
Federico de Montalvo, expresidente del Comité de Bioética de España y catedrático de Constitucional, es bastante escéptico con la medida aprobada en el Consejo de Ministro de este martes, 14 de octubre, de iniciar el trámite legislativo necesario para "blindar el derecho al aborto con la reforma del artículo 43 de la Constitución Española".
Según el jurista, el derecho al aborto está incluido como "un derecho de configuración legal" por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Un paso más allá exigiría reformar el artículo 15 de la Constitución, sin embargo, Montalvo entiende que no lo vayan a plantear porque "exige un referéndum tras la aprobación parlamentaria".
En todo caso, asegura "no entender" lo que quiere hacer el Gobierno con la reforma del artículo 43, más allá de evitar ese referéndum, pues "reformando el artículo 43, no se blinda nada, porque lo que se consagra es un derecho social de configuración legal".
En el Consejo de Ministros de este martes se ha optado por introducir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el capítulo tercero de la Constitución, que aborda los principios rectores de la política social y económica.
Esto significa que el derecho al aborto no se concibe como un derecho fundamental y, por tanto, la reforma constitucional para reconocerlo será ordinaria y no agravada.
¿Qué pasos son necesarios para una reforma ordinaria de la Constitución?Primero, que el Gobierno apruebe un proyecto de ley o bien que el Senado o el Congreso impulsen una proposición de ley. En este caso, es el Ejecutivo el que da ese paso en Consejo de Ministros.
Sanidad presiona a Madrid, Baleares y Aragón para que creen el registro de objetores, OMC: la objeción de conciencia, un derecho constitucional y deontológico del médico, El protocolo de registro de objetores al aborto "a la carta" deja sin excusas a las CCAA Una vez en la Cámara Baja, su aprobación exigirá el apoyo de tres quintos, esto es, el apoyo de al menos 210 diputados. Con la aritmética parlamentari El expresidente del Comité de Bioética de España asegura que lo que se haría es consagrar un derecho social de configuración legal, no un derecho fundamental. Off S. Valle/EFE Off