La regulación viene de la Unión Europea, se plasmó en una normativa nacional y se ha concretado hace casi cinco meses en una instrucción aprobada por el Consejo de Seguridad Nuclear y que obliga a medir el gas radón en los interiores de locales de municipios situados en las zonas con mayor concentración de radón.
Hay solidez científica suficiente para asegurar la relación entre el desarrollo del cáncer de pulmón y la exposición prolongada al gas radón en interiores, un gas que surge de manera natural del terreno. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo identifica como la segunda causa principal de cáncer de pulmón, solo por detrás del tabaco, y estima que está detrás del 14% de los casos en todo el mundo.
La sensibilización sobre este riesgo ha aumentado y se han dado pasos desde las autoridades, obligando a las empresas que tengan sus locales en bajos y bajos rasantes de los más de 1.600 municipios de España con altas concentraciones del gas a medirlas y tomar medidas para que estas no superen los 300 Bq/m3 (promedio anual) .
La obligación para las compañías privadas de realizar estas mediciones arranca al próximo octubre. Sin embargo, hay colectivos de trabajadores que han mostrado especial sensibilización con este tema y cuentan con acuerdos en materia de prevención de riesgos que ya contemplan estas medidas, antes de la publicación de la citada instrucción.
mapa radón
Así ocurre con el convenio en materia de riesgos laborales en la Guardia Civil, firmado entre el Ministerio de Interior y el Organismo Autónomo Estatal de Inspección y de Trabajo y Seguridad Social. Por ese motivo, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha pedido a los máximos responsables "que cumplan la normativa en relación al gas radón, debido a sus efectos sobre la salud, con las mediciones necesarias en las dependencias existentes en la provincia de Badajoz".
La AUGC ha expresado en una nota que el gas radón es "un peligro significativo para la salud, principalmente por su potencial para causar cáncer de pulmón". Además, recuerda que presentan una denuncia a nivel nacional enmarcada en la resolución de 17 de mayo de 2021 por la que se publicó el convenio en materia de prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil.
Todo ello en el marco de la directiva comunitaria que obliga a los países miembros a establecer normas de seguridad básica para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes.
La entidad ha incidido en que entre estas "infracciones" en cuanto a riesgos laborales se encuentran no realizar las mediciones a las que obliga la ley o no informar a los trabajadores de las zonas afectadas del riesgo al que están expuestos.