Las calles de Madrid vacÃas tras la declaración del primer Estado de Alarma.
Puede que haya sido la resolución más ajustada en la historia reciente del Tribunal Constitucional y, por fin, se ha conocido el sentido de esta decisión.
Un Tribunal muy dividido ha resuelto que, aunque el Real Decreto-Ley 463/2020, que declaró el Estado de Alarma de marzo no es nulo, pues la naturaleza de la catástrofe a resolver, una pandemia por un virus, se ajusta a la declaración de Estado de Alarma, se ha excedido al eliminar el derecho fundamental de movilidad del ciudadano. Para limitarlo con la intensidad que lo hace el Real Decreto se hubiera necesitado declara el Estado de Excepción.
Y ahà ha estado el debate más encarnizado que han librado los magistrados del órgano judicial encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución. ¿DebÃa haberse declarado el Estado de Excepción y no el Estado de Alarma? ¿Durante ese primer Estado de Alarma hubo una limitación del movimiento o se cerceno totalmente ese derecho fundamental del ciudadano?
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Pues bien, de la nota difundida por el Tribunal Constitucional -para conocer la sentencia habrá que esperar, según ha adelantado el propio Tribunal- se deduce que si bien la declaración del Estado de Alarma está ajustada a la naturaleza de la situación que abordar -que es una pandemia provocada por un virus- el Gobierno se excedió en la limitación de un derecho fundamental como es la libertad de movimiento, pues el Estado de Alarma permite limitar derechos fundamentales, pero no eliminarlos.
De este modo, los magistrados del Constitucional mermados en número y pendientes de renovación han admitido parcialmente el recurso presentado por Vox contra el citado Real Decreto-Ley, en el que se sustentaron las medidas del primer Estado de Alarma. Sin anular del Real Decreto-Ley, admiten que el Estado de Alarma y no el de Excepción se ajusta a la naturaleza de la catástrofe contra la que luchar que no era polÃtica, como hubiera exigido el Estado de Excepción, sino de carácter natural. Sin embargo, en esa situación de Estado de Alarma, donde el control del Ejecutivo por el Parlamento se hace a posteriori de la declaración de excepcionalidad, no se permite cercenar derechos fundamentales como ha sucedido en este caso con la libertad de movilidad.
Consecuencias prácticasÂPero ¿cuáles son las consecuencias prácticas de esta decisión del Constitucional? Diario Médico ha trasladado esta pregunta a varios juristas que, con toda la prudencia que supone no conocer la sentencia, han apuntado una respuesta.
Javier Ãlvarez, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Carlos III, responde: "Las consecuencias van a ser todas las que se derivan directamente del dictado del Estado de Alarma. Digo directamente, porque ha habido no pocas sanciones que se vinculan, aunque tengan un origen lejano en la declaración del estado de alarma, a situaciones de agresión u otras similares a agentes de la autoridad. En este último caso la sanción posee, como presupuesto, un tÃtulo autónomo que se desvincula de la declaración misma del Estado de Alarma. En este sentido no serÃan consideradas nulas. Sin embargo, todas aquellas sanciones -y han sido cientos de miles, que en desgraciada interpretación del Ministerio del Interior, se deducÃan directamente de la desobediencia de la norma, de la naturaleza que sea- son nulas".
En este sentido, Ãlvarez aclara que "los efectos, eso sÃ, serán muy diferentes teniendo en cuenta si ha mediado o no sentencia penal, aunque haya sido en conformidad, en lo contencioso, o simplemente en el ámbito gubernativo y se hayan ejecutado o no las sanciones".Â
Federico de Montalvo, en calidad de profesor de Derecho Constitucional en Icade- Universidad Pontificia de Comillas, coincide con Ãlvarez en cuanto a la anulación de esas sanciones. De Montalvo explica que la libertad de circulación que se decretó en el primer estado de alarma afecta "al mÃnimo esencial de la libertad del derecho fundamental". De modo que De Montalvo considera que los magistrados del Constitucional han dictado que "la limitación muy intensa de un derecho se considera suspensión y no limitación". Asà que, aunque el supuesto de hecho, que es la pandemia, se ajusta a la declaración del Estado de Alarma -y no al de Excepción- se han limitado derechos fundamentales, cuando esta situación no lo permite".
Sobre los efectos prácticos de esta decisión del Tribunal Constitucional, De Montalvo razona que las sanciones impuestas en base a ese incumplimiento que el Constitucional ha declarado nulo pues "quedan sin efecto jurÃdico". Sin embargo, el profesor de Icade es prudente pues considera que habrÃa que esperar a conocer la sentencia para saber si los magistrados determinan que tiene carácter retroactivo.Â
Daños derivados de los lÃmites a la movilidadÂSi la sentencia tuviera carácter retroactivo, las consecuencias podrÃan ir más allá de la anulación de las sanciones dictadas al amparo de esa limitación de movilidad, que parecen claras, aunque los efectos de la sentencia no tengan carácter retroactivo. "Hay que pensar en los daños que se habrÃan provocado a personas por no haberles permitidos circular. ¿PodrÃan reclamar una indemnización?", en este sentido, explica el experto, habrÃa que esperar a conocer si el fallo tiene o no ese carácter retroactivo.
Por su parte, Carmen González Carrasco, catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Castilla-La Mancha y responsable de formación del despacho Moreno Boj & Equipo, hace las siguientes consideraciones: "El Tribunal Constitucional, por un estrechÃsimo margen, ha considerado que las medidas previstas en el artÃculo 7 del RD 463/2020 eran prohibitivas y no solamente limitativas [relacionadas con la libertad de movimiento]. Por lo tanto, habrÃan exigido la declaración de un estado de excepción. Esto es, que habrÃan requerido -entre otras garantÃas-, la autorización previa del Congreso".
Sobre las implicaciones de esta decisión, González Carrasco coincide en que "la sentencia implica, sin duda, dejar sin efecto las sanciones impuestas por incumplimiento de las restricciones de movilidad y actividad existentes durante Estado de Alarma". Pero sobre el derecho a reclamar por daños, que apuntaba De Montalvo, la catedrática de Derecho Civil no ve claro que la sentencia "active la responsabilidad patrimonial del Estado Legislador". Da dos motivos: " Por un lado, porque el Congreso vino a “ratificar†la medida tras los únicos once dÃas que estuvieron huérfanos de control parlamentario, y porque las medidas fueron en sà justificadas de acuerdo a la gravedad de la crisis sanitaria, como lo demuestra la inicial unanimidad mostrada por los grupos parlamentarios ante la primera prórroga del estado de alarma, aunque éste careciera del respaldo formal exigido por el artÃculo 55 de la Constitución".Â
Ante este panorama y sin adelantar demasiados acontecimientos, es necesario saber que hay más recursos interpuestos contra los Estados de Alarma decretados por el Gobierno para luchar contra la covid-19. Sin embargo, las restricciones a la movilidad en Estados de Alarma posteriores al primero, del 14 de marzo de 2020, no fueron tan intensos, en opinión de varios de los expertos consultados.Â
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El Constitucional ha admitido parcialmente el recurso de Vox contra el primer Estado de Alarma y deja sin sostén legal las multas impuestas por incumplimiento de las restricciones a la movilidad en ese periodo. coronavirus Off Soledad Valle. Madrid PolÃtica y Normativa PolÃtica y Normativa PolÃtica y Normativa Off
El presidente catalán, Pere Aragonès, participa esta tarde en la segunda reunión extraordinaria sobre covid-19 de esta semana.
Juan Carlos Mampaso, director general de Sigre. (Luis Camacho)
Portada de la 'Memoria de Sostenibilidad 2020' de Sigre.
Homenaje a uno de los enfermeros fallecidos por la covid
Alba Soutelo, presidenta del COF de Pontevedra, con delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Marta Fernández-Tapias, en una farmacia de Vigo el pasado mes de febrero, al comienzo del 'piloto'.
El presidente del COF de Orense, Santiago Leyes, junto al delegado territorial de la Junta de Galicia en Ourense, Gabriel Alén, en una farmacia de la provincia.
Menores a su llegada a Ceuta en la avalancha de ciudadanos marroquÃs que acudieron a la ciudad autónoma de Ceuta el pasado 19 de mayo.

Carlos Buesa, presidente y CEO de Oryzon.
Este viernes se han adjudicado las 16 plazas que aún quedaban libres de AnatomÃa Patológica.
EL médico de familia hace seguimiento del paciente en el seno de su familia.
La hemofilia es la segunda coagulopatÃa congénita más frecuente tras la Enfermedad de von Willebrand.
El sÃndrome de intestino irritable produce diarrea, hinchazón y malestar abdominal. FOTO: CIC BioGUNE.
Primera ECOE piloto en el Grado de EnfermerÃa de la Facultad de Manresa.
El consejero gallego de Sanidad, Julio GarcÃa Comesaña, durante la presentación pública del Plan de Igualdad (FOTO: Sergas).
El forense Francisco EtxeberrÃa ha intervenido en los cursos de verano de la UIMP.
Los largos supervivientes sintieron un" futuro incierto" con la covid-19. FOTO: DM.
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El 'botellón', ahora visto como un elemento de transmisión del SARS-CoV-2, es un exponente de consumo de alcohol de alto riesgo.
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La mayorÃa de los contagios se está produciendo, como viene sucediendo en las últimas semanas, entre los más jóvenes.
Comparecencia de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.
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Padrós preside el COMB y también el Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña.
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Los exudados nasofarÃngeos son los más utilizados en las pruebas del SARS-CoV-2.
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