Homenaje a los sanitarios en la Puerta del Sol (José Luis Pindado)
No solo en el ámbito epidemiológico, ni en el económico, ni tampoco solo en el ámbito legislativo. Las dudas sobre cómo abordar la pandemia de la covid-19 han infectado el ámbito judicial de muchas maneras. Una de las que más debate está generando se refiere a cuál va a ser la vÃa judicial por la que prosperen las distintas reclamaciones que presenten los afectados por la covid-19. Es decir, las personas que consideren que han sufrido un daño que debe ser indemnizado porque se deriva de una actuación negligente en la gestión de la pandemia.
Las dudas sobre cómo abordar la pandemia de la covid-19 han infectado el ámbito judicial de muchas maneras
Bajo esa premisa, el perfil del reclamante puede ser muy variado: familiares de fallecidos en residencias de ancianos, enfermos excluidos de la atención médica y un largo etcétera entre los que están los sanitarios que han sufrido la enfermedad porque trabajaron sin el equipo de protección necesario. En relación a este colectivo, el Tribunal Supremo, en una sentencia del 8 de octubre, en respuesta a un recurso de CESM, ha aclarado varias cuestiones fundamentales para que prosperen las posibles demandas de estos médicos, enfermeros, auxiliares, fisioterapéutas..., que estuvieron atendiendo a los pacientes en unas condiciones ilegales.
Una alfombra roja hacia los tribunalesÂEn primer lugar, el Supremo constata en su sentencia que "los profesionales sanitarios carecieron de los medios de protección necesarios, lo cual supuso un serio riesgo para sus derechos fundamentales que les reconoce el artÃculo 15 en relación con los artÃculos 43.1 y 40.2 de la Constitución Española". Como apunta Carlos Hernández, abogado del Colegio de Médicos de Madrid, este reconocimiento "resulta trascendental", pues allana el camino de futuras reclamaciones. Pero, por si hubiera alguna duda, el Alto Tribunal aclara que "esa insuficiencia [de Epis] no sólo la hemos apreciado ya, sino que ha sido admitida por las partes y, además, no cuesta esfuerzo relacionarla con la elevada incidencia de la pandemia entre los profesionales sanitarios".
La insuficiencia de Epis "no cuesta esfuerzo relacionarla con la elevada incidencia de la pandemia entre los profesionales sanitarios", dice el Supremo
Pero la sentencia del Supremo va más allá y en su último párrafo señala a los posibles responsables: "La incapacidad [de facilitar las Epis a los sanitarios] se ha de predicar del Sistema Nacional de Salud en su conjunto y no sólo de la Administración General del Estado o del Ministerio de Sanidad". Y asà responde a otra pregunta clave de la batalla legal del covid-19: ¿Quién paga los daños: Gobierno o autonomÃas? En las posibles reclamaciones de los sanitarios parece que la factura se la deberán repartir.
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Otra cuestión clave que apunta Carlos Sardinero, abogado experto en Derecho Sanitario, en la lectura del fallo: "El Alto Tribunal excluye la fuerza mayor para justificar la falta de materiales de protección, lo que puede sentar jurisprudencia para otras resoluciones relacionadas con la pandemia". Aunque puede ser pronto para sacar esa conclusión, lo cierto es que los magistrados de la Sala Contenciosa-administrativa del Tribunal Supremo no reconocen la excusa de la "fuerza mayor".
¿Hubo fuerza mayor?El Supremo dice en la resolución: "Es notorio que la pandemia nos ha llevado a unas circunstancias absolutamente excepcionales, desconocidas desde hace muchas décadas y que esa excepcionalidad se ha manifestado a escala mundial y puede haber ocasionado serias dificultades de abastecimiento de medios de protección en los mercados internacionales. Aun asÃ, no hay duda de que las Administraciones correspondientes debÃan proveer de medios de protección a los profesionales sanitarios y, en especial, el Ministerio de Sanidad a partir del 14 de marzo de 2020, ni de que estos profesionales tenÃan derecho a que se les dotara de ellos".
Asociación de Carlos FornesÂEn la jornada sobre las consecuencias jurÃdico sanitarias de la crisis de la covid-19, organizada por la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana, que preside el abogado Carlos Fornes, hubo una mesa dedicada a debatir sobre las reclamaciones de responsabilidad en el ámbito sanitario relacionadas con la pandemia.
Los ponentes, Jaime Noguera Laborda, responsable Legal Sham España; MarÃa Dolores Hernández Rueda, magistrada de la Audiencia Provincial de Valencia, y Alicia Millán Herrandis, presidenta de la Sección Segunda de la Sala Tercera del TSJ de la Comunidad Valenciana coincidieron en señalar lo incierto de la resolución de estas reclamaciones por la importante variabilidad que, a priori, pudieran plantear.
En el encuentro, celebrado el 1 de octubre, es decir, antes del pronunciamiento del Supremo sobre las faltas de EPIs de los sanitarios, Noguer Laborda apuntó: "No se puede hablar de un perjuicio global por la covid-19. Las reclamaciones deberán someterse a una individualización, según el caso concreto".
En este sentido, planteó tres grandes niveles de responsabilidad a los que deberán hacer frente las pólizas de responsabilidad civil (RC) contratadas por los servicios sanitarios de cada comunidad autónoma. Estas son: la RC profesional por malas praxis en la actuación sanitaria; la patronal, por no dotar a los empleados, en este caso a los sanitarios de ese servicio, de los medios de protección y, por último, la responsabilidad de explotación del centro sanitario.
"Creemos que la fuerza mayor puede ser un motivo de defensa frente a reclamaciones de terceros, pero no frente a nuestro cliente", dice Jaime Noguera
El representante de SHAM, que tienen entre sus clientes al Servicio Madrileño de Salud (Sermas), apunta que los daños relacionados con el covid-19 no están dentro de la exclusión. "En el caso concreto de SHAM no hemos procedido a operar la cláusula de exclusión por fuerza mayor. Creemos que la fuerza mayor puede ser un motivo de defensa frente a reclamaciones de terceros, pero no frente a nuestro cliente", aclara.
Avance de la sensibilidad judicialEn relación a las reclamaciones en vÃa penal, la magistrada Hernández Rueda, afirmó: "Salvo en supuestos muy concreto, veo difÃcil que las reclamaciones en la vÃa penal puedan tener un largo recorrido, no porque no se hayan producido muertes, sino porque si el estado cientÃfico no dota de suficientes certezas va a ser difÃcil establecer esa relación causal entre una determinada acción negligente por omisión y un resultado lesivo".
Sobre las responsabilidades en el ámbito patrimonial, la también magistrada Millán Herrandis, comenzó recordando que "en ningún caso las Administraciones públicas son aseguradoras universales". Pero quiso dejar claro que "la declaración del Estado de Alarma no modifica la responsabilidad fijada en las leyes ordinarias, de modo que tanto el Estado como las Administraciones autonómicas van a seguir respondiendo por los daños producidos".
"La declaración del Estado de Alarma no modifica la responsabilidad fijada en las leyes ordinarias", recordó Millán Herrandis
A la pregunta de qué nivel de la Administración tendrÃa mayor responsabilidad por una mala atención durante la pandemia, la magistrada del TSJ respondió con valentÃa: "Me inclinarÃa a pensar que esta responsabilidad corresponderÃa a la consejerÃa de sanidad de cada autonomÃa", dijo.
La respuesta de Millán se produjo una semana antes de que el Supremo se pronunciara diciendo, si no lo mismo, algo parecido. Esto es que, según el criterio judicial hasta ahora conocido, el Gobierno central no aparece como máximo o único responsable ante posibles reclamaciones sanitarias relacionadas con lo sucedido en el ámbito sanitario durante el periodo del Estado de Alarma. De modo que, ante tanta incertidumbre, hay algunas cosas que parece que se van aclarando.
Dos magistradas y un abogado analizan las vÃas de reclamación de los daños por la Covid-19, que el Supremo ha dejado más claras. coronavirus Off Soledad Valle. Madrid PolÃtica y Normativa PolÃtica y Normativa Off
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Aspecto general de una de las manifestaciones convocadas por CESM en 2019 contra la polÃtica sanitaria del Gobierno (FotografÃa: Mauricio Skrycky).
Fefac, Grupo Hefame, Cofares, Fedefarma y Alliance Healthcare reivindican el papel que está desempeñando el sector farmacéutico durante la pandemia.
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Mujer de paseo en bicicleta con mascarilla
Los farmacéuticos consideran que la situación actual hace más necesario que nunca incrementar el porcentaje de población de riesgo vacunada de la gripe .
Concentración de MC ante la consejerÃa.
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Llegada de los primeros cadáveres a la morgue instalada en el Palacio de Hielo, trasladados por la UME. (Foto: Alberto Di Lolli. Fecha: 23/3/2020)
Francisco Javier Ãlvarez, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III.
El uso de la mascarilla parece reducir la carga y el inóculo viral. (COF Barcelona)
Parte de los integrantes del Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Central de Asturias
Ana Lozano, jefa del Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Central de Asturias.
Carlos Mulet, senador de CompromÃs.
Comisión de Sanidad en el Senado, presidida por Modesto Pose.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón. (EFE/Chema Moya)
Borja Ibáñez, cardiólogo del Hospital Jiménez DÃaz, de Madrid, jefe del Departamento de Investigación ClÃnica del CNIC y jefe de grupo en el CiberCV.
El alcalde de Madrid, José Luis MartÃnez-Almeida; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel DÃaz Ayuso, y el consejero de Sanidad de la Comunidad, Enrique Ruiz Escudero comparecen en la Real Casa de Correos. (EFE/Javier Lopez)
El Rey Felipe VI entrega el galardón a Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de COF.
Elena MartÃn y Antonio Torres, los dos candidatos a presidir la Asociación Española de Cirujanos (AEC) a partir de 2022.
Consejo Ejecutivo de la Generalitat.
El trabajo de los laboratorios se ha centrado en la elaboración de PCR (Foto: José Luis Pindado).
Un hombre andando por la calle durante el confinamiento.
Apostolos Tzitzikostas, presidente del Comité Europeo de las Regiones (CdR).
Regiones de la UE con más impacto económico por covid. / Barómetro de CoR.
Concentración organizada por EnfermerÃa de Madrid Unida a las puertas de la presidencia de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol. Los enfermeros se han organizado para estar a dos metros de distancia para actuar con responsabilidad. FOTO: José Luis Pindado.
Miriam GarcÃa San José e Isabel GarcÃa, enfermeras y portavoces de EnfermerÃa de Madrid Unida, fueron las encargadas de leer el manifiesto de este movimiento asindical. FOTO: José Luis Pindado.
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Toma de muestra a una paciente apara un test rápido de antÃgenos.
Pacientes haciendo cola frente al centro de salud Legazpi, en Madrid (José Luis Pindado)
En los últimos 20 años, las compañÃas integradas en PhRMA han invertido cerca de un billón de dólares en la búsqueda de nuevos tratamientos.
La cifra total de inversión en I+D lleva ya 8 años consecutivos de crecimiento, según PhRMA.
Asamblea Mundial de la Salud de la OMS, reunida en Ginebra (Suiza).
David Navarro, responsable de la OMS del coronavirus en Europa.
Varias personas llegan a su puesto de trabajo en un edificio de oficinas de Madrid (FotografÃa: Javi MartÃnez).
La Medicina del Trabajo ha de conjugar los aspectos sanitarios con la normativa vigente en prevención de riesgos laborales, en este caso en constante adaptación a la realidad epidemiológica y con protocolos sucesivos de actuación aplicables a profesionales sanitarios, trabajadores y gestores de las empresas.
El movimiento "EnfermerÃa de Madrid Unida" convoca concentraciones todos los lunes (EnfermerÃa Unida Madrid)
Receta con visado
Sánchez y DÃaz Ayuso en rueda de prensa conjunta.