
El periodo para presentar las observaciones, en la fase de consulta pública previa, al anteproyecto de ley de Gestión Pública concluyó el pasado 28 de mayo y el Instituto para el Desarrollo e Integridad de la Sanidad (IDIS), la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), y la Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada de la Comunidad de Madrid (Achpm) han convertido sus reconocidas discrepancias con el anuncio del anteproyecto en argumentos fundamentados y sólidos, recogidos en sus textos de alegaciones a la iniciativa.
En esta fase previa de consulta, sin un articulado legal, las organizaciones han coincidido en señalar dudas más que razonables sobre las competencias del legislador estatal en esta materia, así como la situación de inseguridad jurídica que crea una norma que -hasta lo que sabemos- irá en contra de contratos firmados con vocación de permanencia y estabilidad entre la sanidad pública y privada.
Pero, más allá de estas cuestiones sobre el marco normativo -y a la espera de conocer, ya con un texto articulado, cómo el legislador estatal va a poder encajar la materia dentro de sus competencias-, los representantes de la sanidad privada han defendido en sus alegaciones el modelo de colaboración público-privada.
En la apertura a consulta pública del anteproyecto de ley, la fundación IDIS, constituida por las principales empresas sanitarias y asociaciones privadas de España, criticó la intención de limitar la colaboración público-privada en Sanidad "por cuestiones ideológicas", aunque admitió la necesidad de "renovar" el marco de relación entre el sector público y el privado.
¿Qué es dar prioridad a la gestión pública?Pues bien, en las casi 20 páginas de sus alegaciones al anteproyecto, parten de cuestionar qué está detrás del mantra expresado en el anteproyecto de ley, de "dar prioridad a la gestión pública". Si eso significa que "en caso de que haya dispositivos públicos suficientes y cualificados, no recurrir a la colaboración público/privada", la patronal señala que "podrían estar de acuerdo con esa afirmación, siempre que se dé el requisito de la capacidad de los recursos público y el funcionamiento eficiente de estos". Pero aseguran que "no están de acuerdo" si con el citado término se pretende "dar prioridad a la gestión pública administrativa frente a otras formas de gestión pública (Fundaciones, Empresas públicas o concesiones). [...] ya que hay suficiente evidencia de que ciertas formas de gestión pública son más efectivas que la gestión pública directa", dicen
Y añaden que "la clave es entender que servicios públicos no significa gestión necesariamente pública".
En definitiva, en su escrito apuntan una serie de imprecisiones en la definición de conceptos que, a futuro y según vaya desarrollándose la norma, van a ser determinantes para conocer su alcance y dónde quedará la sanidad privada.
De forma más concreta, la fundación IDIS reproduce y responde a los cuatro objetivos de la norma, que recoge el documento del Ministerio de Sanidad. Con algunos está de acuerdo, con otros no y ofrece alternativas.
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Sobre la limitación de la gestión de los servicios sanitarios públicos por parte de entes privados con ánimo de lucro. La fundación IDIS expresa "su desacuerdo, básicamente porque contribuiría a un empeoramiento de la asistencia y a un aumento de los costes".
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En relación a las mejoras en los procedimientos de transparencia, auditoría y rendición de cuentas en los modelos de gestión privada ya existentes en la actualidad, la fundación está "totalmente de acuerdo" y "muestra su voluntad de colaborar con las administraciones públicas en la fijación y cumplimiento de estos criterios".
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Respecto a la facilitación de la reversión de los fenómenos de gestión por entes privados de servicios sanitarios existentes, reconocen estar sorprendidos por esta afirmación, pues, dicen que "la duración de las concesiones, así como la posible extensión de la concesión o no, figuran perfectamente en el contrato de concesión, diseñado por la Administración". Recuerda que ya ha habido casos de estas reversiones, pero señalan lo importante de garantizar "una seguridad jurídica" en este campo, que consiste en que "los gobiernos asuman los compromisos contractuales asumidos por gobiernos anteriores".
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Y, en el último punto, admiten estar "totalmente de acuerdo" en el establecimiento de prácticas de gestión pública, que hagan capaz de alinear la gestión del sistema sanitario público con los objetivos de salud de la sociedad española, como apunta el Ministerio de Sanidad. Si bien, apostillan que "echan en falta propuestas de mejora generales sobre el grueso de la gestión sanitaria pública, más allá de la preocupación por la colaboración público/privada".

































Presentaciones del medicamento para obesidad 'Wegovy'. Foto: NOVO NORDISK
























Grupo del HM CINAC. Foto: HM CINAC



José Manuel Cameselle, Susana Bravo, Mari Suárez Fariña, Miguel Chenlo, Sihara Pérez Romero, Clara Álvarez y Narciso Blanco, profesionales que han realizado la investigación. Foto: CIMUS.





























Federico Martinón, jefe de grupo del CiberES en el CHUS, en las jornadas.









