", la Audiencia provincial observó una contradicción en el escrito del jurado y, a las 17:30 de este viernes, 20 de febrero, devolvió al jurado popular su decisión, prolongando, un poco más, la agonía de la enfermera.

¿Por qué? Pues, según explicó la Audiencia, el jurado popular había dado por probadas varias de las acusaciones formuladas contra la enfermera y, sin embargo, su conclusión era de "no culpable". De este modo, caía en una incoherencia que deberían subsana. Podía ser culpable y, por tanto, dar todas o la mayoría de las acusaciones por buenas o no culpable y, por tanto, rechazar la veracidad de la mayoría de las cuestiones formuladas por la familia del joven fallecido.

Es fácil ponerse en la piel de la enfermera, que está esperando a saber si era condena penalmente o quedaba absuelta, para entender su dolor. Ha estado dos días sentada como acusada en una sala judicial por un delito penal y varios años -los hechos ocurrieron en enero de 2018- esperando el juicio. Motivos para llorar tenía.

Un veredicto agónico

Retomada la conexión con la Audiencia pasados unos minutos de las 18:00 de la tarde (ahora sí), la portavoz del jurado popular declaró "no culpable" a la enfermera y explicó que los miembros del jurado, por mayoría de 9 a 1, entendían que la acusada había tomado conciencia de la gravedad de la situación del joven minutos antes de que llegaran los servicios de emergencia a atenderle y no antes. De modo que, le hubiera llevado más tiempo prepararse para salir a asistir al chico que esperar a que el servicio de Urgencias del 112 llegara, como ocurrió.

Así, el jurado popular ha declarado "no culpable" a la enfermera acusada de omisión del deber de socorro del joven de 21 años que falleció en el hospital un día después de desplomarse mientras jugaba un partido de fútbol, y quedar postrado a solo 650 metros del centro de salud de Corral de Almaguer (Toledo) donde estaba la enfermera y el médico que también fue acusado en este procedimiento.

Dos días de juicio

Durante los dos días de juicio en la Audiencia Provincial de Toledo, el tribunal del jurado ha podido escuchar las declaraciones de los que inicialmente eran los dos acusados -médico y enfermera, hasta que la familia del joven retiró la acusación contra el médico- así como la de varios testigos presentes en la tarde noche del 27 de enero de 2018, cuando tuvieron lugar los hechos. También han testificado los sanitarios tanto del equipo de avisos de Corral de Almaguer como el de la UVI móvil que activó el 112, así como peritos que han emitido informes sobre este caso.

La enfermera se queda sola en la acusación por omisión de socorro de la familia del joven fallecido, Fiscalía pide la absolución en el juicio por omisión de socorro , Arranca el juicio contra una enfermera y un médico por omisión de socorro a un joven que murió Desde el inicio, el Ministerio Fiscal mantuvo una postura de defensa de la actuación de los profesionales sanitarios. Alegaron en sus escritos que las El jurado popular determina la "no culpabilidad" de la enfermera en un agónico proceso de deliberación, donde la Audiencia devolvió la decisión del jurado una primera vez. Off Soledad Valle Off

Fiscalía pide la absolución en el juicio por omisión de socorro

Archivado: febrero 20, 2026, 12:26pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Juicio

Antes de conocerse el veredicto del jurado popular en el procedimiento por omisión del deber de socorro contra un médico y una enfermera, el Ministerio Fiscal ha pronunciado un alegato final en el que ha argumentado a favor de la absolución de la enfermera, pues en la segunda vista del juicio la parte recurrente solo mantuvo los cargos contra la enfermera y los retiró contra el médico.

En las sesiones celebradas en la Audiencia Provincial de Toledo este miércoles y jueves, 18 y 19 de febrero, se ha juzgado la actuación de la enfermera del centro de salud de Corral de Almaguer (Toledo) y la del médico por no salir a auxiliar al joven de 21 años que se desplomó mientras jugaba un partido de fútbol, a 650 metros del centro de salud, en enero de 2018. El chico falleció al día siguiente en el hospital de Toledo.

El día de los hechos, familiares y amigos del joven acudieron al centro de salud solicitando ayuda inmediata, mientras llega la asistencia del 112. Hablaron con la enfermera acusada que contactó con la ambulancia que estaba de camino, pero que no se desplazó a donde estaba el accidentado. El médico tampoco lo hizo pero, según relató en el juicio, "no se enteró de nada", pues estaba pasando consulta. En el segundo día de vista judicial, la familia del joven fallecido retiró los cargos contra el médico y los mantuvo contra la enfermera.

En todo caso, el Ministerio Fiscal no encuentra motivos en la narración de los hechos que avalen una condena por omisión de socorro a los facultativos del centro de salud de Corral de Almaguer (Toledo).

Relato de los hechos

Considera que "la atención médica se desarrolló de forma ordinaria, tras la llamada al 112", pues "la UVI móvil se desplazó inmediatamente desde la localidad en la que tiene su base, que es Quintanar de la Orden, hasta la localidad en la que ocurrieron los hechos, Corral de Almaguer, entre las que dista unos 23 kilómetros, lo que supone unos 20 minutos en coche". Por otro lado, también se avisó al equipo médico que atendía a los avisos en el exterior, que se encontraba en ese momento atendiendo a un paciente en Lillo, a unos 13 kilómetros de Corral de Almaguer".

¿Qué hago si una madre me pide entrar con su hijo en una cirugía, una prueba o una consulta?, La enfermera se queda sola en la acusación por omisión de socorro de la familia del joven fallecido, Arranca el juicio contra una enfermera y un médico por omisión de socorro a un joven que murió El Ministerio Fiscal explica que las personas que fueron a alertar de la situación del joven al centro de salud de Corral de Almaguer para pedir ayuda El Ministerio Fiscal alega que la atención médica se desarrolló de forma ordinaria y que los sanitarios acusados no fueron alertados de la gravedad de la situación del joven. Off Soledad Valle Enfermería Familiar y Comunitaria Medicina Familiar y Comunitaria Off

La 'patata caliente' de las guardias médicas: ¿a quién compete su regulación y a quién su pago?

Archivado: febrero 17, 2026, 2:12pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Huelga médica

Los desacuerdos alrededor de la reforma del Estatuto Marco entre el Ministerio de Sanidad y una gran parte de la profesión médica ha llevado a la convocatoria de una huelga nacional de los médicos que arrancó esta semana. En medio de este conflicto, la cuestión de las guardias médicas ha centrado buena parte del hartazgo profesional. El Ministerio de Sanidad responde que la competencia sobre las guardias médicas y su pago es de las comunidades autónomas, frente a lo que dicen los consejeros de los gobierno autonómicos -el de Andalucía, Antonio Sanz, por ejemplo-, que replican que no, que es el Ministerio quien tiene la responsabilidad de fijar las retribuciones básicas.

Con la letra de la ley en la mano -que es el Estatuto Marco en vigor- y el conocimiento del abogado de CESM-Valencia, Guillermo Llago, la respuesta más corta es la siguiente: el Ministerio de Sanidad tiene la competencia de fijar los conceptos salariales de los médicos, incluido el concepto de guardia, sin fijar retribuciones concretas, porque estas se establecen en los presupuestos de cada comunidad autónoma.

El asunto tiene su miga, porque en lo que respecta a las guardias, Llago resume la petición de los profesionales en que se incluya, dentro de la reforma del Estatuto Marco, que las guardias médicas (atención continuada) tenga una consideración de jornada extraordinaria y voluntaria y que, además, se retribuya la hora, como mínimo, igual que la hora de la jornada ordinaria.

Primera jornada de la huelga nacional con un "elevado seguimiento" a pesar de los "servicios mínimos abusivos", ¿Hay un abuso de los servicios mínimos? CESM recurre los de Valencia y Murcia, La ministra al Comité de Huelga: "Focalizar las reivindicaciones exclusivamente en este Ministerio no es lo más adecuado" "Esta definición, la de establecer las guardias como jornadas extraordinaria y retribuida igual que la hora ordinaria (como mínimo) es una competencia En plena huelga nacional de médicos, convocada por los sindicatos profesionales, las competencias sobre las guardias médicas se usa como arma arrojadiza entre administraciones. Off S. Valle/ C. Ruiz Off

El Supremo decidirá la responsabilidad de la Aemps en los daños por 'Ala Octa'

Archivado: febrero 9, 2026, 7:00am UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Jurisprudencia

Los pacientes afectados por los lotes de productos defectuosos del colirio quirúrgico Ala Octa (perfluoroctano) han explorado distintos caminos para obtener un resarcimiento del daño. Entre los caminos andados, hay uno que pretende revisar el papel de la Agencia de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) en el control e inspección de los productos que llegan a España con el marcado CE.

Según las notificaciones registradas por la Aemps habría unas 125 reacciones adversas al colirio quirúrgico, de 28 centros sanitarios y 13 comunidades autónomas. ¿Qué responsabilidad tiene la Agencia ante los daños derivados del uso de este producto sanitario con marcado CE? La Agencia, dependiente del Ministerio de Sanidad, dice que ninguno, en contra de las reclamaciones presentadas por varios afectados que la consideran patrimonialmente responsable de su ceguera y, por tanto, con el deber de indemnizar su situación.

Carlos Gómez-Menchaca, abogado experto en malas praxis médicas, representa a un buen grupo de estos pacientes que litigan contra la Aemps y que, en estos días, han recibido una buena noticia: la Sala Contenciosa-administrativa del Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación presentado por un afectado contra la resolución judicial que desestimó la responsabilidad de la Aemps en su ceguera, derivada del uso de Ala Octa.

Alcance de la decisión

"Este caso de responsabilidad sanitaria puede tener un impacto estructural importante tanto para el futuro de la Aemps, como para el de los afectados por Ala Octa", asegura Gómez-Menchaca, y explica esa trascendencia: "No se trata solo de que el recurso de casación haya sido admitido por el Tribunal Supremo -que ya es estadísticamente excepcional- sino del motivo de la admisión. El Supremo considera que existe una cuestión jurídica nueva que requiere fijar jurisprudencia y esta es el alcance de las competencias de control e inspección de la Aemps cuando un producto sanitario tiene marcado CE, y cómo eso afecta a la posible responsabilidad patrimonial del Estado".

'Ala Octa' podría costarle a la Aemps más de 2 millones de euros, La Aemps indemniza con 25.000 euros una ceguera por 'Ala Octa'. ¿Hará lo mismo con las 125 notificadas? , Otra ceguera por 'Ala Octa': la aseguradora de la farmacéutica, condenada a pagar 370.000 euros En términos sencillos, como aclara el abogado, el Supremo va a decidir "si el marchamo europeo exime o no a la Administración de realizar controles pr ¿Tiene responsabilidad la Aemps en los daños generados por un producto defectuoso? El Supremo revisa la jurisprudencia sobre el papel de la Agencia en la farmacovigilancia. Off Soledad Valle Oftalmología Política y Normativa Off

Andalucía cubre la responsabilidad civil de los sanitarios del SAS de manera directa, mientras busca seguro

Archivado: enero 28, 2026, 7:00am UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle RC

El seguro de responsabilidad civil del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que cubre los daños derivados de la actividad profesional de alrededor de 55.000 médicos y enfermeros del sistema público, venció el pasado 31 de diciembre. Por lo tanto, desde esa fecha, los sanitarios del SAS tienen cubierto el riesgo de su actividad profesional de manera directa. Es la Administración, en un modelo de autoseguro, la que afrontará con su presupuesto las posibles indemnizaciones por malas praxis.

Para ello, la Junta de Andalucía ha hecho un aprovisionamiento de fondos, con "una partida económica específica destinada a garantizar la cobertura de todas las contingencias relacionadas con la responsabilidad civil profesional durante este periodo transitorio". Porque insisten mucho en que este es un periodo provisional, mientras prepara el pliego para encontrar una compañía que asuma el riesgo de la actividad sanitaria pública.

El último día de 2025 cumplió la póliza que el SAS tenía con la multinacional americana Berkshire Hathaway, que asumió el pago de las indemnizaciones derivadas de condenas por malas praxis o por responsabilidad civil en procesos penales, por una prima anual de 31,5 millones de euros.

Al finalizar el contrato, existía la posibilidad de prorrogar con la misma firma y en este camino estuvieron trabajando el SAS y su seguro, aunque, finalmente, no alcanzaron un acuerdo. De ahí que, en estos momentos, la Junta de Andalucía se encuentre elaborando unos nuevos pliegos que recojan las condiciones de la licitación pública, a la que es muy previsible que la aseguradora americana vuelva a concurrir.

Nada que temer, ni de que preocuparse. Es el mensaje que viene a transmitir la nota difundida por el SAS a sus profesionales, en la que informa de la situación por la que pasa el seguro de la RC sanitaria pública. Afirman que "la necesidad de realizar una nueva licitación [sin prorrogar la existente] viene motivada por la profunda transformación del sistema sanitario andaluz, con un notable incremento de profesionales, pruebas diagnósticas y procedimientos terapéuticos, lo que ha generado un escenario de mayor complejidad e incertidumbre en la siniestralidad".

Insisten en que "los profesionales sanitarios continúan contando con la protección necesaria en el desarrollo de su actividad asistencial, con todas las garantías jurídicas. Este modelo no implica ningún cambio en la práctica asistencial ni requiere ninguna actuación adicional por parte de los profesionales. La cobertura incluye tanto la indemnización como la defensa jurídica del profesional, en los mismos términos de protección". También, para este periodo "transitorio de autoseguro", Andalucía ha creado un equipo concreto de atención a siniestros.

La defensa penal en el autoseguro

A pesar de lo apuntado por Andalucía, abogados expertos en Derecho Sanitario, que prefieren mantenerse en el anonimato, apuntan que el modelo de autoseguro tiene límites en la defensa penal de sus profesionales, por el ejemplo, cuando hay un fallecimiento del paciente y una posible responsabilidad por imprudencia del sanitario. ¿Cómo va a defender el SAS en estos casos? Los jurista expresan sus dudas.

La deontología pide al médico (por primera vez) que contrate un seguro, Condena millonaria a una ginecóloga por no seguir el protocolo de la SEGO para resolver una distocia en un parto, La incertidumbre en la RC sanitaria infla las primas Pero no es la única diferencia entre el autoseguro de la Administración y la licitación del riesgo. Otro camino que queda cercenado con esta vía es la La póliza con Bershka Hathaway venció el pasado 31 de diciembre, pero la cobertura de la responsabilidad del médico y sanitario en este periodo está garantiza, tranquiliza el SAS. Off Soledad Valle Off

Condena por intervenir un aneurisma de 4 mm asintomático sin consentimiento informado

Archivado: enero 22, 2026, 1:58pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Sentencia de instancia

Sin consentimiento informado y, por tanto, sin dejar constancia de que la paciente recibiera información sobre alternativas terapéuticas o riesgos de la intervención, la recurrente se sometió a un tratamiento endovascular con stent para abordar un aneurisma pequeño, de entre 3 y 4 milímetros, que estaba localizado en una arteria cerebral derecha y no había dado síntomas. Tras la intervención, la paciente sufrió un ictus que le ha dejado en silla de ruedas, con una discapacidad del 91%.

El Juzgado de Instancia número 51 de Madrid ha condenado a la compañía aseguradora del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) a indemnizar a la paciente con 821.000 euros más los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro. La jueza sostiene su condena en el informe realizado por la perito judicial, que empieza aclarando que el aneurisma era "simple sacular sin doble saco", de pequeño tamaño y asintomático.

Sobre el abordaje del aneurisma, el mismo informe dice que "la decisión de tratar un aneurisma incidental debe considerar el riesgo de sangrado frente al riesgo del tratamiento. Aneurismas menores de 10 mm -en el caso juzgado era de 4 mm- en pacientes asintomáticos sin hemorragia subaracnoidea (HSA) no requiere tratamiento inmediato, pero deben ser monitoreados".

Sin documento de CI

La aplicación de la evidencia científica a las circunstancias de la paciente, según señala el perito judicial, lleva a concluir que en este caso no estaba indicada la intervención, como medida de abordaje preferente. Pero es que, además, a la afectada no se le dio a firmar "un documento de consentimiento informado (CI) específico para la embolización del aneurisma", como señala la sentencia que debería haberse hecho.

En su defensa, los abogados del seguro sanitario de la Administración apuntan que "de la historia clínica se deduce que a la paciente se le propuso tratamiento endovascular". A lo que la juez responde que "la propuesta no parece estar documentada" y señala que "tampoco basta con proponer algo", sin que hay que especificar los riesgos concretos de la operación y las alternativas terapéuticas. Y "nada de esto consta". La perito judicial insiste en que a la paciente "se le debió explicar el procedimiento, sus riesgos y su beneficio frente a la actitud expectante".

Esa falta de información "implica una mala praxis médica que no solo es relevante desde el punto de vista de la imputación, sino que es, además, una consecuencia que la norma procura que no acontezca para permitir que el paciente pueda ejercitar con cabal conocimiento (consciente, libre y completo) el derecho a la autonomía decisoria más conveniente a sus intereses, que tiene su fundamento en la dignidad de la persona", dice la jueza.

Un acortamiento del pene de 6 cm en una corporoplastia debe informarse, ¿Qué está pasando con el consentimiento informado para recibir tanto reproche del TEDH?, Condena al Servicio Cántabro de Salud por daño desproporcionado en una intervención de rodilla Otra línea de defensa de la actuación médica argumentó que el aneurisma presentaba "doble saco o vórtice y cuello grande". Es decir, que era de una gr Tras la intervención, la paciente sufrió un ictus y ahora una sentencia condena a la aseguradora del Sermas a indemnizar con 821.000 euros el daño. El fallo admite recurso. Off Soledad Valle Cirugía Cardiovascular Neurología Neurocirugía Off

La prescripción del médico frente a la indicación enfermera está en manos de la justicia

Archivado: enero 18, 2026, 7:00am UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Competencias

Es un tema -y no el único- donde los límites entre las competencias profesionales de médicos y enfermeros está en manos de los tribunales. Hablo de las guías de indicación enfermera, que se mueven en los márgenes de la prescripción de un medicamento, competencia exclusiva del médico.

La cuestión está de actualidad porque en estos días se ha conocido la suspensión cautelar de la "Guía para la Indicación, Uso y Autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de las/los enfermeras/os: infección de tracto urinario inferior no complicada en mujeres adultas", que publicó el BOE el 19 de agosto de 2024.

Con esta decisión, la Audiencia Nacional ha accedido a la solicitud que presentó la Organización Médica Colegial (OMC) en su recurso contra la citada guía por considerar que pone en riesgo la seguridad del paciente al no garantizar que el citado acto lo realiza un profesional con la cualificación necesaria para el diagnóstico y el tratamiento. Ahora, la Audiencia Nacional tendrá que resolver sobre el fondo del asunto. Es decir, sobre si anula o confirma el contenido de la guía, aprobada por el Ministerio de Sanidad.

Otros recursos de la OMC

En todo caso, no ha sido la primera guía de indicación enfermera que se ve en los tribunales. Ricardo de Lorenzo, responsable jurídico de la OMC, recuerda que también han recurrido judicialmente "la guía de hipertensión y de diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2". En este caso "no se solicitó medida cautelar de suspensión, así que estamos pendientes de sentencia". La guía sobre quemaduras también entró en los juzgados, pero, finalmente la OMC desistió en sus recursos "por acuerdo de la Asamblea", según apunta De Lorenzo.

En total, han sido aprobadas nueve guías, como confirma el asesor jurídico de la OMC, pero eso no quiere decir que todas las comunidades estén aplicándolas.

El CGE pide impulsar la Ley del Medicamento tras la suspensión cautelar de una guía de indicación , La Justicia suspende cautelarmente la guía enfermera de indicación de medicamentos para infección urinaria, Anteproyecto de Ley de Medicamentos: prescripción para enfermería, impulso al genérico y sin nuevos copagos El Consejo General de Enfermería (CGE) tiene un gráfico en su página web donde detalla las comunidades autónomas que tienen desarrollados protocolos p La OMC insiste en defender la seguridad del paciente en sus recursos a las guías de indicación enfermera. Y en el horizonte, la reforma de la Ley del Medicamento. Off Soledad Valle Profesión Profesión Off

Hay condena por daño desproporcionado aunque el riesgo figure en el consentimiento informado

Archivado: enero 14, 2026, 7:00am UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Sentencia

El documento de consentimiento informado, cumplimentado por el paciente y el facultativo en el tiempo y la forma prevista, puede parecer un seguro que exime de responsabilidad al sistema sanitario ante un riesgo que se materialice durante una intervención sanitaria, ya que existió esa información previa. Pues bien, debe saber que no siempre es así.

La Sala Contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha dictado una sentencia que ilustra ese límite del consentimiento informado como eximente de responsabilidad, en aplicación (para más bemoles) de la doctrina del daño desproporcionado. El TSJ de Galicia ha condenado al Servicio Gallego de Salud (Sergas) a indemnizar con 158.000 euros a la viuda e hijos de un paciente que falleció tras un shock hemorrágico secundario a una toracocentesis.

La toracocentesis se realizó en el Complejo Hospitalario de Vigo como parte del abordaje de la coagulopatía que presentada el hombre y, en principio, es un tratamiento mínimamente invasivo, que tenía el objetivo de extraer el líquido pleural. Pero se hizo mal.

El equipo sanitario cometió un error al perforar con la aguja una arteria intercostal. Esta iatrogenia fue señalada en los informes periciales elevados al juicio como la causa más probable, que desencadenó el fallecimiento del paciente por un shock hemorrágico. Esta es la hipótesis que ha asumido el tribunal, porque no se dio ninguna otra explicación.

Ante estos hechos, el Juzgado Contencioso-administrativo número 1 de Vigo condenó al Servicio Gallego de Salud (Sergas) a indemnizar a la familia aplicando la doctrina del daño desproporcionado, pues fue la punción para obtener líquido pleural, una prueba sencilla, la que desencadenó la muerte del paciente. La aplicación de esta doctrina invierte la carga de la prueba, es decir, es la Administración la que debe demostrar que las cosas se hicieron bien y, según la justicia, durante el juicio, el Sergas no probó la buena praxis, más bien, todo lo contrario, pues los informes periciales apuntaban en una única dirección: un fatal error en la punción como desencadenante de la hemorragia y posterior muerte del paciente. Y también quedó claro que no había alternativa en el abordaje de la patología del paciente.

Un estado previo delicado

El daño desproporcionado también es una doctrina que, en la práctica, se traduce en unas indemnizaciones más cuantiosas, pues pretenden reparar un daño que era remoto, es decir, nada o poco esperable. Sin embargo, en este caso, el juez, primero, y luego el TSJ de Galicia modera la indemnización concedida, porque el estado de salud del paciente, ya de por sí, era delicado: cirrosis con insuficiencia hepatocelular, alteración de la coagulación, bilirrubina muy elevada, deterioro de la función renal...

El TSJ de Cataluña rechaza el despido a un médico por acoso a una enfermera, Un juez anula el plan del Sergas que ofrece contratos de tres años a los MIR de hospital, Un acortamiento del pene de 6 cm en una corporoplastia debe informarse Pues bien, esta sentencia del juzgado fue recurrida por las dos partes, tanto por el Sergas como por la familia del fallecido. La viuda e hijos del pa La Sala Contenciosa del TSJ de Galicia ha condenado al Servicio Gallego de Salud a indemnizar con 158.000 euros a la familia de un paciente que murió tras un error iatrogénico. Off Soledad Valle Nefrología Off

El TSJ de Cataluña rechaza el despido a un médico por acoso a una enfermera

Archivado: enero 10, 2026, 7:00am UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Sentencia

Para entender la decisión de la Sala Social del TSJ de Cataluña de declarar improcedente el despido que dictó el Hospital San Joan de Reus (Cataluña) contra un médico adjunto de su plantilla por abuso sexual a una enfermera es necesario ir atrás en el tiempo.

Era enero de 2021, cuando el Hospital San Joan de Reus (Cataluña) activó el protocolo de acoso en respuesta a la denuncia de acoso sexual de una enfermera contra el citado facultativo. Entonces, el hospital abrió y cerró la investigación, concluyendo que los hechos que relataba la afecta no habían quedado suficientemente demostrados.

Aún así, el centro impuso al médico "una sanción" en forma de carta de reprobación por realizar, lo que calificaron como "una broma", en un box de urgencia, delante del cuerpo de una mujer recién fallecida.

En el escrito, el hospital reprendió al médico por su "falta de respecto ante el fallecimiento de una paciente" y le recordó "la obligación de mantener un comportamiento ético y responsable en el desempeño de sus actividades profesionales".

Y ya está.

El acoso denunciado y condenado

Esta apreciación está lejos de lo que denunció la enfermera en prácticas, que relató como el médico, cuando coincidió con ella en el interior de un box de Urgencias, en el que una paciente acababa de fallecer, se le insinuó y fue más. Le empezó a pregunta "¿cómo piensas pagarme esto?", a lo que ella contestó que no tenía dinero y, presionada, le ofreció un café. Pero, el superior le tocó las nalgas sin su consentimiento en dos ocasiones, acercándose mucho a ella, dejándola sin salida y diciéndola "yo lo que quiero es esto". Además, le pidió que el café lo tomaran en su habitación. Y abandonó el box, tras señalarle que la paciente estaba muerta.

Sola ya en el box, la sanitaria en formación hizo un electro a la paciente para confirmar su fallecimiento y fue a contarle lo sucedido a una compañera.

El cirujano acusado de violar a una paciente sedada insiste en su inocencia, Balance 2025: la salud y la sanidad en el banquillo , El embarazo y aborto espontáneo tras la vasectomía de su pareja no se indemniza porque hubo desinterés del paciente Su denuncia interna, ante la dirección del hospital, no prosperó y, cuando cumplió su tiempo de contrato en prácticas, se fue del hospital, mientras e Los hechos con lo que el hospital justifica el despido han prescrito, pues ocurrieron tres años antes y, entonces, el centro no decidió despedir al profesional, dice el TSJ. Off Soledad Valle Medicina Urgencias Profesión Off

Un año de prisión y tres de inhabilitación a una enfermera por entrar, un momento, en la historia de su cuñada

Archivado: enero 7, 2026, 3:33pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Sentencia

Fue solo una vez, durante trece minutos. Suficiente para que la Audiencia Provincial de Toledo haya condenado a una enfermera de un hospital de Toledo a un año y tres meses de prisión y a tres años de inhabilitación absoluta por acceder a la historia clínica de su cuñada sin el consentimiento de esta y sin ningún motivo asistencial. Además, la condenada deberá indemnizar a la víctima con mil euros y pagar una multa de más de 1.600 euros junto con las costas judiciales.

La sanitaria cometió un delito contra la intimidad, en su modalidad de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 197.2 y 198 del Código Penal.

Los hechos, que tuvieron lugar el 30 de enero de 2017, motivaron la apertura de un expediente disciplinario por parte de la Gerencia de Coordinación e Inspección del Servicio de salud de Castilla-La Mancha (Sescam), que se cerró con el archivo de la causa y sin sanción, por prescripción.

La afectada sospechó que la que, entonces, era su cuñada había entrado en su historia clínica cuando estaba en trámite de separación de su marido y hermano de la condenada. En la demanda de divorcio, el ex de la víctima declaró que en la asistencia sanitaria que recibió su ex mujer no había alegado ninguna cuestión relacionada con la violencia de género y que esa atención médica se debió a la situación de nerviosismo, llanto y ansiedad de su entonces mujer, para lo que el facultativo le había prescrito "una pastilla y ya está".

Estas afirmaciones por parte del que entonces era el marido de la afectada y hermano de la condenada, cuando estaban iniciando el proceso de divorcio y decidiendo sobre la custodia de los dos hijos de la pareja, hizo sospechar a la mujer de que su ex conocía el contenido del informe médico de esa visita al hospital. Y pensó que el acceso a la información podría haber venido por su hermana, enfermera del hospital donde acudió la demandante.

En base a esos datos, la mujer puso la denuncia que ha prosperado en la Audiencia Provincial de Toledo, rechazando los argumentos que dio la enfermera en su defensa.

Seis años y medio de prisión por acceso indebido a la historia clínica de una ex amiga y de su hijo, Seis años de inhabilitación y dos de cárcel por tres visitas a la historia clínica de su colega, Un año y nueve meses de prisión por consultar la historia clínica de su exmarido La acusada admitió el acceso a la historia clínica de su cuñada. Una cuestión que era innegable, pues quedó registro de la entrada que hizo la sanitar La Audiencia Provincial de Toledo rechaza el argumento de la sanitaria de que accedió a estos datos por petición de su titular, que, entonces, era la mujer de su hermano. Off Soledad Valle Política y Normativa Off

Absolución penal a un cirujano por la intervención de un tumor benigno que dejó secuelas

Archivado: diciembre 15, 2025, 12:46pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Sentencia

El Juzgado Penal número 1 de Castellón de la Plana ha absuelto a un cirujano de responsabilidad penal en una intervención de hemicolectomía derecha laparoscópica, con el objetivo de extirpar un tumor que se creía maligno, pero que resultó estar libre de malignidad. La cirugía dejó a la paciente sin la mitad del colon, lo que ha supuesto una merma de su calidad de vida, que son los daños por los que ha reclamado una indemnización de 284.129 euros.

El reproche de la recurrente se centra en que el cirujano le intervino la zona sin haber agotado las pruebas diagnósticas para aclarar la naturaleza del hallazgo, es decir, si había malignidad o no. Pero la sentencia resuelve que "el error de diagnóstico que determinó la intervención de la reclamante no puede se considerado como un error de extrema gravedad que determine el reproche jurídico penal". El abogado del cirujano, que ha sido absuelto, es Guillermo Llago.

Los hechos que se juzgan tuvieron lugar en octubre de 2013 en el Consocio Hospitalario Provincial de Castellón. La paciente, entonces tenía 40 años y había superado un cáncer de cuello de útero, que había requerido una histerectomía total, sin incluir ovario, y tratamiento de radioterapia pélvica.

Durante el control en Oncología, cuando habían transcurrido más de cinco años desde el abordaje del cáncer de útero, la enferma explicó que tenía problemas intestinales, que fueron confirmado con pruebas diagnósticas que pusieron de manifiesto "un engrosamiento de las paredes de ciego de aspecto neoplásico".

La facultativa que siguió todo el proceso oncológico previo, la derivó a Cirugía General y del Aparato Digestivo para que valoraran su situación y la posibilidad de hacer una cirugía ante las sospechas de cáncer colorrectal.

Previamente, la recurrente fue sometida a varias pruebas diagnósticas, sin embargo, -y aquí está el reproche fundamental de la acusación- la colonoscopia no se pudo completar. De hecho, informes periciales, incluido el del médico forense, condenan al facultativo porque en la fase diagnóstica del procedimiento actuaran con "precipitación" y tildan su actuación de "poco cuidadosa".

¿Por qué no se pudo completar la colonoscopia? En la sentencia, se hace referencia varias veces a este interrogante, sin dar una respuesta. Sin embargo, fuentes cercanas al proceso señalan que la colonoscopia no pudo alcanzar la zona conflictiva por una cuestión anatómica de la paciente.

Otro interrogante que salió en el proceso fue el por qué no hicieron una biopsia de la zona para confirmar la malignidad. La respuesta en este caso sí está más clara y es debe, según lo apuntado por uno de los informes periciales, estaba contraindicado hacer una biopsia de la zona. El perito dice: "la toma de biopsias intraoperatoria en el cáncer colorrectal no está indicada por los siguientes motivos riesgo de diseminación tumoral escaso rendimiento diagnóstico y aumento de complicaciones post operatorias".

Absolución de una enfermera en un óbito tras cirugía, El Supremo confirma la absolución por no detectar una malformación fetal, Absolución por cumplir el estándar de asepsia en infección nosocomial Antes de someterse a la cirugía la paciente firmó un consentimiento informado. De modo "que no existe ningún nexo causal respecto de la actuación médi Un juez de lo penal de Castellón de la Plana sentencia que, ante los antecedentes de la paciente, "lo negligente hubiera sido no intervenir". Off Soledad Valle Cirugía General y del Aparato Digestivo Off

MASC

Archivado: noviembre 30, 2025, 7:00am UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Resolución de conflictos

La utilidad de los MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias), que recoge la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de Eficiencia del Sector Público, está todavía poco definida.

Vamos a dar por hecho que las intenciones del legislador en la elaboración de esta ley han sido buenas, los agentes de la RC sanitarias ven con buenos ojos (en su mayoría) estos medios, pero, en su aterrizaje, se han identificado varios obstáculos, que ya abordamos en una información anterior.

Aunque, como los expertos indican, todavía es pronto para hacer balance. La ley lleva en vigor desde abril. Y estos mismos profesionales se aventuran a sacar la bola mágica para ver el recorrido que pueden tener los MASC dentro de la RC sanitaria.

Álvaro Irurita Díez, director de la Plataforma Redes; Cristina Leube, abogada-mediadora, managing partner en Legalchances; Priscila Giraldo Matamoros, CEO Abogada Sanitaria; y Julia García Domínguez, socia-directora de Gardom y Asociados, han respondido a las preguntas sobre el futuro de estos medios de resolución de conflictos y, dentro de todas las posibilidades que da la ley, cuál considera que, entre todos los medios, el más útil en el ámbito sanitario.

Los cuatro profesionales formaron parte de la mesa patrocinada por el Grupo Promede en el XXXI Congreso Nacional de Derecho Sanitario, que se celebró los días 20 y 21 en Madrid.

"Claramente ascendente" es como ve Álvaro Irurita la evolución de los MASC en un futuro cercano. "La Ley de Eficiencia va a impulsar su uso, y eso va a permitir que dejen de verse como una alternativa excepcional para convertirse en un paso natural dentro de la gestión de los conflictos".

Asegura que "ya hay profesionales, centros sanitarios y compañías aseguradoras que se están planteando incluirlos en la resolución de las reclamaciones sanitarias y a medida que las experiencias piloto se consoliden y se compruebe el ahorro de costes veremos una mayor utilización de los MASC".

Según el director de la Plataforma Redes, "en pocos años deberían convertirse en una herramienta habitual y no excepcional, porque favorecen un clima de cooperación muy valioso para un sector donde la continuidad asistencial es esencial".

Sobre el MASC idóneo para el ámbito sanitario, considera que "todos los previstos en la ley tienen posibilidades de prosperar", va a depender de "la naturaleza del conflicto, de las partes que intervengan en su resolución, del interés en preservar las relaciones existentes o del riesgo reputacional".

Estos son los obstáculos que se están encontrando los MASC en el sector sanitario, Usted, clínico, ¿sabe cómo hacer frente a un resultado adverso?, Irurita: "La vía extrajudicial no es una renuncia de derechos, es un camino más inteligente para ejercerlos" Priscila Giraldo tiene claro los tipos de MASC con más opciones en el sector sanitario. "La negociación y mediación en la resolución de conflictos. En Los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) no terminan de arrancar, pero los expertos apuestan por una evolución favorable de estos mecanismos extrajudiciales. Off Soledad Valle Off

Estos son los obstáculos que se están encontrando los MASC en el sector sanitario

Archivado: noviembre 29, 2025, 12:53pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Resolución de conflictos

La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Sector Público de Justicia, que entró en vigor en abril, incluye los MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias).

Estas vías de resolución extrajudicial de conflictos fueron recibidas con esperanza por los agentes del sector sanitario que ven en la judicialización de los conflictos un fracaso del sistema y han mantenido siempre una apuesta clara por la resolución de estas controversias entre pacientes y sistemas sanitarios en las fases previas, con acuerdos sin intervención judicial. ¿Utopía?

Ha pasado un tiempo suficiente para hacer un primer análisis -haremos más- de lo que han dado de sí estos mecanismos en el ámbito sanitario y para ellos hemos preguntado a los expertos reunidos en la mesa patrocinada por el Grupo Promede en el XXXI Congreso Nacional de Derecho Sanitario. Con sus respuestas vamos a dar dos entregas y usted está leyendo la primera.

Álvaro Irurita Díez, director de la Plataforma Redes; Cristina Leube, abogada-mediadora, managing partner en Legalchances; Priscila Giraldo Matamoros, CEO Abogada Sanitaria; y Julia García Domínguez, socia-directora de Gardón y Asociados, han señalado los obstáculos que se están encontrando los MASC dentro de los conflictos en el ámbito sanitario.

Para empezar, los cuatro profesionales reconocen que todavía es pronto para hacer balance del uso de estos mecanismos y de ahí, de ese desconocimiento de la ley y sus posibilidades, deriva el primero de los obstáculos.

"La falta de información y, cuando interviene un tercero neutral, su coste" es la respuesta que da Álvaro Irurita a la pregunta sobre los obstáculos en la aplicación de los MASC.

Reconoce que "la LO 1/2025 tiene un buen propósito, que es el de pasar de la cultura de la litigación a la cultura del acuerdo, depositando en las partes en conflicto la potestad de llegar a soluciones no impuestas por un tercero". Pero advierte que "es una ley sobre la que no se ha hecho la pedagogía suficiente dirigida a los ciudadanos sobre sus implicaciones legales y sus ventajas".

Usted, clínico, ¿sabe cómo hacer frente a un resultado adverso?, Irurita: "La vía extrajudicial no es una renuncia de derechos, es un camino más inteligente para ejercerlos", De Lorenzo: "La norma posibilita diseñar el mejor mecanismo de negociación extrajudicial" Julia García Domínguez también apunta a esa inmadurez de la ley. "Estamos todos muy expectantes e inseguros en cuanto al cumplimiento o no del requisi Álvaro Irurita, de Plataforma Redes; Cristina Leube, de Legalchances; Priscila Giraldo, de Abogada Sanitaria, y Julia García, socia-directora de Gardón y Asociados, responden. Off Soledad Valle Profesión Off

Martínez-Sellés: "No estoy aquí por voluntad propia, ni por aferrarme al cargo"

Archivado: noviembre 28, 2025, 12:42pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Entrevista

"Mantengo mi firme compromiso de convocar nuevas elecciones mañana mismo, si el candidato [Tomás Merina] retira su demanda judicial". "La tesorería del Icomem está estable [...] rondan los 4 millones de euros". "En mi humilde opinión, tendría sentido presentar un recurso" a la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que ha desestimado la querella presentada por el Icomem contra su exsecretario, Armando Fernández, y su asesor José Luis Antolín.

Son solo otros titulares para esta entrevista a Manuel Martínez-Sellés, presidente en interinidad del Ilustre Colegio de Médico de Madrid (Icomem), cuando está a punto de cumplirse un año de las últimas elecciones a la corporación, que ganó la candidatura de Tomás Merina, (después, anulada). Desde entonces, el Icomem permanece sumido en una situación de excepcionalidad.

Durante este tiempo Martínez-Sellés ha optado por permanecer en silencio. Un perfil bajo, del que ha salido, tímidamente, con esta entrevista que se ha realizado por medio de un cuestionario, enviado por correo electrónico, y que el presidente ha modificado, reformulando cuestiones y dejando varias preguntas sin respuesta, las relativas a procesos judiciales contra Jesús Gallardo y su empresa Acrecienta, entre otras.

En todo caso, el presidente del Icomem aporta luz a su visión sobre el futuro del Colegio, sus cuentas, la interinidad de su presidencia y las elecciones, en esta entrevista donde se ha respectado, tanto el orden como la formulación de las preguntas enviadas desde el Icomem. Lean y juzguen ustedes.

Pregunta.

¿Cómo valora las cuentas del año 2024 y por qué se han retrasado tanto en entregarse por parte del auditor EY (Ernst & Young), su auditoría?

Respuesta.

Estamos muy contentos con las cuentas y la auditoría. Las cuentas hablan por sí solas y todos nuestros colegiados las pueden consultar. Reflejan equilibrio, una tesorería sin tensiones y una gestión prudente, en un año especialmente exigente desde el punto financiero, por incluir el sobrecoste de la realización de elecciones y la finalización de la, tan necesaria, rehabilitación integral de nuestras sedes.

Claro que hemos hecho una inversión fuerte en la reforma del Colegio, pero, bien planificada, sin poner en riesgo la salud económica del Colegio y con visión de futuro. Es una inversión que se recuperará con creces en los años venideros. Cualquiera que haya pasado por el Colegio puede comprobar el resultado y los resultados ya están a la vista: nunca habíamos tenido tantos actos, congresos, cursos, presentaciones de libros, con la consiguiente visibilidad y beneficio económico.

Respecto al retraso de la auditoría. Ha sido un ejercicio complejo, con muchos movimientos patrimoniales que han exigido trazabilidad contable exhaustiva. Los auditores de EY han aplicado sus procedimientos con el rigor que se espera. Además requerimientos y solicitudes externas la han ralentizado. Pero la auditoría es clara y muestra una gestión pulcra y sólida. Todos lo pueden comprobar en nuestro nuevo portal de transparencia, del que estamos muy orgullosos.

Se ha hablado de una supuesta debilidad financiera del Colegio. ¿Puede aclarar cuál es la situación real de la tesorería?

Fake news interesadas. No existe ninguna debilidad, la tesorería es estable. En el último Pleno se informó de que ronda los 4 millones de euros. La auditoría de EY confirma que no hay tensiones de caja, ni deudas relevantes, ni riesgos que comprometan los servicios o la actividad colegial. Nuestros colegiados seguro que distinguen entre crítica legítima y estrategias de desgaste injustificadas. Aceptamos lo primero, pero rechazamos lo segundo. El Colegio está bien gestionado y es financieramente fuerte.

Ha habido críticas a su continuidad al frente del Colegio. ¿Por qué no se han convocado elecciones?

Porque no se puede. Paso a resumir la situación: 1) Un mes antes de las elecciones denunciamos que un candidato no cumplía el requisito mínimo de ser médico en activo; 2) tras las elecciones la Comisión de Recursos del Icomem, en un dictamen muy claro, nos da la razón, impidiendo que el candidato ganador tome posesión; 3) ese mismo día decidimos convocar nuevas elecciones, a las que expresamente comuniqué que no me presentaría; 4) el candidato no aceptó el dictamen del órgano colegial y solicitó medidas cautelarísimas y cautelares, ambas ya denegadas por el juez, pero ha persistido en la judicialización del proceso, lo que impide una nueva convocatoria electoral; 5) mantengo mi firme compromiso de convocar nuevas elecciones mañana mismo, si el candidato que no cumple con ese requisito mínimo retira su demanda judicial.

En definitiva, ni yo ni mi junta directiva estamos aquí por voluntad propia, ni por aferrarnos al cargo. Estamos porque la ley así lo exige. Nuestro compromiso es claro: en cuanto finalice el procedimiento judicial se convocarán elecciones.

Merina: "El oscurantismo del Icomem es tal que no sabemos cuántos procesos judiciales hay en marcha" , El juicio por fraude al Icomem en la Audiencia de Madrid deja un rastro hacia otras causas, El cardiólogo Martínez-Sellés presidirá el mayor colegio de España hasta 2024 P.¿No implica esto un menoscabo de los derechos de este candidato electo?R. No. El requisito imperativo de estar en activo para acceder a la presidenc El presidente del Colegio de Médicos de Madrid (Icomem) responde a algunas de las preguntas que le ha enviado Diario Médico, en un contexto difícil para la corporación. Off Soledad Valle Profesión Off

Absolución por los daños a la madre en el parto instrumental que evitó un sufrimiento fetal

Archivado: noviembre 26, 2025, 1:17pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Sentencia

La Sala Contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha desestimado la reclamación de una mujer por los daños derivados de un parto instrumental, donde nació su hijo, sin ningún problema, pero tras el cuál ella sufrió un desgarro perianal y otras complicaciones, que le han dejado secuelas de por vida.

En su reclamación, el abogado de la gestante alegó que no existía ninguna urgencia vital del bebé que hiciera necesario el uso de la espátula para extraer al niño, además de que la madre no había dado su consentimiento para un parto instrumental y que el uso de la espátula no se hizo de manera correcta.

Pues bien, el tribunal refuta estas alegaciones de la demandante y señala en la sentencia que "concurría una razón esencial que justificaba acelerar el expulsivo en este caso, que era la de proteger al recién nacido prematuro (31+3 semanas de gestación), que era fruto de una tercera fecundación in vitro con riesgo de aborto prematuro y con dos abortos previos". Además, "dada la posibilidad de sufrimiento fetal ante la gran prematuridad, la presencia de unas desaceleraciones variables y de una bradicardia fetal leve mantenida de 110 latidos fetales por minuto durante cuatro minutos".

Y continúa el tribunal diciendo: "No podemos olvidar que, con esta actuación, el resultado fue que nació un bebé sano, con Apgar de 9/10/10. Y quizás, si no se hubieran aplicado las espátulas y el obstetra no hubiera terminado el parto, se habría producido un sufrimiento fetal".

En cuanto a la alegación de que la técnica de aplicación de las espátulas se realizó de forma incorrecta, el tribunal "manifiesta" que "no es una cuestión que haya quedado acreditada, siendo solo la opinión del perito de la parte actora, sin más apoyo probatorio".

Origen del desgarro, sin confirmar

Tampoco queda acreditado, a criterio del TSJ de Murcia, que el desgarro que sufrió la gestante se produjera "bien por forzar la salida de la cabeza o bien por no haber realizado las maniobras de rotación interna fetal con la suficiente delicadeza", pero -insiste el tribunal- que de esta relación "no hay prueba, más allá de la afirmación del perito de la recurrente".

Por último, sobre la falta de consentimiento informado, el tribunal avala lo dicho por la defensa de la Administración sanitaria, que se ampara en que fue "una decisión urgente", la que tuvo que adoptarse para evitar el sufrimiento fetal del bebé y, por tanto, exenta de cumplir con los requisitos más exigentes en relación a la información. Aunque también recoge el tribunal que "a la paciente se le dio información verbal acerca del procedimiento que se le iba a aplicar, sin que conste oposición de la misma a tal aplicación".

Indemnización de 6,5 millones por un parto sin monitorización completa y sospechas de sufrimiento fetal, La cesárea estaba indicada y había consentimiento para el parto inducido, así que el tribunal rechaza el recurso de la mujer, Condena porque el mal uso de la ventosa en un parto derivó en una lesión del plexo braquial Y es que el recurso de la gestante se fundamenta en el informe del perito de la parte recurrente, especialista en Ginecología y Obstetricia, que afirm El TSJ de Murcia rechaza el recurso de la mujer contra la atención recibida en el Servicio Murciano de Salud en su parto, que le dejó importantes secuelas. Off Soledad Valle Ginecología y Obstetricia Off

TSJ de Valencia: omitir la heparina derivó en la muerte de la paciente sin aplicar pérdida de oportunidad

Archivado: noviembre 25, 2025, 2:14pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Sentencia

La mala praxis fue admitida en vía administrativa por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Valencia -sin necesidad de acudir a los tribunales-, pero las hijas de la paciente fallecida no estuvieron de acuerdo con la indemnización concedida para cubrir el daño de la pérdida de su madre, una mujer de 45 años que ingresó en el Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia por empeoramiento del lupus eritematoso sistémico que padecía, con hipertensión obesidad y síndrome de Sjögren.

La Sala Contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha condenado a la consejería valenciana a indemnizar con 154.733 euros la muerte de la mujer por un tromboembolismo pulmonar bilateral provocado por la falta de tratamiento profiláctico con heparina, tras un largo periodo de ingreso hospitalario estando encamada. El error al no pautarle el anticoagulante está directamente relacionado con el fallecimiento de la mujer, sin aplicar el porcentaje corrector que pedía la Administración y que, como consecuencia, dejaba la compensación en 54.156,65 euros, según recoge la sentencia.

En aplicación de la doctrina de la pérdida de oportunidad, la Administración fijó en un porcentaje del 35% el incremento del riesgo de fallecimiento que sufrió la paciente por la falta de heparina. El TSJ rechaza tanto la aplicación de la pérdida de oportunidad como el porcentaje considerado.

Los hechos juzgados

El 19 de diciembre de 2019, la paciente ingresó en el servicio de Reumatología del Hospital Doctor Peset por debilidad progresiva en los miembros inferiores asociada a cefalea intensa frontal, dolor cervical y lumbar, con sospecha de brote neurológico secundario al lupus eritematoso sistémico. La electromiografía realizada durante este ingreso mostró hallazgos compatibles con una neuropatía axonal sensitiva de predominio en miembros inferiores, para la que se inicio tratamiento ambulatorio con vitamina B12, ya que se encontró un déficit de la vitamina y se le atribuyó el origen de la alteración.

Condena al Sermas por no descartar el tromboembolismo que derivó en la muerte del enfermo, Implantan en España el primer filtro bioconvertible para evitar tromboembolismo pulmonar , Un juez rebaja la indemnización de una muerte por tromboembolismo porque el paciente no siguió la indicación médica de moverse Reingresó el 22 de enero de 2020 de nuevo en Reumatología por una infección respiratoria y un agravamiento de la afectación de los miembros inferiores El tribunal incrementa la indemnización concedida a las dos hijas de una mujer de 45 años que falleció como consecuencia de un tromboembolismo pulmonar de 54.000 euros a 154.000. Off Soledad Valle Hematología y Hemoterapia Off

Trece años de prisión a un estatutario de Extremadura por acceso al historial de cuatro familiares

Archivado: noviembre 24, 2025, 2:44pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Penal

El condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz trabajaba como auxiliar administrativo en el servicio de admisión de Urgencias en el Hospital Universitario de Badajoz. Accedió a las historias clínicas de su cuñado (hermano de su mujer), la esposa de este y sus dos hijos en 384 ocasiones, desde 2017 hasta mayo de 2022. Con estos familiares mantenía una mala relación desde 2017, cuando fue destituido de la administración de la empresa familiar.

Estos hechos han sido juzgados y condenados en primera instancia y por la Audiencia Provincial de Badajoz, como constitutivos de cuatro delitos continuados de descubrimiento y revelación de secretos cometidos por un funcionario público, a trece años de prisión -son tres años y tres meses por cada víctima-, inhabilitación absoluta de seis meses y al pago de una indemnización de 6.000 euros a cada uno de los afectados -24.000 euros, en total-. El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha sido declarado responsable civil subsidiario.

La defensa del estatutario del SES argumentó en el juicio que no pudo acceder a los diagnósticos clínicos de las víctimas, porque el sistema informáticos JARA se lo impide, al no tener un perfil sanitario. Alegó que solo accedía a las "pestañas gestión del paciente" y "agenda del paciente", que no contenían información médica. Pero, la sentencia recoge que sí tenía acceso a determinados datos sanitarios, como interconsultas, partes de asistencia en urgencias y órdenes clínicas, que tienen consideración de "núcleo duro" de la privacidad.

También señaló que su cuñado "le contaba los problemas a todo el mundo y los colgaba en redes sociales"; que su sobrina "necesitaba tratamiento psiquiátrico y que él les ayudó" y destacó la "relación estrecha que había mantenido con la familia denunciante, a quienes auxilió en la petición de citas médicas".

Por el juicio desfilaron como testigos la abuela, la esposa del condenado y su hija, que trataron de quitar hierro a las disputas familiares y aseguraron que los demandantes habían pedido ayuda para la gestión de citas al condenando. Algo que negaron los afectados. La hija de la pareja denunciante dejó de acudir a la sanidad pública, cuando fue advertida por familiares y amigos de que datos sanitarios se habían hecho públicos.

La sentencia señala que el número de accesos "excede notoriamente de lo que supondría un auxilio de gestiones o trámites en orden a agilizar los plazos o tiempos de espera a fin de ser atendidos por profesionales sanitarios".

Daño moral

Por lo contrario, la Audiencia considera demostrado que los miembros de la familia denunciante se sintieron "apesadumbrados, con sentimientos de frustración, zozobra e impotencia", sin llegar a comprender "la obsesión del acusado" que mostraban los numerosos accesos a sus datos y dijeron que "desconocían el uso que podía haber hecho de la información a la que tuvo acceso". De ahí la existencia del daño moral que condena e indemniza la sentencia.

El TSJ de Galicia confirma seis años de prisión a una enfermera por acceso indebido a historias clínicas, Un año y nueve meses de prisión por consultar la historia clínica de su exmarido, Confirman la absolución de una coordinadora médica por mirar el historial de una compañera Pero, en su denuncia, la familia también señaló que el tratamiento psiquiátrico al que estaba sometida su hija, por un problema de salud mental, fue c Son tres años y medio por cada uno de los afectados, que eran su cuñado, su esposa y los dos hijos de estos, con los que el condenado mantenía una mala relación familiar. Off Soledad Valle Profesión Off

González Sanz (fiscal): "Hay 50 internamientos forzosos al día en Madrid"

Archivado: noviembre 21, 2025, 9:17am UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle XXXI Congreso Nacional de Derecho Sanitario

Ha sido en el XXXI Congreso Nacional de Derecho Sanitario que se está celebrando estos días en el Novotel Madrid Center. En la mesa titulada "Salud Mental y precariedad laboral. La gestión de los riesgos psicosociales", Mónica González Sanz, fiscal de la Audiencia Provincial de Madrid en la sección de Discapacidad y tutelas, ha soltado el dato: "En Madrid capital hay un juzgado que solo hace internamientos involuntarios y hay, al menos, cincuenta al día por motivos psiquiátricos y de residentes. Me sorprende que desde la pandemia tenemos muchos internamientos por enfermedad psiquiátrica de menores. Algo está pasando", apunta.

La fiscal Mónica González, a la que todo el mundo conoce como "Queca", según apunta, admite que la información sobre los internamientos forzosos "puede que no se enmarque exactamente dentro del contenido de la mesa de debate, pero el tema es algo que preocupa". Y, además, alude a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que da un buen tirón de oreja a España, pues condena al país por no haber respetado el derecho a la representación legal, por medio de un abogado, a un paciente psiquiátrico ingresado en un centro en contra de su voluntad.

"Esa sentencia ha dolido mucho", admite. Ha resonado en la sección judicial madrileña de la que forma parte la fiscal, pues, realmente, el reproche del TJUE es para los encargados de velar porque se cumplan los derechos fundamentales de los pacientes en estos procesos de retención por motivos médicos en contra de la voluntad del afectado. Son medidas excepciones, en la teoría, pero con el dato que ofrece la fiscal, parece que la excepcionalidad no es tal.

Eso sí, que nadie malinterprete, González defendió sin fisuras el buen hacer de juzgados y fiscalía en estos procesos. "Respetamos los plazos que impone la ley para aplicar esta medida, que es algo muy serio". Y tanto. Este tipo de retenciones pueden deslizarse hacia el delito de secuestro o detección ilegal con relativa facilidad.

Los tiempos que marca la ley son claros. El centro psiquiátrico tiene 24 horas para comunicar el ingreso forzoso del paciente y el juzgado tiene 72 horas para ratificar la legalidad de ese internamiento y darle el aval necesario para que esta medida sanitaria cuente con las garantías obligadas en un estado de derecho. Poca broma. "Los plazos se cumplen", reitera la fiscal de Madrid.

El TEDH condena a España por violar derechos del paciente en un ingreso forzoso, Sanidad 'abre el melón' de los internamientos forzosos y Psiquiatría Legal analiza su alcance, Un juez ordena el internamiento forzoso de un paciente con Covid-19 Estas garantías de derechos derivan de sentencias del Tribunal Constitucional, como señaló la fiscal, en las que se deben garantizar esos plazos y, ad Mónica González Sanz, fiscal de la Audiencia Provincial de Madrid, apunta el dato y advierte, con preocupación, sobre el crecimiento de internamientos psiquiátricos en menores. Off Soledad Valle Psiquiatría Off

El Icomem, en plazo para recurrir la absolución que abre la puerta al exsecretario del colegio a volver a su puesto

Archivado: noviembre 18, 2025, 2:34pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Penal

La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que absuelve al exsecretario del Colegio de Médicos de Madrid (Icomem), Armando Fernández-Sánchez, y a su asesor José Luis Antolín de un delito de estafa al colegio, todavía no es firme. Por eso, Fernández-Sánchez se muestra cauto. "Contento, por la absolución -la querella solicitaba seis años de prisión-, pero prudente".

Ahora, la pelota está sobre el tejado del Icomem, que tiene algo menos de dos semanas para recurrir la absolución de Antolín y Fernández-Sánchez. Pero, ¿va a recurrir el colegio la sentencia o, si quiera, se lo está pensando? Diario Médico ha elevado esta pregunta a prensa y a la dirección del Icomem sin obtener ninguna respuesta concluyente, ni la confirmación de que, efectivamente, estén estudiando esta posibilidad.

Mientras, el que fuera exsecretario de la Junta Directiva del presidente Manuel Martínez-Sellés, Armando Fernández-Sánchez, está pendiente de conocer el siguiente movimiento del colegio, para valorar sus opciones, como ha reconocido el afectado a este medio. Un escenario de partida de póker en toda regla.

Porque, si la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid deviene en firme, se abre un horizonte para el colegio de Madrid tan extraño como incierto. Pues, a la interinidad que vive la dirección del Icomem -Martínez-Sellés perdió las elecciones al colegio y ocupa la presidencia a la espera de que los tribunales resuelva sobre la candidatura vitoriosa, la encabezada por Tomás Merina- se uniría la posibilidad de que Armando Fernández-Sánchez recupere su puesto como secretario de la actual Junta Directiva del colegio, algo que, además, está recurrido.

"¿Mi posible incorporación? Ya la veremos", ha respondido Fernández-Sánchez, a la posibilidad de esa vuelta. Como también asegura que "verá" si presenta acciones contra la Junta directiva del colegio, por la querella impuesta. En definitiva, el futuro del Icomem, en buena parte, "está por ver", cuando se cumple un año de las últimas elecciones al colegio.

Absolución al exsecretario del Icomem y a su asesor del delito de estafa al colegio de Madrid, La Fiscalía mantiene los 6 años de prisión para los dos acusados de estafa al Icomem, Martínez-Sellés niega haber firmado las actas "falseadas" y los dos contratos a Antolín La Sección número 15 de la Audiencia Provincial de Madrid basó la absolución del delito de estafa, porque encontró pruebas que llevaban a pensar que l La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a José Luis Antolín y a Armando Fernández-Sánchez de la querella por estafa que le interpuso el Icomem en los juzgados de lo penal. Off Soledad Valle Profesión Off

La juez confirma la prisión a las cuatro sanitarias de Sierrallana, que siguen trabajando con sus víctimas

Archivado: noviembre 17, 2025, 3:14pm UTC por Soledad Valle

Profesión soledadvalle Penal

La sentencia fue de una dureza extrema (por la realidad que refleja), al dar por demostrado que durante cerca de una década, desde 2011, cuatro sanitarias, personal estatutario del Servicio Cántabro de Salud, actuaron conjuntamente coaccionando a su entorno, compañeros y superiores.

Ha ocurrido en el Laboratorio de Anatomía Patológica del Hospital Sierrallana (Torrelavega), pero los hechos eran conocidos por todo el hospital, según ha confirmado el Juzgado Penal número 3 de Cantabria, con una primera sentencia de enero de 2024. La ejecución de sentencia fue decretada a finales de septiembre de este año y las afectadas recurrieron, solicitando una suspensión de las penas de prisión. Es decir, no entrar en la cárcel.

Pero estos días se ha conocido que el Juzgado de lo Penal número 3 de Cantabria ha rechazado la suspensión de las penas de prisión, de modo que las tres de las cuatro condenadas deberán cumplir cinco años y tres meses de cárcel, como autoras de seis delitos de coacciones, y la cuarta, una pena de tres años y medio de cárcel. Las multas de más de 14.000 euros que deben afrontar cada una han sido abonadas casi en su totalidad.

Como si nada hubiera pasado

Este es un caso de suma trascendencia en Cantabria, pues poco antes de conocerse la resolución del juzgado sobre la suspensión de las condenas que solicitaron las sanitarias, el consejero de Sanidad del Gobierno de Cantabria, César Pascual, tuvo que responder a preguntas sobre por qué las condenadas no habían sido apartadas de sus funciones.

Y es que, por sorprendente que parezca -que es sorprendente, como deja ver la jueza en su resolución- las sanitarias no han sido apartadas de su actividad. Siguen en sus puestos, como estatutarias del Servicio Cántabro de Salud, y en algunos casos conviviendo con las víctimas. Tal es así que, como recoge el auto de rechazo a la suspensión de las penas, una de estas trabajadoras acosadas ha acudido al juzgado pidiendo orden de alejamiento.

Responde César Pascual

¿Por qué no se les ha suspendido a estas sanitarias? El consejero Pascual, en una respuesta que recoge El Diario Montañés, ha asegurado que "el Gobierno no puede abrir un expediente disciplinario ahora, porque no se hizo en su momento y los hechos están prescritos a efectos de la ley".

Es decir, que las sanitarias podrán volver a ejercer como estatutarias del SCS tras cumplir su condena penal, como confirmar fuentes jurídicas. Cualquier otra actuación, según ha apuntado el consejero, deberá ser impulsada por Prevención de Riegos Laborales, "que son los que tienen las competencias para adoptar medidas".

El 5% de las médicas españolas reconocen haber sido víctimas de acoso sexual en el trabajo, Una investigación corrobora las denuncias por acoso sexual contra Aubrey de Grey, Sanidad presenta una hoja de ruta para abordar los efectos del trabajo en la salud mental En el auto que niega suspender las penas y contra el que cabe recurso de reforma ante el Juzgado Penal número 3 y de apelación ante la Audiencia Provi Fueron condenadas por un delito de coacciones contra compañeros y superiores del laboratorio del Hospital de Sierrallana hace dos años y en este tiempo han seguido en sus puestos. Off Soledad Valle Profesión Off

Condena de cárcel al agresor de una ginecóloga que le prohibió grabar la ecografía de su bebé en la consulta

Archivado: noviembre 15, 2025, 7:00am UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Sentencia

Fue la pareja de la paciente, una gestante que acudió al centro de especialidades del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), donde le seguían su embarazo. Cerca de las 9:00 de la mañana de un día del mes de julio de 2024, cuando la ginecóloga estaba realizando la ecografía a la mujer, el hombre sacó su móvil y empezó a grabar lo que estaba ocurriendo.

En ese momento, la facultativa le indicó que "no podía grabar durante el acto médico" y que cuando terminara de realizar la ecografía "le dejaría un tiempo para ver al bebé y grabarlo".

Pero al acompañante no le pareció bien la prohibición de la facultativa que estaba en consulta en compañía de una enfermera. Increpó a la profesional diciéndole: "Tú a mí no eres quién para decirme lo que puedo grabar. Yo soy de los que sí pegan a las mujeres". Además de otras lindezas -según el relato que aparece en la sentencia- como: "Me voy, pero aquí te espero, aquí te espero".

Mientras la médica le pedía que saliera de la consulta, el hombre le propinó dos manotazos que, por suerte, no le causaron ninguna lesión visible. Tras la escena, el agresor se fue y en la sala de espera se encontró con el vigilante de seguridad del centro, al que propinó otro manotazo en la cara y, en esta ocasión, más certero y agresivo, lo que derivó en lesiones considerables. Finalmente, salió a la calle.

Sentencias

Los hechos motivaron una sentencia condenatoria del Juzgado Penal número 6 de Alcalá de Henares (Madrid) contra el hombre por un delito de atentado contra la autoridad y un delito de lesiones. La pena impuesta al agresor fue de siete meses de prisión, el pago de una multa de 350 euros y de 250 euros en concepto de indemnización por los daños al vigilante de seguridad.

Sin embargo, el condenado recurrió el fallo de instancia alegando que la facultativa no tenía la condición de autoridad y cuestionando la prueba y la declaración de la médica.

Valdés-Solís (fiscal) recuerda los límites del delito de atentado en agresiones a sanitarios, El testimonio de la médica agredida destruye la presunción de inocencia del paciente agresor, Tres años de prisión por amenazar a su médica con matarla si no le recetaba lorazepam ¿Qué dijo la ginecóloga en el juicio? El relato de los hechos de la médica, según el juzgado, ha sido "persistente, coherente, constante y sin contrad La Audiencia de Madrid ha impuesto siete meses de prisión por atentado contra la autoridad y un delito de lesiones, pues también arremetió contra el vigilante del centro. Off Soledad Valle Ginecología y Obstetricia Enfermería Obstétrico-Ginecológico (Matronas) Off

Absolución al exsecretario del Icomem y a su asesor del delito de estafa al colegio de Madrid

Archivado: noviembre 14, 2025, 2:21pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle sentencia

No. Armando Fernández-Sánchez, exsecretario del Colegio de Médicos de Madrid (Icomem), y su asesor José Luis Antolín no van a pasar seis años a la sombra, como pedía la dirección del colegio y el Ministerio Fiscal por falsedad documental y estafa a la corporación. Tampoco pagarán la indemnización de 176.000 que les solicitaban.

La Sección número 15 de la Audiencia Provincial de Madrid ha sentenciado que, después de las tres sesiones del juicio y una considerable cantidad de documentación, "tiene dudas de cómo se han producido los hechos denunciados". El tribunal admite que "no han quedado plenamente acreditados" los delitos que se imputan. De modo que, sin una prueba sólida, el tribunal dicta la absolución de los acusados y recuerda el principio del ámbito penal de in dubio pro reo.

En las 29 páginas de la sentencia, la Audiencia repasa los contratos, actas y declaraciones de los acusados en un proceso judicial que inició la dirección del Icomem, con su presidente, Manuel Martínez-Sellés, al frente, al interponer una querella contra los señores Fernández-Sánchez y Antolín por falsedad documental y estafa.

La acusación particular del Icomem ha defendido, en todo momento, que la Junta Directiva del colegio desconocía los contratos que se le hicieron a José Luis Antolín -dos contratos, uno laboral y otro mercantil, por una cantidad superior a los 100.000 euros anuales- y tampoco sabía del complemento de 3.900 euros aprobado para Fernández-Sánchez.

En sus acusaciones, alegaron que las cantidades supuestamente sustraídas al Icomem por los acusados se elevaban a 155.047,99 euros, en el caso de Antolín, y 21.450 euros, en el de Armando Fernández-Sánchez, de acuerdo con el escrito del Ministerio Fiscal.

Pero, como señala la Audiencia, no ha quedado demostrado que los dos acusados -y ahora absueltos- actuaran de manera acordada para falsificar las actas de la Junta directiva del Icomem, que recogen los acuerdos de sus subidas salariares y sus contratos, ni que falsificaran las firmas de Martínez-Sellés en contratos y actas, como alegó la acusación en el proceso.

La Fiscalía mantiene los 6 años de prisión para los dos acusados de estafa al Icomem, Martínez-Sellés niega haber firmado las actas "falseadas" y los dos contratos a Antolín, Tsunami en el Colegio de Médicos de Madrid: cuatro dimisiones y una querella criminal En definitiva, la Audiencia reconoce fundadas dudas sobre si la Junta Directiva conocía o no de esos contratos. "No ha quedado suficientemente acredit La Audiencia Provincial de Madrid no encuentra muestras sólidas de la acusación de falsedad documental y estafa que motivó la querella del Icomem contra los dos acusados. Off Soledad Valle Profesión Off

El Sescam, condenado al reintegro de gastos de un tratamiento de anorexia

Archivado: noviembre 13, 2025, 11:24am UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Salud Mental

El Hospital Universitario de Guadalajara no podía responder al tratamiento que necesitaba una joven de 15 años diagnosticada de anorexia nerviosa. Fue atendida en la Unidad de Salud Mental infanto-juvenil del centro, con seguimiento por especialistas en Psiquiatría y en Endocrinología y Nutrición. Acudió a tres citas durante marzo y abril de 2019, pero la joven, lejos de mejorar, empeoró.

La indicación terapéutica del equipo que la trataba fue clara: "ingreso terapéutico en un centro especializado". Los facultativos de Psicología del hospital, en agosto de 2019, reconocieron que "la atención ambulatoria de la menor no estaba siendo suficiente para contrarrestar el ritmo de pérdida de peso y la modificación significativa de sus pensamientos, emociones y comportamientos". Indicaron la derivación de la paciente a una unidad "especializada de tratamiento de trastornos de conducta alimentaria", donde se le pudiera proporcionar un tratamiento intensivo y específico.

Los padres de la menor buscaron un centro privado especializado donde su hija recibió la asistencia médica indicada, el Instituto de Trastornos Alimenticio. La última factura de esta asistencia fue de 5.445,12 euros y esta es la cifra que la familia reclamó al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).

Primero en vía administrativa y, tras la negativa del Sescam a reintegrar los citados gastos sanitarios, la familia acudió a los tribunales que han reconocido la obligación de la Administración de hacer frente a esta última factura.

El Juzgado de lo Social número 1 de Guadalajara ha condenado al Sescam al reintegro de gastos del tratamiento de la anorexia nerviosa que recibió la joven de 15 años en un centro privado y que asciende a unos 6.000 euros, al añadir los intereses.

Fundamentos del 'no' de la Administración

La Administración negó el reintegro de gastos en una primera instancia, alegando varias cuestiones: que no existía urgencia, que la joven estaba siendo tratada ambulatoriamente, que tenía opción de ir al Hospital Niño Jesús de la Comunidad de Madrid, donde existía la unidad específica, que ya se había reintegrado las facturas por este tratamiento y que quien debía pagar eso era el seguro escolar.

Base legal

El juez ha rechazado todos y cada uno de estos razonamientos del Sescam y considera que la reclamación se ajusta a lo que recoge el artículo 4.2 del Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre de cartera de servicios comunes del Servicio Nacional de Salud (SNS), así como en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del SNS. Es decir, que es un caso de riesgo vital y, por tanto, procede el reintegro de gastos.

El Sescam debe pagar los 44.272 euros que costó el tratamiento de anorexia a una chica de 15 años, Identifican un nuevo vínculo genético entre la anorexia nerviosa y ser madrugador, Un trabajo plantea la necesidad de potenciar el ejercicio físico en la recuperación de pacientes con anorexia Pero es que, además, la familia ya presentó otra factura por el tratamiento de la misma patología de su hija. Y ese reintegro de gastos motivó una sen La familia de la joven con anorexia nerviosa acudió a un centro privado ante el empeoramiento de la situación de su hija y la falta de opciones en la sanidad pública. Off Soledad Valle Psiquiatría Endocrinología Off

El testimonio de la médica agredida destruye la presunción de inocencia del paciente agresor

Archivado: noviembre 12, 2025, 11:42am UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Agresión

No hubo testigos de la agresión. Ha sido la palabra de la médica agredida contra la del paciente agresor, pero ha resultado suficiente para destruir la presunción de inocencia del hombre, condenado por la Audiencia Provincial de Vizcaya a dos años de prisión y al pago de un multa de 720 euros.

Los hechos ocurrieron en la mañana del día 1 de septiembre de 2021, cuando el paciente estaba en la consulta de la médica en el ambulatorio de Rontegui (Barakaldo, Vizcaya). Empezó a dar voces, a quejarse de la doctora y del sistema sanitario. Le dijo a la médica "eres tonta, tan joven y tan tonta".

Entonces, según el relato que recoge la sentencia, la facultativa se dirigió a la puerta para salir y, en ese momento, el paciente le lanzó un manotazo a la cara, que logró interceptar con su mano izquierda. Y corrió a refugiarse a la zona administrativa del centro sanitario.

Como consecuencia de la agresión, la médica sufrió dolor en el antebrazo y en la mano izquierda. Fueron lesiones leves de las que se recuperó en dos días, durante los que la afectada no estuvo impedida "para sus ocupaciones habituales".

Delito de atentado

El Juzgado de lo Penal número 2 de Barakaldo en sentencia de marzo de 2025 condenó los hechos. Impuso dos años de prisión al paciente como autor de un delito de atentado y al pago de una multa de 720 euros por el delito de maltrato de obra.

Pero el paciente recurrió la sentencia. Negó los hechos, pues admitió que hubo una discusión, "pero nunca una agresión". Y alegó que "la única prueba en la que se basa la sentencia es la declaración de la víctima, la médica", algo que consideró insuficiente para destruir su presunción de inocencia.

Detenidas doce personas por agredir a sanitarios y policías en el Hospital de Ciudad Real, Yanguas: "El 17% de los agresores a sanitarios son reincidentes", Tres años de prisión por amenazar a su médica con matarla si no le recetaba lorazepam Explica el recurrente que hubo un retraso de seis meses en su identificación, lo que dice que impidió "el acceso a las grabaciones de las cámaras de v La Audiencia Provincial de Bilbao confirma la condena a dos años de prisión a un hombre que agredió a una médica en un Centro de Salud de Róntegui (Vizcaya). Off Soledad Valle Profesión Off

Merina: "El oscurantismo del Icomem es tal que no sabemos cuántos procesos judiciales hay en marcha"

Archivado: noviembre 10, 2025, 7:00am UTC por Soledad Valle

Profesión soledadvalle Lun, 10/11/2025 - 08:00 Entrevista

Tomás Merina, ganador de las últimas elecciones celebradas a la presidencia del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem), pero apartado de la dirección de colegio por decisión de la Comisión de Recursos, ha asistido a las tres vistas judiciales del proceso penal contra el exsecretario del Icomem, Armando Fernández, y su exasesor, el letrado José Luis Antolín, acusados de fraude al colegio.

Atento, con boli y papel, Merina ha apuntado durante las tres jornadas detalles del juicio que ha quedado listo para sentencia y en el que se pide a los acusados hasta seis años de prisión. Del 28 al 30 de octubre ha pasado por la Audiencia Provincial de Madrid hombres de la actual Junta Directiva del colegio y otros profesionales que fueron contratados en los meses siguientes a que Manuel Martínez-Sellés tomara posesión al frente del Icomem.

Aquí, Merina hace una valoración de este juicio. Además, Diario Médico ha invitado al actual presidente del Icomem, Manuel Martínez-Sellés, a dar su versión en otra entrevista.

Pregunta.

¿En qué momento judicial está su recurso a la decisión de la Junta Electoral de anular su victoria electoral?

Respuesta.

Estamos a la espera de la decisión de la justicia. Nosotros ganamos las elecciones el pasado 17 de diciembre con una propuesta clara: construir un Colegio de Médicos independiente de poderes externos y que ofrezca los mejores servicios posibles. Los médicos de Madrid eligieron esa propuesta con un 47 por ciento de los votos, pero los perdedores de las elecciones maniobraron desde dentro para mantenerse en el poder. La Junta Directiva saliente usó a la Comisión de Recursos, un órgano interno en el que había miembros de su propia candidatura, para invalidar nuestra elección, que había sido validada por la Junta Electoral. Ante este atropello, acudimos a la justicia. Ahora todo está en manos del juzgado de lo Contencioso-administrativo número 18 de Madrid. Esperamos que emita sentencia en el primer trimestre de 2026 y que su decisión permita proteger los derechos democráticos de los colegiados.

Usted ha asistido a los tres días del juicio de la querella presentada por el equipo del presidente del Icomem, Manuel Martínez-Sellés, contra dos exmiembros del colegio, uno de ellos de su Junta Directiva. ¿Cuál ha sido su impresión?

La primera impresión es que los médicos de Madrid no merecen esto. Fue Martínez-Sellés quien abrió las puertas del colegio a esa gente, a la que ahora acusa de lucrarse de forma ilegítima con el dinero de los médicos de Madrid. Él dijo que contrató a personas sin interesarse de cuanto cobraban y luego se echó las manos a la cabeza al conocer sus salarios. Si le creemos, como mínimo, es un mal gestor. Pero hay algo más: estas personas negociaron su contratación con un empresario ajeno al Icomem. Más allá de la posible comisión de delitos, el telón de fondo es una forma de gestionar el colegio que consiste en entregar la institución a intereses externos.

Pero Martínez-Sellés ha declarado como testigo en el juicio alegando que falsificaron su firma en actas y contratos.

Su intervención fue una falta de respeto a los médicos de Madrid. Acudió al juicio como testigo para declarar contra un miembro de su propia Junta Directiva [el doctor Armando Fernández, que era el secretario del colegio]. Y su estrategia fue decir que no se enteraba de nada. Más allá de las firmas supuestamente falsificadas, llegó a decir que firmaba las órdenes de pago de estas personas sin leerlas al detalle porque estaba muy ocupado y porque se fiaba de las personas que tenía alrededor. El Icomem es una institución centenaria. Ser su presidente conlleva una responsabilidad. Martínez-Sellés llegó al colegio en 2020 y cinco años después sigue sin interiorizar esa responsabilidad. No se hace cargo de lo que pasa bajo su techo.

El juicio por fraude al Icomem en la Audiencia de Madrid deja un rastro hacia otras causas, La Fiscalía mantiene los 6 años de prisión para los dos acusados de estafa al Icomem, Martínez-Sellés niega haber firmado las actas "falseadas" y los dos contratos a Antolín P.¿Usted conocía las querellas presentadas por el Icomem cuando decidió presentarse a las elecciones? R. Conocemos solo la punta del iceberg. El oscur El candidato más votado en las últimas elecciones al Ilustre Colegio de Médicos de Madrid (Icomem), Tomás Merina, habla del juicio penal a dos exmiembros del colegio por fraude. Off Soledad Valle Política y Normativa Off

Ábalos, Koldo y Aldama responderán ante el juez por los contratos de mascarillas durante la covid

Archivado: noviembre 3, 2025, 12:30pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Lun, 03/11/2025 - 13:30 Proceso judicial

Es la primera pieza del procedimiento contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor Gonzalo de Aldama, donde se encuentra la causa por los contratos de mascarillas durante la pandemia de la covid-19.

Sobre este procedimiento, el juez Leopoldo Puente Segura, de la Sala Penal del Tribunal Supremo, ha dictado un auto con fecha de este lunes, 3 de noviembre, donde resume los hechos que han motivado la imputación a los investigados de los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública, en relación con los contratos de emergencia relacionados con la pandemia de la covid-19.

El juez ha dado diez días al Ministerio Fiscal y a las acusaciones populares para que elaboren sus escritos, donde detallen los delitos que se les imputan a los tres investigados (que no pueden diferir mucho de los apuntados en el auto), con las penas asociadas y la responsabilidad civil. Después, le tocaría el turno a la defensa de los acusados, que tendrían otros diez días para responder al escrito de la acusación. En definitiva, no será hasta dentro de un mes, aproximadamente, cuando se conozca la fecha del juicio y el tribunal donde se juzgará a Ábalos, Koldo y de Aldama.

En concreto, el juez investiga dos contratos de adquisición de mascarillas firmados con la empresa de Víctor Gonzalo de Aldama, Soluciones de Gestión, para las entidades pública, dependientes del Ministerio de Transportes: Puertos del Estados y ADIF. Estos contratos podrían haberse adjudicado a la empresa del señor Aldama, con el acuerdo previo de que éste ofreciera "una indebida compensación económica" tanto al exministro Ábalos como a su socio, en ese momento, Koldo García, de acuerdo con el auto del Supremo.

"Gonzalo de Aldama Delgado, aprovechando la relación personal que le unía con José Luis Ábalos Meco y con Koldo García Izaguirre, pudo haber obtenido información previa y privilegiada sobre las necesidades derivadas de la urgencia, lo que le habría permitido articular una oferta -con la aquiescencia de uno y otro y el compromiso de que los contratos le serían adjudicados- para asegurar la perfección del contrato de suministro en favor de la empresa cuyos intereses promovía, Soluciones de Gestión", recoge el auto.

Los dos contratos de mascarillas

Dicha oferta, "promovida en el ámbito de sus responsabilidades profesionales por el propio ministro, sirviéndose para las gestiones ordinarias de los oficios de su asesor" fue aceptada. Así, primero fue el contrato de 8 millones de mascarillas para Puertos del Estado y, después, de 5 millones de mascarillas para ADIF. El auto señala que Koldo García habría sido quien trasladó a los responsables de Puertos del Estado la oferta de Soluciones de Gestión y quien, "surgidos algunos problemas en la ejecución de los contratos y planteándose en un momento dado el presidente de Puertos del Estado, don Francisco Toledo, resolverlo, desbloqueó la situación en favor de los intereses que indebidamente promovía, siempre con el conocimiento y aprobación de José Luis Ábalos".

Fernández (PP Baleares): "Armengol dejó caducar 3,7 millones de euros de mascarillas defectuosas", El Supremo admite que los sanitarios trabajaron sin EPIs, pero no encuentra inactividad del Ministerio de Sanidad, Condena a un hombre y una mujer por estafar a una empresa con la venta de mascarillas durante la pandemia "Todo ello -continúa el auto- determinó la obtención por parte de Aldama Delgado de los beneficios generados como consecuencia de la comisión obtenida El juez del Tribunal Supremo ha abierto la puerta a la celebración del juicio por cohecho, organización criminal, tráfico de influencias y malversación.
Off Soledad Valle Política y Normativa Off

La Fiscalía mantiene los 6 años de prisión para los dos acusados de estafa al Icomem

Archivado: octubre 30, 2025, 3:41pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Jue, 30/10/2025 - 16:41 Proceso judicial

Este jueves, 30 de octubre, han testificado los acusados, José Luis Antolín, exasesor del colegio de Madrid, y Armando Fernández-Sánchez, exsecretario, en el juicio que se libra contra ellos en la Audiencia Provincial de Madrid por falsedad y estafa al Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem) y para los que el Ministerio Fiscal pide seis años de prisión y el pago de una indemnización, de manera solidaria, de 176.000 euros.

En la querella que puso el Icomem contra los acusados y con la que se inició el procedimiento judicial que este jueves ha quedado listo para sentencia, se les responsabiliza de maniobrar de manera conjunta para manipular dos actas de la Junta Directiva del Icomem -las del día 5 de noviembre de 2020 y la del 18 de junio de 2021- con las que avalaron los dos contratos de los que gozaba el señor Antolín con el colegio, uno mercantil y otro laboral, por cantidades que superan los 100.000 euros al año, además de una adenda, que incrementó más sus emolumentos.

En estas actas, supuestamente manipuladas, se habría aprobado también un complemento salarial para el señor Fernández-Sánchez de 3.999 euros mensuales, que llegó a cobrar no más de tres meses, el blindaje de los contratos del letrado Antolín y el aumento de las competencias del señor Fernández en la contratación.

A todo lo cual hay que añadir la supuesta falsificación de la firma el presidente del Icomem, Manuel Martínez-Sellés, que aparece en las actas cuestionadas y en los contratos. De modo que las cantidades supuestamente sustraídas al Icomem por los acusados se elevan a 155.047, 99 euros, en el caso de Antolín, y 21.450 euros, en el de Armando Fernández-Sánchez, de acuerdo con el escrito del Ministerio Fiscal.

En su alegato final y después de escuchar el testimonio de los acusados, la Fiscalía ha mantenido sus cargos, al entender que "el delito de la falsedad documental ha quedado acreditado por el testimonio de Martínez-Sellés, presidente en funciones del Icomem, así como con las declaraciones de tesorero del colegio, José Antonio Valero-Sánchez, y del vicesecretario, que está haciendo labores de secretario, Javier Martín Sánchez.

La Fiscalía sostiene que los acusados "mediante un plan preconcebido" idearon unas "actuaciones conjuntas para lucrarse a partir del Icomem". Destaca en su alegato que el plan solo beneficia a los acusados, en contra de los intereses del Icomem, y, por tanto, destaca el sinsentido de firmar unos contratos fuera de lo permitido por los Estatutos del colegio, si no fueran por ese interés mutuo de lucrarse y, por tanto, estafar al colegio.

A estas acusaciones lanzadas por la Fiscalía en el tramo final del proceso judicial, se han añadido el delito de "ocultación", expuesto por la abogada que representa al Icomem en el juicio.

Martínez-Sellés niega haber firmado las actas "falseadas" y los dos contratos a Antolín, Tsunami en el Colegio de Médicos de Madrid: cuatro dimisiones y una querella criminal , ‘Icomem para todos’: “Lamentamos que la institución sea noticia por escándalos internos” Frente a la solicitud de condena, los letrados de los acusados han armado sus defensar en distinto sentido. Por un lado, el abogado del señor Antolín El juicio penal contra José Luis Antolín y Armando Fernández-Sánchez, exasesor y exsecretario del Icomem, respectivamente, ha quedado listo para sentencia. Off Soledad Valle Profesión Off

Martínez-Sellés niega haber firmado las actas "falseadas" y los dos contratos a Antolín

Archivado: octubre 28, 2025, 3:42pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Mar, 28/10/2025 - 16:42 Proceso judicial

A las diez de la mañana en la planta tercera, sala 15 de la Audiencia Provincial de Madrid, ha comenzado este martes, 28 de octubre, el juicio contra Armando Fernández Sánchez, exsecretario del Colegio de Médicos de Madrid (Icomem), y José Luis Antolín, excoordinador de la asesoría jurídica del colegio, exasesor del secretario y exsecretario de la Comisión de Deontología del colegio.

Los acusados enfrentan penas de prisión de seis años y el pago de una indemnización de 176.000 euros, por delitos de falsedad documental y estafa, según la petición del Ministerio Fiscalía. El Icomem, que ejerce como acusación particular, se ha adherido a lo solicitado por la Fiscalía, según ha manifestado en sala este martes.

Un pasillo muy estrecho

Minutos antes de comenzar la primera sesión de un juicio -que está planteado con una duración de tres días consecutivos y en jornada de mañana- el ambiente en el pasillo de entrada a la sala se podía cortar. Estaban juntos, pero no revueltos: acusados, con sus equipos de abogados, el presidente en funciones del Colegio de Médicos de Madrid, Manuel Martínez-Sellés, que acude para testificar, y Tomás Merina, ganador de las últimas elecciones al Icomem, pero inhabilitado para tomar posesión de su cargo por cuestiones que está dilucidando la justicia. Merina ocupó el asiento entre el escaso público que asistimos al arranque del juicio, en la primera sesión.

El meollo de proceso está en demostrar que los dos acusados actuaron en solitario manipulando las actas de las juntas directivas celebradas el 5 de noviembre de 2020 y el 18 de junio de 2021, en beneficio propio, pues ahí se dotaron de un poder y de una serie de contratos, que están detrás de la estafa que se les imputa.

La firma (o supuesta firma) de Martínez-Sellés se encuentra en las dos actas, así como en los contratos de los acusados. En el caso del exasesor José Luis Antolín son dos contratos con los que estuvo vinculado al Icomen: uno laboral, de 92.092 euros anuales y otro mercantil, de 60.000 euros al año. Mientras al exsecretario, Armando Fernández Sánchez, se le aprobó un complemento de 3.900 euros netos al mes. De modo que las cantidades supuestamente sustraídas al Icomem por los acusados se elevan a 155.047, 99 euros, en el caso de Antolín, y 21.450 euros, en el de Armando Fernández-Sánchez, de acuerdo con el escrito del Ministerio Fiscal.

Tsunami en el Colegio de Médicos de Madrid: cuatro dimisiones y una querella criminal , El cese del secretario deja al Colegio de Madrid al borde de la ingobernabilidad, ‘Icomem para todos’: “Lamentamos que la institución sea noticia por escándalos internos” Martínez-Sellés y la Junta directiva del Icomem en ese momento, año 2020-2021 -que es la misma junta directiva que la actual, excepto dimisiones- defi Este martes se ha celebrado la primera sesión del juicio contra el exsecretario del Icomem Armando Fernández Sánchez y el exasesor José Luis Antolín por falsedad y estafa. Off Soledad Valle Profesión Off

Condena al SAS por el abordaje de un paciente con covid al que envió a casa y murió poco después

Archivado: octubre 19, 2025, 6:00am UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Dom, 19/10/2025 - 08:00 Sentencia

Hay mucha diferencia entre tratar una infección respiratoria por covid-19 al comienzo de la enfermedad, que hacerlo cuando ya ha evolucionado hacia una neumonía bilateral y más en el año 2021, con había pautas ya aprendidas. El caso clínico es evidente. El judicial parece que también, pues el paciente, un hombre de 55 años, acudió al servicio de Urgencias del Hospital de la Merced de Osuna donde dio positivo de covid, en prueba de PCR, pero sin afectación pulmonar clara, pues el resultado clínico de la radiografía que se le practicó en ese momento fue apuntado como: "no se ve claramente imágenes de condensación pulmonar".

Era el 23 de marzo de 2021 y, por edad, el enfermo todavía no se había vacunado contra la covid, pues la inmunización para las personas de 55 años, sin tener ninguna profesión de riesgo, no se pusieron hasta mayo de 2021, según el calendario vacunal oficial. En Urgencias del Hospital no vieron gravedad, le enviaron a casa con un paracetamol cada ocho horas y un nuevo control a los 13 días.

Pero no había pasado ni una semana, el 28 de marzo, cuando el hombre volvió a Urgencias del mismo centro, porque su estado había empeorado, como mostró (ya sin duda) la radiografía de pulmón. Tenía una neumonía bilateral por SARS-COV-2. Entonces, indicaron su traslado al Hospital de Valme (Sevilla) y el paciente falleció de neumonía el 5 de abril de 2021.

La familia reclamó por mala praxis al Servicio Andaluz de Salud (SAS) y el Juzgado Contencioso-administrativo número 11 de Sevilla ha admitido los argumentos de la abogada María Jesús Villalpando, colaboradora de la Asociación El Defensor del Paciente, condenando al SAS a indemnizar con 283.612 euros, más los intereses legales, a la familia del paciente.

En la resolución, el juez considera que no se agotaron los medios diagnósticos en la primera visita del paciente al servicio de Urgencias, pues se debería haberse hecho una TC o una analítica para descartar las dudas de interpretación de la radiografía.

Condena al Servicio Murciano de Salud a pagar 262.000 euros por la muerte de un enfermo de covid, Condena por impedir el acompañamiento de la familia a una paciente con covid en sus últimos días de conciencia, El Supremo condena al Sermas a pagar los gastos de un paciente ingresado por covid en un centro privado En definitiva, la cuestión judicial se centró en la valoración del resultado de la primera radiografía y la actuación médica a la vista de esa prueba El paciente, un hombre de 55 años, fue al hospital en la fase inicial de la enfermedad y sin agotar las pruebas diagnósticas, se le envió a casa con un paracetamol. Off Soledad Valle Neumología Off

Bancalero, sobre el registro de objetores: el Gobierno "plantea un problema donde no lo hay"

Archivado: octubre 15, 2025, 1:19pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Mié, 15/10/2025 - 15:19 Aborto

Tienen un mes para responder a la carta de requerimiento que les ha enviado el Ministerio de Sanidad, con fecha del martes, 14 de octubre, para que cumplan la ley del aborto en lo referente a la elaboración del registro de objetores de conciencia a la citada prestación.

Sin embargo, las tres autonomías, Aragón, Islas Baleares y Madrid han adelantado a este medio sus respuestas. Desde la consejería de Sanidad de Aragón, con José Luis Bancalero al frente, aseguran que "han iniciado los trámites para la creación del registro".

Sí, pero, vamos a ver...

Pero la contestación de Bancalero al requerimiento del Gobierno no termina aquí. Recuerda que la exigencia de crear un registro de objetores al aborto "ya existía cuando el PSOE gobernaba en Aragón". Y no encuentra justificación para que "en menos de diez días (el 6 de octubre y el 14 de octubre) desde el Gobierno se envíen dos cartas para solicitar prácticamente lo mismo".

La primera misiva, la del 6 de octubre, la envió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los presidentes de las comunidades autónomas sin registro de objetores al aborto. Mientras que en las misivas del día 14 de octubre figura como remitente la ministra de Sanidad y como destinatarios, los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas señaladas.

En definitiva, Bancalero considera que el Gobierno "plantea un problema donde no lo hay", con el objetivo de desviar el foco "de cuestiones más graves, como es la investigación judicial en marcha por presuntos casos de corrupción" en el Gobierno, en el PSOE y en la familia del presidente.

Dos cuestiones que sí son un problema

Ciñendo la respuesta al ámbito sanitario, el consejero de Sanidad de Aragón pide al ministerio que "en lugar de plantear un problema donde no lo hay" -pues insiste en que en su comunidad la prestación en el sistema público está asegurada- centre sus esfuerzos en "resolver los dos grandes problemas que sí tiene ahora el sistema sanitario", que son la falta de profesionales y la falta de financiación.

Sanidad presiona a Madrid, Baleares y Aragón para que creen el registro de objetores, El protocolo de registro de objetores al aborto "a la carta" deja sin excusas a las CCAA, ¿Qué margen tienen las autonomías para crear su registro de objetores al aborto? También aseguran que están trabajando en la elaboración de un registro de objetores, en la Consejería de Salud de Islas Baleares, que dirige Manuela G El consejero de Sanidad de Aragón, José Luis Bancalero, ha respondido a Sanidad que están trabajando en el registro de objetores, como también reconoce Baleares. Off Soledad Valle Ginecología y Obstetricia Off

Sanidad presiona a Madrid, Baleares y Aragón para que creen el registro de objetores

Archivado: octubre 14, 2025, 12:07pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Mar, 14/10/2025 - 14:07 Aborto

El Ministerio de Sanidad ha dado un paso más para conseguir el objetivo, que ha reiterado en los últimos meses, de que todas las comunidades autónomas deben cumplir con la ley del aborto, en el punto que recoge la necesidad de que los servicios sanitarios autonómicos cuenten con un registro de objetores para organizar la citada prestación.

Con este fin, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha enviado una carta de requerimiento personalizada a cada uno de los consejeros de Sanidad de las tres autonomías que no han cumplido con el trámite del registro, que son Aragón, Islas Baleares y Madrid, ni están en el camino de hacerlo. Porque tampoco tienen un registro de objetores al aborto, Andalucía y Asturias, pero estas autonomías están dando paso para cumplir con este requisito, según explica Sanidad en las cartas.

En la misiva, con fecha de este martes,14 de octubre, la ministra recuerda la exigencia que recoge la ley del aborto y que, en diciembre de 2024, en Consejo Interterritorial, se aprobó del protocolo común para la elaboración homogénea del registro, con el visto bueno de todas las autonomías.

A partir de entonces, la Dirección General de Ordenación Profesional, a través de la Subdirección General de Cohesión y Alta Inspección, ha realizado un rastreo "diario" a través de "boletines y sedes electrónicas", para comprobar si se estaba cumpliendo con la elaboración del citado registro.

El protocolo de registro de objetores al aborto "a la carta" deja sin excusas a las CCAA, Brescó (SEGO): "Nunca aceptaremos realizar un listado de objetores al aborto", ¿Qué margen tienen las autonomías para crear su registro de objetores al aborto? La ministra les dice a los tres consejeros en las cartas de requerimiento algo que, seguro que saben, y es que su comunidad "no ha desarrollado dicho El Ministerio de Sanidad ha enviado una requerimiento por carta a los consejeros de sanidad de la autonomías que no tienen registro de objetores al aborto, para que lo hagan. Off Soledad Valle Off

¿Tiene sentido (a estas alturas) una ley nacional de cuidados paliativos?

Archivado: octubre 11, 2025, 6:00am UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Sáb, 11/10/2025 - 08:00 Cuidados Paliativos

Son tres preguntas muy pertinentes para este sábado, 11 de octubre, que se celebra el Día Mundial de los Cuidados Paliativos y a las que han respondido Elia Martínez, presidenta de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal), Ricardo Martino, jefe de la sección de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Universitario Niño Jesús de Madrid, Javier Rocafort, expresidente de Secpal; Jacinto Bátiz, director del Instituto para Cuidar Mejor del Hospital San Juan de Dios de Santurce (Vizcaya), y Teresa Salcedo, presidenta de la Sociedad de Cuidados Paliativos de Castilla-La Mancha.

Profesionales con voces reconocidas y reconocibles en el sector y una larga trayectoria batallando de manera incansable por el acceso de los pacientes a los cuidados paliativos, que dan respuesta a las preguntas planteadas. El resumen de sus contestaciones son, en el orden formuladas: Sí, hace falta la ley nacional; claro que la especialidad, aunque lo que ya está a punto es el área de capacitación específica (ACE). Y sobre el permiso laboral por cuidado de familiar en paliativos que anunció la ministra Yolanda Díaz el pasado jueves, la respuesta es "vamos a esperar a ver".

Pero, lector, no se conforme con las repuestas rápidas. Cada profesional ha expresado de manera razonada su posición, que trasladamos a continuación.

También hemos preguntado al Ministerio de Sanidad sobre si está trabajando en alguna de estas reivindicaciones históricas de los paliativistas y sus comentarios están al final del reportaje, después de las intervenciones de los profesionales.

Elia Martínez

La presidenta de la Secpal es contundente al afirmar que sigue existiendo la necesidad de una ley nacional de cuidados paliativos, que garantice un acceso más igualitario a esta atención. La posibilidad de recibir una asistencia de calidad en enfermedades crónicas y graves no puede depender del territorio donde viva el enfermo y para paliar estas diferencias entre autonomías -y dentro de las propias autonomías-, desde la Secpal confían en esa ley. Además, de que una buena atención paliativa implica no solo atención sanitaria, sino de otros ámbitos, como la asistencia social, unos determinados derechos laborales... Vaya, que implica a otros ministerios y competencias que son del Gobierno central, así que una ley de ámbito nacional es necesaria.

También es pertinente la especialidad médica, pero Martínez adelante que están en conversaciones avanzadas con el Ministerio de Sanidad para obtener ("por fin") el área de capacitación específica (ACE), para los profesionales que tengan una formación avanzada en paliativos. No es la especialidad médica, pero es un reconocimiento que, aunque no frena la intención de alcanzar la especialidad, es un paso más, explica la presidenta de la Secpal.

Desde la Secpal han elaborado una respuesta oficial al anuncio de la ministra Yolanda Díaz de que aprobarán un nuevo permiso laboral por cuidado de familiar en paliativos. Aseguran que "prefieren conocer más detalles de la medida anunciada", pero adelantan que "todas las mejoras que faciliten el acompañamiento de un ser querido en sus últimos días de vida son bienvenidas". Además, aclaran que "los cuidados paliativos no se limitan únicamente a lo que se conoce como fase terminal".

Lo ideal, en todo caso, sería que "este tipo de medidas estuvieran incluidas en una ley nacional de cuidados paliativos que unifique las diferentes normas autonómicas", concluyen.

Solo tres autonomías cumplen el 24/7 en paliativos pediátricos; el resto... ahí anda, Paliativos: desmontando los falsos mitos de la medicina que cuida y alivia, De 52 facultades de Medicina, 23 tienen paliativos como asignatura obligatoria Y es que, excepto seis comunidades autónomas, el resto tienen leyes de cuidados paliativos, lo que haría pensar que ya no es necesario una norma nacio Bruera (paliativos): "El desafío es que los gobernantes asuman que todos vamos a morir", ¿Es posible morir donde toda la vida o es un lujo?, Secpal quiere que los paliativos 'impregnen' todas las aulas de Medicina Teresa Salcedo, médica de cuidados paliativos en Castilla-La Mancha, considera que "si los cuidados paliativos son un derecho universal, debemos tener ¿Y el reconocimiento de la especialidad? Son peticiones históricas, a las que responden varios profesionales, que también valoran el anuncio del "nuevo permiso laboral". Off Soledad Valle Oncología Neurología Off

Condena del TSJ al Servicio Andaluz de Salud por retraso de diagnóstico en un cáncer de mama

Archivado: octubre 9, 2025, 3:03pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Jue, 09/10/2025 - 17:03 Sentencia

Ha sido en medio de los errores de las mamografías en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y del anuncio de un grupo de mujeres afectadas de su intención de demandar a la Administración, cuando la Asociación el Defensor del Paciente ha sacado a la luz una sentencia muy en la línea de esta actualidad, pues se trata de una condena de la Sala Contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al SAS por el retraso de diagnóstico y tratamiento de un cáncer de mama. La Administración deberá indemnizar con 25.000 euros a la paciente, tras una importante rebaja en relación a lo concedido por el juzgado de instancia, que fue de 81.000 euros.

La resolución, con fecha de mediados del pasado junio, ya es firme y tiene elementos que pueden ayudar a entender hasta qué punto las reclamaciones de las mujeres afectadas por el reciente escándalo en el SAS pueden prosperar en los juzgados y, si es así, qué indemnización podría compensar el daño de estas mujeres, aunque la "reparación del daño" siempre va a depender del perjuicio que cada reclamante demuestre haber sufrido por ese supuesto retraso o falta de seguimiento, incluido el daño moral.

En este caso, la reclamante, una mujer de 58 años, fue diagnosticada de un carcinoma en estadio avanzado en 2017, cuando, como quedó demostrado en el juicio, los signos de malignidad ya aparecían en las pruebas de 2014. Esta demora derivó en que el abordaje del problema se hiciera más tarde y, ahora, la mujer sufra unas secuelas que son por las que pide la compensación: mastectomía radical, linfadenectomía axilar, incapacidad absoluta reconocida por el INSS para todo trabajo, graves daños estéticos, físicos y psicológicos, pérdida significativa de calidad de vida, necesidades de rehabilitación y cuidados continuados.

Error en la calificación

Según quedó reconocido en el juicio y alegó el abogado de la mujer, Damián Vázquez, especialista en Derecho Sanitario, la paciente, que estaba en el programa de detección precoz del cáncer de mama, se sometió a una primera radiografía en junio de 2014 y entró a ser calificada como BIRADS1, que recomienda repetir la mamografía cada dos años, cuando ya había síntomas que hacían sospechar de malignidad.

"A la vista de la sintomatología que presentaba la actora (en esa primera revisión), como cambios en la forma de la mama y retroacción, ya debió de habérsele realizado un estudio más completo para descartar un posible carcinoma lobulillar". Es decir, la situación de la paciente dentro del cribado debía haberse calificado como BIRADS3, que implica un control más exhaustivo, de revisión cada seis meses y no cada dos años.

Tras el diagnóstico, en mayo de 2017, la paciente fue intervenida en julio de 2017 de una mastectomía radical y linfademectomía nivel II Berg, con diagnóstico de carcinoma lobulillar pleomórfico de siete centímetros, con afectación tumoral ganglio. El carcinoma de mama era de Estadio III A. Recibió quimioterapia y radioterapia, y una posterior reconstrucción en Hospital Puerta del Mar de Cádiz, con extracción de mama y de ganglios de la axila izquierda con dos tumores.

Dimite la consejera andaluza tras la crisis de las mamografías, El SAS contactará con 2.000 mujeres del cribado de mama con prueba no concluyente, Dos errores de diagnóstico en cáncer le cuestan al SAS medio millón de euros El TSJ de Andalucía ha confirmado la resolución del juzgado de instancia, en cuanto que hubo un "retraso de diagnóstico del cáncer derivado de una cal La sentencia, que es firme, sale a la luz en medio de los errores por los cribados de cáncer de mama en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Off Soledad Valle Oncología-Radioterápica Off

Absolución a la enfermera de Osakidetza que dejó sin vacunar a 404 menores, pero con un recado para Justicia

Archivado: octubre 8, 2025, 12:24pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Mié, 08/10/2025 - 14:24 Sentencia

El informe judicial de los médicos forenses en el juicio contra la enfermera del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza ha resultado determinante para que la Audiencia Provincial de Vizcaya haya sentenciado su absolución de los cargos presentados por las familias de los 404 niños que no fueron vacunados por la profesional, entre febrero de 2021 y septiembre de 2022, cuando trabajaba en el centro de salud de Kabieces (Santurce, Vizcaya). La resolución ha sido conocida este miércoles, 8 de octubre.

La enfermera es inimputable. En su informe, los facultativos explican a la Audiencia que "la acusada de no vacunar a los menores presenta un discurso fluido donde afloran ideas delirantes de tipo esotérico/mágico y conceptos existenciales muy complejos". En definitiva, que la sanitaria manifiesta un trastorno de tipo psicótico, catalogado como trastorno delirante, que se ajusta a lo que recoge el artículo 20.1 del Código Penal, para establece la eximente completa por alteración psíquica.

Sobre si esta condición mental de la enfermera constituye una eximente completa para asumir su responsabilidad de haber dejado a 404 niños sin cumplir a tiempo con la inmunización fijada en el calendario vacunal fue una duda expresada por Aitzol Asla Uribe, abogado de las familias demandantes. ¿Eximente completa o eximente parcial? Pues bien, la Audiencia ha respondido con contundencia en la sentencia, reiterando que la enfermera es inimputable y, por tanto, no culpable "sobre la base de la citada prueba pericial", que es el informe forense.

Tratamiento psiquiátrico ambulatorio

Ante esta situación, la Audiencia obliga a la enfermera a someterse a un tratamiento psiquiátrico ambulatorio durante siete años, durante el mismo tiempo que queda inhabilitada para el ejercicio de su profesión, porque, a pesar de la absolución, el tribunal reconoce que se han cometido los delitos de daño continuado y de falsedad documental. Además, la enfermera deberá indemnizar con 20.000 euros a los Osakidetza, por los gastos generados al sistema sanitario público.

Pero en la sentencia, de 25 páginas, la Audiencia Provincial de Vizcaya va más allá y deja un recado al Ministerio de Justicia, en forma de "exposición razonada" donde le pide que legisle para incluir en el Código Penal un delito para el empleado público que incumpla una obligación con repercusiones para la salud pública.

Un delito para el funcionario que niegue la evidencia científica

A la luz de lo sucedido en este caso, donde una enfermera, personal estatutario del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, fingió cumplir con su deber de poner unas vacunas del calendario vacunal a unos menores en presencia de sus tutores, la Audiencia pide que se tipifique esta conducta de manera clara, como un delito diferente al de daños y al de falsedad documental, que son los que se han alegado en este caso. Vamos, que la conducta de la enfermera es otra cosa distinta, causa un daño distinto, y así tendría que figurar en el Código Penal.

La Audiencia en su exposición razona al Ministerio de Justicia dice que "entiende" que "la conducta de un empleado público, obligado por razón de su cargo a administrar unas vacunas destinadas a inmunizar a menores frente a determinadas enfermedades (sarampión, rubeola, varicela, etc.), que incumple con su obligación, fingiendo la supuesta inoculación de las vacunas y la correcta inmunización de unos menores carentes de la misma, genera un problema grave de salud pública que no se encuentra tipificado ni en los tipos penales que castigan conductas que atentan contra la salud pública, ni en los tipos penales correspondientes a delitos cometidos por funcionarios públicos". Por lo tanto, hay que regular un tipo penal nuevo.

De modo que la Audiencia pide al Ministerio de Justicia eso, "que valore si procede su regulación como delito en el Código Penal" y hace esta solicitud al amparo de la posibilidad que le abre el artículo 4.2 del Código Penal.

Las familias de los niños sin vacunar piden más de 12 años de prisión para la enfermera, Arranca el juicio a la enfermera acusada de dejar sin vacunar a 404 menores en Osakidetza, La Fiscalía rectifica y considera inimputable a la enfermera que dejó sin vacunar a 404 menores A las pocas horas de conocerse la sentencia las familias de los menores afectados no se plantean recurrir en vía penal, lo que no significa que vayan La Audiencia de Vizcaya ha determinado la inimputabilidad de la acusada y pide que se tipifique en el Código Penal el delito para el funcionario que incumplan con la inmunización. Off Soledad Valle Política y Normativa Off

Un año y nueve meses de prisión por consultar la historia clínica de su exmarido

Archivado: octubre 7, 2025, 10:20am UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Mar, 07/10/2025 - 12:20 Proceso judicial

El juicio en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria estaba fijado para primera hora de la mañana de este martes, 7 de octubre, y las partes enfrentadas, una sanitaria y su exmarido, han llegado a un acuerdo, que ha ratificado el tribunal.

Puede que el caso, a usted, lector de este medio, le produzca un cierto déjà vu, y con toda la razón. Una vez más una sanitaria, una auxiliar de enfermería del Servicio Cántabro de Salud (SCS), ha sido condenada en vía penal por consultar los datos sanitarios de un paciente, (que no era su paciente), sin la autorización para hacerlo. Para más inri, el afectado era su exmarido y la condenada utilizó la información obtenida en otro juicio...

Así que pocas horas después de firmarse el acuerdo, la Audiencia Provincial de Cantabria ha dado más detalles. La sanitaria ha sido condenada a un año y nueve meses de prisión por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

La mujer había consignado 6.000 euros para afrontar las posibles responsabilidades en las que hubiera incurrido, por lo que la Fiscalía ha considerado que concurre la circunstancia atenuante muy cualificada de reparación del daño.

Reconocimiento de los hechos

Además, la auxiliar de enfermería ha reconocido los hechos y ha admitido ser autora de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, merecedor de la citada pena de prisión, de una multa de 1.680 euros y de la inhabilitación absoluta durante cinco años y nueve meses, lo que conlleva no poder acceder a la función pública durante ese tiempo.

Según los hechos probados que se van a llevar a sentencia, la acusada, "siendo consciente del compromiso de confidencialidad contraído, accedió con sus claves informáticas personales al historial clínico" de quien había sido su marido.

Seis años y medio de prisión por acceso indebido a la historia clínica de una ex amiga y de su hijo, Seis años de inhabilitación y dos de cárcel por tres visitas a la historia clínica de su colega, Trastorno de personalidad como atenuante en una condena por acceso indebido a datos de terceros desde un centro de salud Añade que actuó "sin su consentimiento ni conocimiento, y sin que mediara relación asistencial que pudiera justificar tal acceso".Dieciséis accesosLo Además, la sanitaria condenada deberá abonar una multa de 1.680 euros y afrontar una pena de cinco años y nueve meses de inhabilitación absoluta. Off Soledad Valle Política y Normativa Off

Los modelos de IA predictivos de enfermedades, como Delphi-2M, ¿pueden emplearse ya?

Archivado: octubre 3, 2025, 6:00am UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Vie, 03/10/2025 - 08:00 Inteligencia artificial

La revista Nature ha publicado el trabajo sobre un modelo de IA, llamado Delphi-2M, con capacidad para predecir el desarrollo de mil enfermedades a partir de la historia clínica de las personas. Un salto cualitativo en cuanto a los modelos predictivos conocidos hasta ahora. Son mil enfermedades.

Delphi-2M puede saber, con dos década de antelación, si un paciente desarrollará Alzheimer, por ejemplo, solo con la información que ya existe en su historia clínica. Vamos, con datos que ya recogidos, que están ahí, al alcance de la mano.

Por supuesto que este modelo de IA tiene sus limitaciones, pero es innegable que es una auténtica pasada. O dicho de otro modo, esto viene a cambiar el ejercicio de la Medicina.

Lo dice Javier García Alegría, director del Área de Medicina Interna del Hospital Costa del Sol de Marbella y expresidente de la Facme (Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas), que contó su experiencia en el uso de la IA para diagnóstico en la Jornada de la Cosce (Confederación de Sociedades Científicas de España), titulada Ciencia y Tecnología: Dilemas éticos.

Explicó que hacía poco recibió en su consulta a una paciente un tanto desesperada, porque venía rebotada de varios sitios donde no habían alcanzado con lo que le pasaba. Los síntomas que describía la mujer eran poco comunes y a García Alegría se le ocurrió pedir ayuda a la IA, que en cinco minutos le ofreció un diagnóstico: enfermedad rara X (no dijo el nombre). Era una patología con muy pocos casos en el mundo y unas decenas en España. La IA había acertado.

"Hubiera llegado al mismo diagnóstico, pero me hubiera costado días, mientras que la IA lo pudo hacer en minutos", reconocía García Alegría.

Ante esta "nueva manera de abordar la enfermedad o al paciente", García Alegría ve claro la necesidad de contar con un nuevo marco legislativo, pero no solo eso: "Los médicos vamos a tener que cambiar, porque con los nuevos retos debemos desarrollar nuevas competencias", señaló.

Un modelo de IA predice el riesgo de más de 1.000 enfermedades con dos décadas de anticipación, La 'huella dactilar' vascular de la retina es capaz de predecir el riesgo de ACV, La placenta muestra utilidad para predecir obesidad infantil Pero, ¿cuál es el límite actual en el uso de estas tecnologías de IA, más allá de lo que dicta la ética?¿Por qué un hospital no puede utilizar Delphi- Íñigo de Miguel, investigador de la UPV/EHU, explica el marco legal actual y aventura el contexto correcto que justificaría la aplicación médica de esta tecnología. Off Soledad Valle Off

Condena de 1,2 millones por la actuación de un anestesista en la sedación de un niño

Archivado: octubre 2, 2025, 1:38pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Jue, 02/10/2025 - 15:38 Tribunal Supremo

La Sala Civil del Tribunal Supremo ha aplicado la doctrina del daño desproporcionado en la condena a la aseguradora de un anestesista, la compañía AMA (Agrupación Mutual Aseguradora), por la mala praxis cometida por el profesional en una clínica de radiodiagnóstico de Valladolid, en diciembre de 2012. La aseguradora ha indemnizado con 1,2 millones de euros a los padres de un menor, que cuando tenía 15 meses sufrió una parada cardiorrespiratoria durante una resonancia magnética. El niño ha quedado con una discapacidad del 90%.

Santiago Díez Martínez, abogado de DSD Legal y colaborador de la asociación El Defensor del Paciente, ha confirmado a este medio que las cantidades fijadas por el Tribunal Supremo ya han sido abonadas por la aseguradora, en una ejecución provisional de la sentencia.

Y es que la mala praxis quedó demostrada y sentenciada por el Juzgado de Instancia número 1 de Madrid, que reconoció que el facultativo había incurrido en una falta de información a los padres del riesgo que asumía el menor al someterse a la anestesia con propofol y miaxolen. Y, además, habían fallado por omitir la monitorización del paciente durante la prueba diagnóstica, pues no hay registro que determine con exactitud cuándo empezaron las convulsiones del niño, ni cuánto duraron, antes de que llegaran los servicios del 112 para trasladarle a un hospital.

Desde la defensa de la aseguradora se intentó demostrar que la parada cardiaca duró unos 30 segundos, pero los graves daños registrados por el menor hacían pensar en más tiempo, en hasta 10 minutos, según expusieron varios peritos.

Daño desproporcionado

En su recurso, la familia también alegó que el menor era alérgico a varias sustancias, entre ellas, al huevo y argumentó que la parada cardiorrespiratoria fue provocada por el propofol, el anestésico que se le suministró, y que contenía lecitina de huevo.

Pues bien, aunque esta explicación parece de lo más plausible y es la que siguen defendiendo el abogado y los familiares del niño, el juez de instancia no consideró demostrada esta relación. Varios informes periciales descartaron esa posibilidad, ya que el niño entró en parada cuando estaba a punto de terminar la resonancia magnética, es decir, tuvo una reacción lenta y con síntomas que los expertos en el juicio no consideraron que encajaran con una reacción anafiláctica de este tipo.

En todo caso, la sentencia condenatoria se sostiene en la doctrina del daño desproporcionado, que fulmina la presunción de inocencia de la parte demanda (del anestesista y su aseguradora). En virtud de esta doctrina, el profesional estaba obligado a demostrar su inocencia y, como suele ocurrir en estos casos, no hubo una explicación convincente ni demostrable de cómo y por qué "la simple realización de una resonancia magnética con sedación" terminó en "una tetraparesia de carácter espástico provocada por una parada cardiorrespiratoria con hipoxia y una encefalopatía posterior".

Indemnización de 80.000 euros por una mala praxis al abordar un esguince de tobillo, Indemnizan con 20.000 euros a un vegano por no administrarle la vitamina B12, El jefe de Sanidad de la UME explica el trabajo de coordinación con las autonomías Esta enorme desproporción entre el acto médico y el daño con el que termina el menor obliga al médico acusado a explicar de manera convincente que tod La aseguradora del profesional deberá hacer frente a la indemnización millonaria por los graves daños que sufre el menor, con una discapacidad del 90%. Off Soledad Valle Anestesiología y Dolor Off

Tiene que medir el radón desde ya o arriesgarse a que le multen por ser un gas cancerígeno

Archivado: octubre 1, 2025, 1:33pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Mié, 01/10/2025 - 15:33 Prevención de riesgos laborales

Desde este 1 de octubre, las empresas situadas en bajos y bajos rasantes de los más de 1.600 municipios españoles con altas concentraciones del gas radón (ver el mapa) deberán empezar a medir la presencia de este volátil dentro de sus establecimientos, de acuerdo con lo que indica la instrucción IS-47, del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que se publicó en el BOE del 1 de mayo de 2025. Centros sanitarios (públicos y privados) y farmacias, también.

La exigencia viene desde la normativa de prevención de riesgos laborales, pues hay investigaciones científicas que avalan la relación del gas radón en interiores y el desarrollo del cáncer de pulmón. Sí, en el ámbito médico y científico este es un tema de consenso y, desde la Unión Europea, llevan tiempo advirtiendo y obligando a los Estados Miembros a adoptar un Plan nacional contra el radón. En España se aprobó en 2024 y recoge ya esa obligación de medir el gas, con un mapa, detallando la presencia natural de este gas en todo el territorio.

La instrucción del CSN empieza a aplicarse desde este 1 de octubre y "da directrices sobre cómo planificar y ejecutar los estudios de medición de la concentración de radón en el aire; establece la frecuencia con la que las mediciones deben repetirse; y estandariza el modelo de informe de resultados", explica Nuria Blázquez, física, presidenta del Comité Científico de la Comisión de Radón del Colegio Oficial de Físicos y directora del laboratorio Calidad Radiológica S.L.

El laboratorio de Blázquez es uno de los diez que están acreditados en España para realizar las mediciones del gas radón. Es decir, colocar los medidores en los interiores de bajos y bajos rasantes de los centros laborales y recogerlos a los tres meses para analizar la información y sacar el promedio anual de concentración del gas, que debe estar por debajo de los 300Bq/m3, que es el tope que recoge la normativa como seguro. Si supera esa cifra, el empresario debe aplicar medidas para rebajarla y eso es un tema a parte, pues pueden ir desde obligar a las empresas a ventilar más y mejor, a tener que acometer reformas estructurales en el edificio. (Pero, cruzaremos ese puente, cuando llegue).

Multas a partir de 3.000 euros

Como la medición del radón se debe completar a lo largo de tres meses, hasta enero de 2026 no se alcanzará a controlar qué empresas están cumpliendo con esta obligación.

"En 2026, Inspección de Trabajó puede exigir el cumplimento de la instrucción del radón e imponer multas a partir de 3.000 euros, según recoge la ley de 1964 sobre Energía Nuclear a la que alude la regulación, además de otro tipo de penalizaciones, como la retirada de la licencia", apunta la experta.

El radón mata y hay que medirlo en los centros de trabajo, Gas radón: primeras voces que piden cumplir con la normativa de prevención de riesgos laborales , Medir el radón en centros de trabajo será obligatorio desde octubre y hay solo diez laboratorios acreditados para hacerlo Pero esta información no está llegando a las empresa pequeñas y medianas. Al menos esa es la conclusión que saca Blázquez, pues ni la demanda ni el nú Inspección de Trabajo, que es la encargada de revisar el cumplimiento de medir el radón en centros de trabajo, podría actuar desde enero, "con multas a partir de 3.000 euros". Off Soledad Valle Política y Normativa Off

Condenan la muerte de un paciente tras una cirugía bariátrica, "que no es una operación estética"

Archivado: septiembre 22, 2025, 6:00am UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Lun, 22/09/2025 - 08:00 Obesidad

En sentencia firme, corta y contundente, el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Sevilla ha determinado la responsabilidad de la Clínica Dorsia en Sevilla en el fallecimiento de un hombre tras someterse a una cirugía bariátrica.

Los hechos ocurrieron el 10 de junio de 2021, cuando el paciente, de 51 años, con problemas de obesidad, contrató el servicio de la citada clínica, del grupo mercantil Activa, Deporte y Salud S.L., para someterse a una gastroplastia endoscópica, una cirugía bariátrica, usando una técnica poco invasiva.

De la documentación médica aportada y, en particular, del informe pericial que acompañó a la demanda, el juzgado concluye "que existió una mala praxis en el servicio sanitario prestado".

Sin análisis de coagulación

El informe pericial aseguró que "el paciente fue sometido a un procedimiento endoscópico-quirúrgico de reducción de estómago sin las garantías de la realización del análisis de coagulación ese mismo día, posibilitando el riesgo de sangrado tras el procedimiento. Esto conllevó la producción de hemoperitoneo (presencia de sangre en la cavidad peritoneal del abdomen), que obligó a una intervención quirúrgica con complicaciones posteriores y al aplazamiento del tratamiento anticoagulante, posibilitando un trombo cardiaco que condujo a la parada cardíaca y al fallecimiento. La causa de la muerte del paciente fue un shock hemorrágico".

Quedó demostrado que la especie de grapas utilizadas habían dejado una perforación de 15 milímetros en la unión con el esófago, por donde salía material gástrico. En el caso del paciente, que estaba anticoagulado, la intervención era especialmente peligrosa.

La situación en la que terminó el enfermo en la clínica obligó a su traslado de urgencias a un hospital público de Sevilla, donde no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

El juez es rotundo al admitir los argumentos de la familia del paciente, representada por los abogados Francisco Javier y María Jesús Villalpando, colaboradores de la Asociación El Defensor del Paciente, en cuanto a que, sin un adecuado control previo al enfermo, jamás se le debió someter a dicha intervención para perder peso, que era el objetivo final, al ser una operación de alto riesgo. El juez condena también la falta de información adecuada de los riesgos que asumía el paciente con la operación.

La "falta de control previo" se centra en que no se hizo una analítica de coagulación el día del procedimiento endoscópico [...].

Indemnización

Por consiguiente, la mercantil ha sido condenada a indemnizar a la familia del fallecido con 389.809 euros, como cifra total, que incluye la indemnización y la devolución de los gastos de la intervención (10.000 euros).

Obesidad y salud mental: una relación bidireccional en la que el abordaje conjunto marca el éxito o el fracaso terapéutico , Cirugía bariátrica: "Hay pacientes que nunca deberían operarse en el extranjero", La cirugía consigue en un estudio de vida real más pérdida de peso que los GLP-1 Velar por la buena praxis en las intervenciones de cirugía bariátrica, así como por su correcta indicación está entre los objetivos de la Sociedad Esp Fátima Sabench Pereferrer, presidenta de la Sociedad Española de la Cirugía de la Obesidad y Enfermedades Metabólicas (SECO), explica las indicaciones de esta intervención. Off Soledad Valle Cirugía General y del Aparato Digestivo Endocrinología Off

El jefe de Sanidad de la UME explica el trabajo de coordinación con las autonomías

Archivado: septiembre 21, 2025, 12:05pm UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Dom, 21/09/2025 - 14:05 VIII Congreso de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana

Hablar de la DANA, de la actuación de la UME, de la coordinación de equipos, de la atención sanitaria, de la capacidad predictiva de catástrofes y hacerlo en el auditorio del Colegio de Médicos de Alicante, ante una buena parte de las más de 500 personas inscritas en el VIII Congreso de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana, cuando, día sí y día también, hay noticias del proceso judicial que está en marcha para determinar las responsabilidades en la muerte de las 228 personas por la gran riada... Pues eso. Abordar estos temas en el contexto actual requiere cierta valentía.

Valientes han sido Vicente León, director general de Emergencias y Extinción de Incendios de la Generalitat Valenciana; Javier Millán, jefe de servicio de Urgencias del Hospital Universitario de la Fe de la Comunidad Valenciana; Íñigo Vila, director nacional de Socorros de Cruz Roja España y el teniente coronel Fernando Moro, jefe de la sección de Sanidad de la Unidad Militar de Emergencias (UME). María Isabel Moya, vicepresidenta primera de la OMC, fue la moderadora de la mesa del Congreso dedicada a Sanidad y Emergencias, donde intervinieron los citados.

Entre los ponentes, el más fugaz fue el representante de la UME. Moro llegó habló y se marchó. Además de no aparecer en el programa, porque confirmó su asistencia a última hora, tras superar la estipulada cadena de autorizaciones, según ha podido saber este diario.

Señaló que cuando la UME crea una célula de emergencia sanitaria trabajan "desde el primer momento integrados en el dispositivo de la comunidad autónoma" donde van. Por ejemplo, "aquí en Valencia en la DANA trabajamos con el 112" y añadió que "reconocer las limitaciones de cada capacidad es fundamental".

En el ámbito sanitario, aseguró que "ha habido un avance importante" en la atención de emergencias y defendió la necesidad de "trabajar con las comunidades autónomas, porque de otro modo, no vamos a ser resolutivos".

También se refirió a los famosos niveles de emergencia operativa: en el nivel 2 está al mando la autonomía que es la que solicita la ayuda a la UME y en el nivel 3, la UME tiene la dirección.

"No tenemos ningún interés en dirigir las emergencias" y apuntó que, a veces, las comunidades "tienen miedo de llamar a la UME", porque "piensan que vienen los militares con ese perfil de persona rígida, y es todo lo contrario, por lo menos en la UME, donde somos personas superflexibles, que hemos ido aprendiendo y que nos adaptamos a las decisiones de las comunidades en las situaciones de emergencia operativa 2".

Pero, aclaró que "incluso en el nivel 3, mandando nosotros la intervención, tenemos flexibilidad absoluta. Lo que queremos es alcanzar niveles de integración con los equipos de la comunidad en nuestros puestos de mando integrados. Queremos estar trabajando mano a mano con las comunidades".

El debate sobre financiación de la ley ELA nota la ausencia del Gobierno, Yanguas: "El 17% de los agresores a sanitarios son reincidentes", Cobo advierte del maltrato a los profesionales y habla del EM como de un "modelo anticuado" Moro reiteró que las autonomías debían perder el miedo a llamar a la UME. Dijo que en los 20 años de vida de la UME han participado en un millar de in Fernando Moro, jefe de la sección de Sanidad de la Unidad Militar de Emergencias (UME), ha participado en el VIII Congreso de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana. Off Soledad Valle Medicina Urgencias Off

Yanguas: "El 17% de los agresores a sanitarios son reincidentes"

Archivado: septiembre 19, 2025, 10:08am UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Vie, 19/09/2025 - 12:08 VIII Congreso de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana

Un debate sobre agresiones a profesionales sanitarios no está completo sin la presencia de Manuel Yanguas, el Interlocutor Policial Nacional Sanitario, que lleva trabajando más de una década en poner a raya a los agresores de los profesionales que nos cuidan. Yanguas lo hace desde todos los frentes, pero de manera especial trabaja en la prevención, formando a sanitarios en activo y a estudiantes, colaborando con colegios profesionales, administraciones de todos los colores y territorios y universidades.

De su trabajo y de la situación de las agresiones a estos profesionales ha hablado Yanguas en la mesa dedicada a la violencia en el sector de la salud, dentro del VIII Congreso de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana, que se está celebrando estos días en Alicante.

"En 2024 se notificaron 17.163 agresiones de sanitario al Ministerio de Sanidad, de las que el 18% fueron agresiones físicas. Son 47 agresiones al día y un tercio de ella las realiza el acompañante del enfermo, no el enfermo", los datos ofrecidos por Yanguas son conocidos, pero muestran, una vez más, el esfuerzo realizado en los últimos años por contabilizar el fenómeno como paso previo a buscar una solución.

Yanguas tiene una receta clara que parte de un dato, que también ha repetido y es que "el 17% de las agresiones a sanitarios son de personas reincidentes", vaya, que ya han protagonizado otra agresión a un sanitario. Este porcentaje, según el profesional, muestra que no ha habido escarmiento por la primera vez, entonces, repiten.

"Los profesionales sanitarios tienen que denunciar las agresiones. De los 106 detenidos en 2024, no ha habido ninguno reincidente, porque en el arresto, se han visto, codo con codo con delincuentes de verdad y esa situación nadie la quiere repetir. No la quiere repetir el agresor de un médico que, por lo general, es una persona normal que tiene un mal día", señala.

La ley del motorista

Yanguas advierte, ante un auditorio con muchos estudiantes de medicina, enfermería y derecho, que en las agresiones a sanitarios se aplica "la ley del motorista". Explica: "Hay dos tipos de sanitarios, lo que han sido agredidos y los que lo van a ser".

Cobo advierte del maltrato a los profesionales y habla del EM como de un "modelo anticuado", Fornes: "El problema de la legislación sanitaria es la diferencia que hay entre autonomías", Cuidado con la gente normal que tiene un mal día Con este convencimiento, los interlocutores sanitarios de la Policía Nacional, han intensificado sus labores de formación en las universidades de dond Manuel Yanguas, interlocutor policial nacional sanitario, ha dado el dato en el mesa sobre agresiones del VIII Congreso de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana. Off Soledad Valle Política y Normativa Farmacia Comunitaria Off

Navarro (PedPal): "Las autonomías se están poniendo las pilas en paliativos pediátricos"

Archivado: septiembre 17, 2025, 11:50am UTC por Soledad Valle

Política y Normativa soledadvalle Mié, 17/09/2025 - 13:50 Paliativos

"El anuncio de Baleares de que, desde el 1 de octubre, contará con paliativos pediátricos 24/7 todos los días del año, "es una muy buen noticia" y muestra que "las comunidades autónomas se van poniendo las pilas en este tema". Así valora Álvaro Navarro, presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos Pediátricos (PedPal), el paso dado por el Ib-Salut y asegura que hay otras comunidades, como Asturias y Andalucía, que también "están trabajando" en dar una atención continuada a los menores en paliativos.

Navarro es médico, paliativista pediátrico, en la unidad del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, de Madrid, donde "hace poco tratamos a una familia de Baleares con una niña enferma que estaba planteándose trasladar su residencia de las islas a Madrid para asegurarse una atención continuada para su hija. Así que fíjate hasta dónde llega la necesidad y prioridad de esta atención", cuenta.

La situación denunciada por el médico del Hospital de Cruces, Jesús Sánchez Etxaniz "ha sido un impulso para que los paliativos pediátricos avancen", según reconoce el experto.

El Ministerio de Sanidad, junto a comunidades autónomas y sociedades científicas, han estado trabajando en un borrador para actualizar las recomendaciones para dar una atención paliativa adecuada, no solo la pediátrica. El Plan Operativo 2025-2029, Estrategia de Cuidados Paliativos está listo para que se lleve al Consejo Interterritorial para su aprobación.

Baleares se une a las autonomías con paliativos pediátricos 24/7 y ya son cuatro, Solo tres autonomías cumplen el 24/7 en paliativos pediátricos; el resto... ahí anda, Los niños en paliativos domiciliarios que no mueran de 8 a 3 tienen difícil atención Actualiza las recomendaciones que figuraban en otros documentos del Sistema Nacional de Salud, tanto de paliativos en general como de paliativos pediá Álvaro Navarro, presidente de la Sociedad de Paliativos Pediátricos (PedPal), adelanta los cambios del nuevo Plan de Paliativos del SNS, que pasará por el Consejo Interterritorial. Off Soledad Valle Pediatría Off

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Temas por Soledad Valle

Archivado: agosto 1, 2026, 1:52pm UTC por Soledad Valle

Archivado: julio 30, 2026, 2:13pm UTC por Soledad Valle

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