Ernest Lluch puso los cimientos del Estado de Bienestar en España con su Ley General de Sanidad, que alumbró conceptos inéditos hasta ese momento como asistencia universal o equidad en la atención. Le costó sacarla adelante, pero lo consiguió apoyándose en muy buenas intenciones, mejor criterio y, sobre todo, la certeza de que el Factor X -las personas- eran la clave que podía mandar todo a freír monas. Lluch, que no era muy amigo de la lírica, se había asomado al alma de los hombres y se había dado cuenta de que no hay sistema inmune a la estupidez, pero construyó uno tan bueno que ha aguantado 40 años y que nos permite, hoy, hablar de nuestro Sistema Nacional de Salud.
Sin embargo, no tuvimos que esperar 40 años para ver las primeras desviaciones en la obra; en el 91, con Julián García Vargas en el ministerio de Sanidad, ya se advertían las primeras grietas: el paso de burra a prueba de idiotas podía crujir el neonato Estado del Bienestar.
Por eso impulsó la Comisión Abril (por su presidente Fernando Abril Martorell) y su informe y le puso como objetivo evaluar el modelo y hacer recomendaciones para que la planificación futura de la reforma fuera sólida y se asentase siempre sobre la equidad y solidaridad que constituyen la médula del sistema. García Vargas y Abril Martorell tampoco eran amigos de la lírica y, como Lluch, tenían un bagaje técnico y un conocimiento de la Administración al alcance de pocos.
Algunas de sus conclusiones tienen una sorprendente vigencia hoy: nuestro SNS ni mide ni compara, pero cuando lo hace, mide actividad y no resultado; la rigidez del sistema impide la toma de decisiones; en un sistema de SALUD no hay nadie buscando que la gente se mantenga sana; la asimetría en la información con el ciudadano se parece mucho a un modelo absolutista (yo proveo, tú no opinas), y, por último, la ausencia de sistema de información clínica y de gestión hacen que planificar la mejora sea imposible (y eso que en la época no había digitalización).
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