Centrar principalmente el análisis de las necesidades de profesionales de un equipo de atención primaria (EAP) en el número de pacientes asignados puede ser fuente de errores y simplificaciones graves que ponen en peligro su funcionalidad. Es evidente que a medida que aumenta el número de pacientes asignados (cupo) se incrementa la demanda asistencial, traducida en la cantidad de consultas personales diarias que debe atender el profesional, pero este incremento no es igual ni constante para el mismo número de pacientes en diferentes contextos demográficos, socioeconómicos, culturales o epidemiológicos. Por ello, habitualmente, este criterio, de entrada, tiene que ser corregido de acuerdo con todos esos aspectos.
La afirmación anterior puede apoyar la incoherencia y falsedad de usar cifras concretas de pacientes asignados para fijar con carácter general los profesionales necesarios. Además, la carga de trabajo relacionada directamente con el cupo se suele valorar -exclusiva o principalmente- a partir del número de visitas que hace cada profesional en el centro de salud, obviando el resto de las actividades que deben hacerse en una atención primaria y comunitaria conceptual y competencialmente completa, y que abarque todas sus actividades y responda a criterios de calidad y efectividad.
Esta línea de pensamiento planificador de las necesidades de profesionales es obviamente simplista y mutiladora respecto a las funciones y tareas propias de la primaria, y parece indicar que prácticamente la única actividad que hacen los profesionales es la visita en consulta.
Planificar las necesidades pensando sólo en el cupo es simplista y mutilador respecto de todas las funciones de primaria
Si nos atenemos al número máximo de pacientes asignados a cada profesional (1.200 ó 1.300 en una situación calificada por muchos como óptima) y admitiendo, como se hace habitualmente, que generarán una cantidad máxima de 28 ó 30 visitas diarias en consulta, y que cada visita (según estándares habituales en países desarrollados) ha de durar una media de 10 ó 15 minutos (con un intervalo de entre 2 y 30 minutos) para que sea de calidad, segura y efectiva, resultaría que su atención ininterrumpida (situación irreal, ya que las interrupciones y periodos entre consultas son inevitables) ocuparía más de 5 horas -en el caso de los 10 minutos- y alrededor de 7,5 horas en el de los 15. Hechos estos cálculos básicos, deduzcan de las horas de la jornada habitual de un profesional de un EAP las que ocupa la consulta y verán que, en el primer caso, restan menos de 2 horas para otras actividades y en el segundo ninguna.
Si políticos y gestores creen que AP debe limitarse a las visitas en consulta, es obvio que la reforma no habría sido necesaria
Si la visión de la atención primaria y comunitaria que tienen nuestros políticos y gestores sanitarios (y un cierto número de profesionales) es que limite sus funciones y actividades a las visitas en consulta, es obvio que no habría sido pertinente ni necesaria la puesta en marcha del proceso de reforma de la atención primaria; bastaba con contratar a más médicos generales para disminuir las cartillas familiares asignadas a cada uno de ellos y conseguir incrementar la duración de unas visitas en consulta que, antes de la reforma del primer nivel, ocupaban de media menos de 3 minutos, y se desarrollaban en un periodo de actividad de entre 2 y 2,5 horas.
Retroceso
Estos planteamientos reduccionistas de la atención primaria y comunitaria son el mayor peligro al que se enfrentan aquellos que defienden el papel nuclear de esta parte del sistema sanitario y de sus profesionales.
Para combatirlo, es imprescindible poner en valor y definir las cargas de trabajo que generan todas las actividades propias de la atención primaria y comunitaria, desde las visitas en las consultas de los centros y las domiciliarias, hasta las de interacción con la comunidad, pasando por las organizativas internas y las de docencia, formación continuada e investigación.
Rehuir u obviar este problema nos lleva indefectiblemente a los tiempos anteriores a la reforma iniciada en los años 80 del siglo XX y, con ello, al deterioro irreversible del protagonismo científico-técnico y profesional de la atención primaria y comunitaria, y al afianzamiento del hospitalocentrismo y el enfoque exclusivo del sistema sanitario hacia la atención de la enfermedad.
En suma, el criterio poblacional como único o principal no puede seguir siendo el protagonista de la planificación de los recursos humanos de esta parte del sistema.
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