Radiografía del primer año de eutanasia: 174 prestaciones y más de 4.000 objetores
soledadvalle
Vie, 24/06/2022 - 07:55

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Radiografía del primer año de eutanasia: 174 prestaciones y más de 4.000 objetores
Soledad Valle/Rafael J. Álvarez. Madrid | Infografía: Dina Sánchez
La eutanasia cumple un año. La pregunta es una: ¿cuántas eutanasias se han practicado desde la entrada en vigor de la ley, el 25 de junio de 2021? Las respuestas son 17, y no todas las comunidades autónomas han estado dispuestas a dar esta información, antes de que el Ministerio de Sanidad recoja de manera estructurada los datos.
Quince de las diecisiete han respondido a este diario. El resultado de la suma de las eutanasias practicada en este año de entrada en vigor de la ley es de 174, a falta de datos de Asturias, La Rioja, Ceuta y Melilla.
Destaca en número Cataluña, con 60 muertes asistidas, seguida de País Vasco (25), Madrid (19), Valencia (13) y Andalucía (11). Después, Baleares (8), Canarias (7), Navarra (5), Cantabria (5), Castilla y León (5), Castilla-La Mancha (4), Murcia (4), Galicia (4), Aragón (3) y Extremadura (1).

Infografía: DINA SÁNCHEZ
"Alrededor de un tercio de las solicitudes de eutanasia no llegan a efectuarse", apunta Javier Júdez, médico, vicepresidente de la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica, e investigador de las legislaciones que regulan la eutanasia en otros países. ¿El motivo? "Algunos pacientes mueren antes de que se resuelva su petición, otros la revocan y algunas solicitudes serán rechazadas por no encontrarse entre los requisitos de autorización".
Las peticiones
La relación entre efectuadas y solicitadas por comunidades autónomas es la siguiente: Cantabria recibió 12 solicitudes de eutanasia, realizó 5, cuatro personas fallecieron antes de tramitarse la petición y dos fueron denegadas. En Navarra han sido nueve solicitudes, de las que cinco se han realizado, dos se han denegado y dos están en trámite. Aragón ha recibido 18 solicitudes, han aprobaron cuatro, pero solo han realizado tres. En Galicia la relación es de 19 solicitudes y cuatro eutanasias practicadas. En Castilla-La Mancha han sido ejecutadas cuatro de las ocho solicitadas. Murcia ha recibido cinco peticiones de eutanasia y ha realizado cuatro.
La Comunidad Valenciana detalla que han recibido 23 solicitudes, repartidas entre la provincia de Valencia (14) y Alicante (9), de las que se han autorizado 18 y cuatro se han desestimado. Cataluña ha realizado 60 eutanasias de 137 solicitudes recibidas, han aprobado 78 y 37 personas han fallecido durante el trámite de la solicitud, nueve de las cuales tenían ya la aprobación; 5 han sido revocadas, y cuatro denegadas. País Vasco ha recibido 71 solicitudes, de las que han concluido con la ejecución de la eutanasia 25 casos, mientras 22 personas han fallecido con el procedimiento iniciado y seis peticiones han sido rechazadas.
Baleares recibió 17 solicitudes, han formalizado 13 de las que 9 son de Mallorca; 1, de Menorca, y 3, de Ibiza y Formentera. Ha practicado ocho eutanasias, de las 10 solicitudes con una resolución favorable. Mientras, Castilla y León recibió 17 solicitudes, ha realizado 5 y ha rechazado 5, mientras tienen una solicitud en tramitación.
Disparidad
Júdez también advierte sobre la provisionalidad de estas cifras por corresponder a un primer año "con un sistema que ha partido de cero y, por tanto, con muy poco tiempo de implementación. Es muy probable que existan diferentes velocidades de demanda-respuesta entre comunidades autónomas. Se trata de una etapa de rodaje, de puesta en marcha, de prueba y error...".
Además, advierte que habrá que estar atentos al "cuadro de seguimiento" de la información de la eutanasia que salga del Ministerio de Sanidad: "Dime lo que mides y te diré lo qué valoras".
Pero, hasta donde conocemos, "la disparidad entre comunidades en la aplicación de la ley es enorme", como reconoce José Francisco Díaz, coordinador nacional del Grupo de Bioética de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen). "Hay algunas comunidades que han tratado de desarrollar rápidamente toda la infraestructura que requiere la Ley -comisión de garantía y evaluación, registro de objetores, formación a los profesionales sanitarios, etc.- y otras que van mucho más lentas. En el primer caso se ha procurado proporcionar apoyo a los profesionales, facilitándoles el contacto con médicos responsables y con médicos consultores, haciendo así más sencilla la labor de los médicos de atención primaria", apunta el facultativo.
Cataluña y País Vasco son las comunidades que han ofrecido una información más detallada sobre la prestación. Juntas suman 85 eutanasias practicadas, más de la mitad del total, y en sus datos coinciden que la mayor parte de las eutanasias se han realizado en el hogar de la persona que lo solicita: en el caso de País Vasco han sido 17 de 25 y, en el de Cataluña, 33 de 60.
Detrás del dato
Para la valoración cualitativa de este año han dado su visión María Jesús del Yerro Álvarez y Jesús Olivera Pueyo, presidentes de los comités de Garantía y Evaluación de la Eutanasia de Madrid, por un lado, y de Aragón, por otro, con una responsabilidad privilegiada para responder, por ejemplo, a cuáles han sido los problemas/dudas/desconocimientos de los sanitarios que han atendido a estas peticiones de asistencia.
Del Yerro Álvarez contesta a esta cuestión con un largo listado de puntos. Para empezar, "hay dudas sobre el cumplimento y el conocimiento de los diferentes documentos que se solicitan y que deben remitir a la Comisión de Garantía y Evaluación. Tampoco tienen claro si, al declararse objetor, están obligados o no a recoger la solicitud del paciente o cuál es la solicitud para nombrar a un médico responsable. O qué hacer en casos de pacientes incapaces, que son los representantes legales los que realizan la solicitud; cómo solicitar la medicación para ayudar a morir si el médico responsable es de atención primaria; cómo se busca y nombra al médico consultor o la secuencia de actuaciones previstas en la ley".
Desde Aragón, Olivera Pueyo resume: "Las mayores dudas y problemas han surgido al canalizar las solicitudes de las personas que se han acogido a esta prestación. La LORE se puso en marcha, pero faltaba una formación adecuada de los profesionales sanitarios. Muchos profesionales desconocían la Ley. Es necesario continuar con una formación continuada sobre la LORE, y sobre el acompañamiento al final de la vida en general".
Tiempos de respuesta
La LORE establece unos tiempos de respuesta en cada fase del proceso muy claros. Sin embargo, en este primer año, en algunos casos ha habido dificultades para ajustarse a lo marcado.
Del Yerro Álvarez reconoce que "no siempre ha sido posible cumplir los plazos establecidos, demorándose el nombramiento de médico responsable tras la solicitud del paciente, en caso de objeción de conciencia. Otro plazo incumplido frecuentemente es la comunicación a la Comisión de Garantía y Evaluación, que se tarda más de 24h, tras el informe favorable del médico consultor".
Por otra parte, señala la responsable de Madrid, que "no se adjuntan todos los documentos o existen errores/omisiones en su cumplimentación, lo que retrasa la apertura de expediente hasta que no está completa la documentación". Si bien aclara que en el caso de la Comisión de Garantía y Evaluación de Madrid “en todos los casos, se han cumplido los plazos establecidos".
Su homólogo en Aragón, Olivera Pueyo, admite que "inicialmente hubo alguna dificultad más, puesto que no se disponía del dinamismo necesario para el funcionamiento fluido de todos los pasos de la Ley, sobre todo cuando las personas que lo solicitaban padecían enfermedades terminales avanzadas, algunas de ellas fallecieron esperando la aplicación de la prestación".
Recuerda que "la LORE establece entre 35 y 40 días para responder a cada solicitud. El tiempo de respuesta para aceptación o denegación en la Comisión General de Garantías y Evaluación (CGE) es de solamente 7 días naturales. Este periodo es ajustado para que una dupla de un médico y un jurista puedan elaborar un informe. Además, si la dupla no llega a un acuerdo es necesaria una reunión de toda la CGE para tomar una decisión conjunta y todo esto debe realizarse en un tiempo inferior a una semana".

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"No le veo sentido a vivir a toda costa"
Rafael J. Álvarez. Madrid
Hay una voz de paz al teléfono, un tono de sosiego que impresiona al oír cómo dice lo que dice. "Soy tan consciente de que voy a morir pronto que disfruto mucho de cada día”... Ahí, al otro lado del móvil, hay alguien inmóvil pero lúcida, una mujer horizontalmente decidida a dejar de vivir. “Me paso prácticamente todo el día en la cama, he perdido casi toda la movilidad y tengo un dolor constante. La vida es un regalo, pero cuando el sufrimiento gana al disfrute y sé que será así para siempre, llega un momento en que no le encuentro sentido a vivir a toda costa".
Tiene 52 años, padece desde hace 26 una artritis reumatoide degenerativa y crónica que ya le ha causado un 90% de discapacidad, dolores constantes y una pérdida casi absoluta de autonomía. Vive en Galicia y es una de las personas que ha solicitado la eutanasia desde que esta práctica es legal en España, hace un año.
Ella no quiere dar datos que permitan identificarla. Así que, por petición expresa de la protagonista de esta historia, esta mujer cortés, reflexiva y adulta se llamará Sol.
Cuando Sol tenía 25 años, los médicos le dieron un diagnóstico que sonó rápido pero ha ido convirtiendo la vida en algo lento. “A lo largo de mi vida, el dolor ha sido muchas veces insoportable y he pensado en morir, pero he seguido adelante. Hace cinco años dije: ‘No puedo más’. Y, sin embargo, continué, porque pensé que algún día moriría voluntariamente. Entonces la eutanasia aún no era legal y yo quería morir con bienestar, lo más serenamente posible y sin dolor. Pero cuando es ilegal, el bienmorir no es fácil”.
En 2019, Sol intentó quitarse la vida por sus propios medios, pero no lo consiguió. Y cuando, un año después, la ley entró en vigor, quiso apartarse de las estadísticas del suicidio para entrar en las de la eutanasia.
PREGUNTA: ¿Por qué, Sol?
RESPUESTA: Porque mi sufrimiento será para siempre. Si yo me recuperara mañana, viviría a tope, no querría morir. Si tuviera salud, seguiría adelante. Pero cuando sabes que el sufrimiento será para siempre, la muerte la percibes como un alivio. Al menos, yo. Porque yo respeto muchísimo a quien no piense o sienta así.
A finales de junio del año pasado, Sol pidió formalmente a su médico de cabecera la eutanasia. Pero se topó con problemas. "No estaba informado y no se sentía cómodo con este tema. Finalmente, rechazó mi solicitud argumentando que yo no había agotado todas las vías terapéuticas. La asociación Derecho a Morir Dignamente me ayudó a redactar mi recurso y a hacer todas las gestiones porque yo no podía".
Arranca la petición
La Comisión de Evaluación y Garantías de la Eutanasia de Galicia aprobó el recurso de Sol y le asignó otro médico responsable. "Era un médico de otro centro de salud y todo empezó a fluir mejor. Para que no pudiera aducirse otra vez que yo no lo había probado todo, el médico me aconsejó que me sometiera a un tratamiento distinto. Lo acepté y en eso estoy ahora. Llevo unos seis meses y sigo igual, pero no quiero que me vuelvan a dar ese argumento”.
La solicitud de Sol está ahora en pausa, pero no cancelada. “Agotaré este tratamiento y después haré lo que mi cuerpo disponga. Pero no creo que haya diferencia. Más tarde o más temprano, retomaré la solicitud de eutanasia”.
P.: Sol, ¿qué es para usted la vida?
R.: Ufff, vaya pregunta más difícil... La vida es un regalo. Lo pienso cada día. Pero cuando no eres capaz de disfrutarla porque el sufrimiento gana y sabes que será así siempre, llega un momento en que no le encuentras sentido a vivir a toda costa. Ese tipo de vida no tiene sentido para mí.
P.:¿Y qué es para usted la muerte?
R.: La muerte, en este caso la eutanasia, es el descanso del sufrimiento. Es muy complejo, porque depende de cómo lo vive cada persona. Yo no juzgo, porque no sé cómo sufre otra persona. Y por eso respeto a quienes deciden seguir adelante. Y también por eso se debe respetar a quien ya no quiere continuar.
No se atisba en Sol improvisación alguna, no parece su muerte futuramente elegida un arrebato. Y con esta voz horizontal y tenue, transmite un convencimiento para sí misma y quién sabe si un argumento para un país. "Yo agradezco la ley, porque sé que va a ayudar a muchas personas a no malmorir, sino a acabar de una forma tranquila y acompañada. Es terrorífico cuando te tienes que buscar la muerte de manera ilegal. Esta ley no es perfecta, pero es un primer paso, vale la pena solo por la gente que no va a malmorir".
P.: Muchas personas han decidido morir en su casa. ¿Qué hará usted?
R.: Me gustaría morir sola, pero será con personal sanitario en mi casa. Lo que sé es que moriré en paz.

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Atención primaria: los sanitarios de la primera línea
Soledad Valle/Rafael J. Álvarez. Madrid
Los profesionales del primer nivel asistencial son los que más han conocido de estas peticiones y, en algunos casos, no han sabido qué hacer con ellas. En Cataluña, de las 137 peticiones presentadas, 81 partieron de atención primaria.
En los primeros meses de la entrada en vigor de la ley, en noviembre de 2021, una mujer de Zaragoza se suicidó después de estar esperando desde julio a que le asignaran un médico responsable para acompañarla en la tramitación de su solicitud de eutanasia y que en su centro de salud se negaran a recogerle la petición, por escrito, o tramitar la búsqueda de ese profesional. La mujer tenía 83 años y su médica de familia se declarado objetora. El responsable del centro de salud fue destituido de su puesto.
Arranque. En la Comunidad de Madrid, Javier Serrano, un enfermo de ELA de 58 años, tuvo que esperar cuatro meses a que se cumpliera su deseo de morir, ya que la Comisión de Garantía y Evaluación no se formó hasta octubre, cuando él había solicitado la eutanasia en junio. "La primera persona que pudo pedir la eutanasia en Andalucía fue cinco meses después de la primera que pudo morir en España, una señora del País Vasco, que murió en julio. La Comisión de Andalucía no se creó hasta noviembre", asegura Javier Velasco, desde la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD).
Aquí tiene sentido recordar lo apuntado por Javier Olivera Pueyo, médico de Medicina de Familia y presidente en funciones de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Prestación de Ayuda para Morir de Aragón, quien reconoce que “las mayores dudas y problemas han surgido alrededor de cómo canalizar las solicitudes de las personas que se han acogido a esta prestación”.
En este sentido, José Francisco Díaz, coordinador nacional del Grupo de Trabajo de Bioética de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), recuerda que "son las consejerías de salud y de sanidad de las comunidades autónomas las que tienen la obligación de informar y ayudar a los profesionales para que puedan desarrollar con todas las garantías lo que la nueva Ley les exige".
Desconocimiento
Francisco Díaz admite "una cierta inquietud al no conocer en profundidad en muchos casos los términos de la Ley, unido a una excesiva rapidez para que entrase en vigor, tres meses". Por eso, reconoce que los primeros días de entrada en vigor de la ley hubo solicitudes "a las que los médicos aún no sabían muy bien cómo responder”.
Además, añade que el proceso de formación a los médicos de atención primaria "ha tardado en ponerse en marcha al ser un tema complejo, incluyendo la elaboración del Manual de Buenas Prácticas, que el Ministerio público". Así, concluye que "el médico de familia en este año ha tenido una falta de información y de formación inicial, que se ha ido mejorando con el paso de los meses".

Los profesionales del primer nivel asistencial son los que más han conocido sobre las peticiones de eutanasia.
Por eso, Miguel Mateo, subdirector general de Ordenación, Farmacia e Inspección, de la Consejería de Sanidad de Cantabria insiste en la labor de formación e información que están llevando a cabo entre los profesionales para que conozcan la ley. “Esta es una prestación más del sistema nacional de salud y tenemos que conseguir que se normalice, como el resto de prestaciones, pero es nueva y está asociada a un procedimiento administrativo complicado. Intentamos hacerlo lo más entendible posible. Está siendo un año de mucha intensidad. De mucha difusión, estamos dando mucha formación”.
Contar con apoyos
Javier Velasco, presidente de la Asociación DMD, reconoce a Cantabria como una de las comunidades donde se ha creado el "sanitario referente o grupo referente en solicitudes de eutanasia", que facilita la agilidad del proceso, al asesorar a los médicos cuando reciben una solicitud. "Además de Cantabria, esta figura la tienen Canarias, Navarra, País Vasco y Cataluña", asegura Velasco.
Para asistir al profesional que recibe una petición de eutanasia en Cantabria, Mateo explica: "Tenemos muy procedimentados los pasos que tienen que dar los profesionales. Cada vez que un sanitario recibe un caso, hacemos un vídeo con él, le explicamos el procedimiento y estamos guiándole y ayudándole”. En Cantabria también han regulado por ley que sea el paciente quien elija a su médico responsable, una posibilidad que recogía como recomendable el Manual de Buenas Prácticas de la Eutanasia, del Ministerio de Sanidad, y que han convertido en obligatoria.
Formación
Albert Tuca, presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, en la explicación de los datos de la eutanasia también hizo hincapié en que 12.000 profesionales de la sanidad en esta comunidad se habían formado en eutanasia y más de 4.000 de ellos son MIR.
En País Vasco, segunda comunidad autónoma con más eutanasias practicadas (25), la Consejería de Sanidad reconoce que "más de 5.000 profesionales ha recibido formación durante este primer año en relación los procedimientos, los protocolos de actuación y el manual de buenas prácticas en la prestación de ayuda para morir". En Baleares también han dado un número de sanitarios que han recibido formación: 500.
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Objeción de conciencia: Un derecho, pero no un obstáculo
Soledad Valle/Rafael J. Álvarez. Madrid
Junto al derecho a la prestación sanitaria de la eutanasia de los pacientes está el derecho de los sanitarios a la objeción de conciencia. Cataluña tiene registrados 167 sanitarios objetores de conciencia a la práctica de la eutanasia, lo que representa el 0,17% de todos los profesionales de esta comunidad. De ellos, 144 son médicos, 20 enfermeros, uno farmacéutico y dos psicólogos clínicos.
Una cifra mucho más elevada es la de los sanitarios objetores en la Comunidad de Madrid, que, según cifras oficiales, tiene 2.820 inscritos. En Murcia hay 91 objetores, de los que 87 son médicos, 2 farmacéuticos y 1 enfermera; en Castilla y León hay 664; en Cantabria, menos de 200; en Aragón son 1.026, y en el País Vasco, los objetores inscritos representan el 2,5% del personal facultativo de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
Sin registro
En el caso de Castilla-La Mancha no hay un registro de objetores único, desde la Consejería de Sanidad de esta comunidad reconocen estar pendientes de "publicar una norma de creación del registro". Por ahora, lo que hay es que "cada centro sanitario tiene acceso a las declaraciones presentadas en formato papel por los profesionales sanitarios que trabajen en sus centros, con objeto de poder garantizar una adecuada gestión de la prestación de ayuda para morir en su centro", explican fuentes de la Consejería de Sanidad. Un caso de "demora" en el cumplimiento de la norma que, según ha podido saber este diario, solo compartiría con La Rioja, si bien ningún responsable de la Consejería de Sanidad riojana ha confirmado esta situación. El resto de comunidades autónomas sí cuentan con ese registro único de objetores dependiente, en la mayoría de los casos, de la Consejería de Sanidad y no del servicio de salud.
En definitiva, una muestra más de la enorme variabilidad de situaciones entre comunidades autónomas, en la que insiste José Francisco Díaz, de Semergen. Pero, en todo caso, cabe preguntarse ¿en qué medida la objeción de conciencia ha sido un freno para la prestación de esta asistencia? María Jesús del Yerro Álvarez, presidenta de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia de la Comunidad de Madrid, lo tiene claro: “Ha sido el principal obstáculo que ha dificultado el ejercicio del derecho de los pacientes a solicitar la prestación de ayuda para morir”.

Junto al derecho a la prestación sanitaria de la eutanasia de los pacientes está el derecho de los sanitarios a la objeción de conciencia.
Sin embargo, desde Cataluña, Albert Tuca, presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación, y el consejero de Sanidad de la Generalitat, Josep Argimon, no reconocen que la objeción de los profesionales haya supuesto ningún obstáculo a la dar la prestación en los tiempos que marca la ley. Claro que Cataluña tiene unas cifras de objetores muy por debajo de las de Madrid, tanto absolutas como porcentuales; en concreto, tiene 16 veces más objetores que Cataluña.
En País Vasco "el impacto de la objeción de conciencia en la tramitación de las solicitudes de eutanasia ha sido mínimo", reconocen.
Cantabria ofrece una visión intermedia. "La objeción de conciencia de los profesionales no supone un problema para la prestación de esta asistencia. Ahora, no puedo negar que, que un profesional presente su objeción es un reto, porque en el momento en que un paciente presenta una solicitud de eutanasia, en 48 horas hay que iniciar el proceso deliberativo. Tenemos que conseguir otro profesional y eso no es fácil y al principio eso nos ha dado pegas y problemas", admite Miguel Mateo, subdirector general de Ordenación, Farmacia e Inspección de Sanidad de Cantabria.
A qué objetar
Mientras en Aragón han sido más contundentes al aclarar a qué se puede objetar en la petición de una eutanasia. “Se debe acompañar al paciente en todo el proceso, aunque el médico responsable, o mejor dicho el equipo responsable, se declaren objetores. Del mismo modo se debe proporcionar al paciente la conexión con otro equipo responsable que no sea objetor para que pueda llevar a cabo la prestación. En ningún caso se puede abandonar al paciente sin canalizar su solicitud” apunta el presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación de Aragón, Olivera Pueyo.
Sobre los tiempos en los que se da respuesta final a estas solicitudes, Cataluña reconoce haber invertido 47 días de media, frente a los 45 en los que ha resuelto el País Vasco.
Edades
En la edad de los solicitantes de eutanasia también existe una gran heterogeneidad entre las comunidades autónomas que han ofrecido datos al respecto, que han sido Cataluña, País Vasco y Baleares.
Así, en Cataluña, el tramo de más de 71 años es responsable de 75 peticiones (de 137 presentadas), seguido de la franja de 51 a 70 años, con 49 solicitudes.
En País Vasco la edad media de las personas solicitantes de la eutanasia es de 64 años, con 89 años de la persona de mayor edad y 37 de la menor. En Baleares, las edades de los solicitantes están entre los 28, del más joven, y los 93 años.

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Enfermedades neurodegenerativas frente a terminales
Soledad Valle/Rafael J. Álvarez. Madrid
Ha sido una sorpresa para algunos adivinar que, a la luz de los primeros datos en este año de entrada en vigor de la ley, hay una tendencia a que sean las enfermedades degenerativas y no las terminales las que más solicitudes de eutanasia motiven, a falta de tener información más detallada de cada autonomía. En Cataluña así ha pasado. Las patologías más frecuentes han sido las relacionadas con enfermedades neurológicas, como las patologías neurodegenerativas, demencias y esclerosis; por delante de las enfermedades oncológicas.
Baleares también reconoce que en los solicitantes de eutanasia, “la mayoría de personas estaba afectada por una enfermedad de tipo neurodegenerativo”. Y Javier Velasco, presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), ahonda en la misma idea: “No sé si es extrapolable, pero al menos en el perfil de nuestros socios hay un predominio de peticiones en pacientes de enfermedades degenerativas sobre terminales”.
En este sentido, Albert Tuca, presidente de la comisión de Garantía de Cataluña, ha afirmado -cuando hizo públicos estos datos- que la ley de eutanasia no está pensada para dar solución a los "últimos días" de enfermos terminales (para esto ya hay estrategias paliativas), sino para enfermos que sufren situaciones irreversibles, pero que no está previsto que fallezcan en un plazo breve.
Sobre la ley
Desde una perspectiva más global, Javier Júdez, vicepresidente de la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica, médico del Servicio Murciano de Salud e investigador en regulaciones de eutanasia, ha seguido los datos preliminares en España y admite que, de confirmarse la tendencia observada, las enfermedades degenerativas podrían ser prevalentes en esas solicitudes, lo que nos alejaría de los datos de países vecinos como Holanda, donde las enfermedades oncológicas son las predominantes en esta prestación.
¿El motivo? Júdez apunta a la singularidad de la legislación de la eutanasia española, "que no es una eutanasia para un paciente terminal, como ocurre en Holanda, en línea con lo apuntado por el presidente de la Comisión de Garantia y Evaluación de Cataluña.

Hay una tendencia a que sean las enfermedades degenerativas y no las terminales las que más solicitudes de eutanasia motiven.
Cristina Guijarro, neuróloga vocal del Comité de Humanización al Final de la Vida de la Sociedad Española de Neurología (SEN), reconoce "inquietud" entre los neurólogos, y adelanta una posible explicación: "Era de esperar que en este primer año de entrada en vigor de la ley las personas con demencia y enfermedades neurodegenerativas con instrucciones previas y años en esa situación pidieran ayuda para morir, se acogieran a esta posibilidad. Y así fue el primer caso conocido en País Vasco, de una señora con demencia, y también uno de los primeros casos en Madrid, con otra enfermedad neurodegenerativa, pero es de esperar que luego, como ocurre en el resto de países, las enfermedades oncológicas sean las dominantes”.
Enfermedades
Efectivamente, las enfermedades oncológicas suponen la mitad de las eutanasias que se practican en los países donde tienen autorizada esta práctica, según ha recogido la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), en un artículo publicado en la Revista Clínica Española este año.
La SEN ha detallado esta información en su manual básico sobre el final de la vida y la ley de la eutanasia, donde se refleja que, en Países Bajos, el cáncer fue la enfermedad detrás del 64,5% de las solicitudes, seguida de las enfermedades neurológicas (9,0%), en 2019. En Canadá las peticiones de eutanasia por cáncer fueron de 67,2% y las neurológicas 10,4% y en Oregón, el 68% de las eutanasias fue por cáncer y el 13,8% por enfermedades neurológicas.
Los 'noes'
Otra información significativa para el análisis responde a los motivos de los rechazos. La respuesta lógica que nos dan los consultados es que no responden a los supuestos recogidos en la ley, pero al preguntar más allá de esta respuesta correcta, varios de los expertos señalan a las enfermedades psiquiátricas como las que, en este momento, estarían protagonizando las negativas a que se de esa prestación de la eutanasia. Así han apuntado desde Cantabria y en Cataluña también daban información en el mismo sentido. Sin embargo, como aclaró Albert Tuca en su presentación de los datos "a estos pacientes no les abandonamos, le damos la atención que necesitan".
En todo caso, ha sido un año raro y difícil para la puesta en marcha de esta nueva prestación. Como reflexión final, la que ha dejado el médico de atención primaria y coordinador del grupo de bioética en Semergen, José Francisco Díaz: "En este tiempo, vemos que la Ley no ha supuesto esa catástrofe que muchos anunciaban. Creo que se va normalizando y se va asumiendo la situación".
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