Hace tan sólo unos dÃas que se publicó un Informe del Defensor del Pueblo que alertaba de exceso de uso de sujeciones mecánicas en los centros de menores infractores y de irregularidades en su aplicación, como falta de videovigilancia o camas articuladas. El mismo informe se congratulaba sin embargo de la instrucción 3/2018 que publicó el pasado año Instituciones Penitenciarias en referencia a las cárceles y en el que se detallaba el protocolo para aplicar sujeciones mecánicas a los presos por motivos regimentales, esto es, por problemas de alteración del orden, no por cuestiones sanitarias.
“Valoramos muy positivamente esta instrucción […] En general, la SecretarÃa General de Instituciones Penitenciarias ha aceptado a través de esta instrucción la práctica totalidad de las recomendacionesâ€, que en su dÃa le hizo el propio Defensor del Pueblo en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, decÃa el informe.
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Unidad de Asistencia penitenciaria en el Hospital de Alcorcón.
Pese a ese aplauso del Defensor del Pueblo, los médicos de instituciones penitenciarias creen que la instrucción carga sobre las espaldas de los sanitarios una responsabilidad que no es en ningún caso del médico.
“Esta instrucción nos plantea un grave problema ético. Las sujeciones regimentales las ordenan las fuerzas de seguridad, no se dan por un problema clÃnico, pero se nos exige como médicos estar presentes y autorizarlas con un informeâ€, explica Carmen Hoyos, coordinadora de Sanidad Penitenciaria en la VocalÃa de Administraciones Públicas de la OMC.
Según la instrucción, en concreto, hay dos tipos de sujeciones: las sanitarias (que se rigen por el propio protocolo de actuación sanitaria y sobre las que no se ha planteado problema) y las regimentales, como medio coercitivo contra un preso para impedir su fuga, violencia contra otros internos o personal o como medio represivo por no acatar las órdenes del personal penitenciario. Y en estas últimas, las regimentales, aunque la decisión de su aplicación corresponde al director del centro penitenciario, la instrucción exige la presencia de un médico y un informe médico de valoración por escrito que determine si hay impedimento clÃnico o no para aplicar la sujeción al preso, asà como la supervisión del médico sobre el modo en el que se hace la sujeción, tal y como denuncia Hoyos.
Más de 4.700 sujeciones regimentalesLa cuestión no es baladà si se tiene en cuenta que el pasado año en las cárceles españolas se produjeron 90 sujeciones con esposas y 302 con correas por motivos estrictamente sanitarios, pero hasta 3.354 sujeciones con esposas y 1.373 con correas por motivos meramente regimentales, lo que da idea del cotidiano dilema ético al que se enfrentan los médicos de penitenciarÃas en esta cuestión.
Esta situación ha obligado a la Comisión Deontológica de la Organización Médica Colegial (OMC) a pronunciarse sobre la participación del médico en esta clase de sujeciones no clÃnicas, en las regimentales, con un informe en el que claramente explica que, “si no hay una indicación médica, la contención mecánica no es un acto médico y por tanto el médico jamás debe participar, secundar o admitir su aplicación, cualesquiera que sean los argumentos invocados para elloâ€.

Carmen Hoyos, coordinadora de Sanidad Penitenciaria vocal de Administraciones Públicas de la OMC.
La posición de la Comisión Deontológica de la OMC detalla que “el médico no debe emitir informes o certificados de que la persona presa o detenida se encuentra en condiciones de recibir cualquier forma de tratamiento o castigo que influya desfavorablemente en su salud fÃsica o psÃquicaâ€, ni participar en procedimientos represivos que conlleven un perjuicio para la protección de la salud fÃsica o psÃquicaâ€.
Fuentes de Instituciones Penitenciarias explican ante esta polémica que la instrucción tan sólo ha recogido las recomendaciones que en su momento realizó el Defensor del Pueblo, en las que se advertÃa de que este tipo de sujeciones requerÃan un control médico precisamente para garantizar que no estaba produciéndose un perjuicio a la salud de los presos.
Desigual usoA este problema deontológico que plantean los médicos de penitenciarÃas se suma en el informe del Defensor del Pueblo un desequilibrio importante en la frecuencia con la que se acude a las sujeciones. En concreto, el informe detalla que en los centros catalanes se usan con el triple de frecuencia las sujeciones con correas por motivos disciplinares que en el resto de España. En concreto, en los centros catalanes el 5,6% de los presos fue sometido a sujeciones reglamentarias con correas frente al 1,78% de presos que sufrió este trato en el resto de España.
Diezmados a la espera de las transferenciasEl informe del Defensor del Pueblo sobre la situación de las cárceles volvió a denunciar la falta de médicos en los centros penitenciarios, un problema que se recrudece año a año y para el que los médicos sólo ven una solución: “Las transferencias de la sanidad penitenciaria a las autonomÃas para su total integraciónâ€, explica Carmen Hoyos, coordinadora de Sanidad Penitenciaria en la VocalÃa de AdministracionesPúblicas de la Organización Médica Colegial.
Y es que las cifras hablan por sà solas. “Falta aproximadamente el 50 por ciento de la plantilla de médicos prevista y necesaria para poder atender los centros penitenciarios y en muy poco tiempo faltarán más.El 90% de los médicos de penitenciarias tienen más de 50 años y de esos un 35% está ya para jubilarseâ€, detalla Pedro MartÃnez, vocal penitenciaria del sindicato médico CESM.
La escasez de plantilla es tal que prácticamente se está haciendo sólo medicina de urgencias, “en lugar de un seguimiento y una atención como la que requiere y a la que tiene derecho esta población, que está privada de libertad pero no de derecho a sanidadâ€, dice Hoyos.
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CESM alerta de la situación de “colapso” que vive la sanidad penitenciaria.
La situación no tiene visos de cambiar porque la presión laboral por la falta de plantilla “y la enorme diferencia de salarios respecto a cualquier médico de atención primaria que cobra 1.300 euros más que uno de penitenciarias hace imposible que nadie quiera este trabajoâ€, critica el responsable de CESM.
No en vano, según Hoyos el pasado año “de 15 plazas de interinos que se convocaron de médicos para instituciones penitenciarias sólo se presentaron 2 personas. Debe ser el único sector de la Administración Pública en el que esto sucedeâ€, se lamenta Hoyos. Y este año las cifras no van a mejor: de 35 plazas convocadas sólo figuraban 7 personas en la lista de admitidos, y al curso [que deben hacer los funcionarios tras aprobar la oposición] sólo acudieron finalmente cuatro personas, explica MartÃnez que, como Hoyos, ve en los incentivos económicos pero, sobre todo, en las transferencias a las autonomÃas la única tabla de salvación para la sanidad penitenciaria.
Desde el Ministerio del Interior se ha informado de que se han retomado las conversaciones con las autonomÃas para estas transferencias que, por el momento y pese a lo que exige la ley desde hace 16 años, sólo se han culminado en el caso de Cataluña (que tiene plenas competencias) y PaÃs Vasco (que ha recibido las de sanidad penitenciaria).
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